Carta abierta a los precandidatos presidenciales

Sr.(a)

Precandidato(a) Presidencial

Presente.

Estimado señor (a):

La campaña presidencial y los correspondientes trabajos preparatorios, incluidas algunas propuestas programáticas, están ya esbozadas desde hace meses.

El “Comité de Defensa y Recuperación del Cobre” y la “ONG Chile-Cobre”, ven con preocupación que uno de los aspectos esenciales de las propuestas sobre el Chile de hoy y del futuro está ausente. En efecto, nada se dice sobre política minera, en particular sobre el cobre, y menos aún hay pronunciamientos sobre una eventual nacionalización de la actual gran minería del cobre.

El cobre es, lejos, la principal riqueza de Chile, el que proporciona la mayor parte de los recursos de las exportaciones y es el que puede proporcionar, por lo tanto, lo necesario para satisfacer las demandas sociales de nuestro pueblo. Para esto, hay una condición indispensable: que toda la gran minería esté nacionalizada.

Hasta 1989 el cobre aportaba el 25% del Presupuesto Nacional, porque el Estado era el que producía el 90% de la producción nacional de cobre, que en ese tiempo era de 1,6 millones de toneladas. En la actualidad, con la llegada masiva de inversión extranjera en la minería, se produce 3,5 veces más cobre que en 1989, alrededor de 5,6 millones de toneladas, de los cuales el 70% es producido por mineras privadas extranjeras. Sin embargo, el aporte del cobre al Presupuesto Nacional es inferior al 2% el año 2016. Es evidente que la minería extranjera ha provocado un colosal deterioro de los aportes que el cobre entregaba al erario nacional.

Traemos a colación esta comparación, porque queremos hacerle presente Sr. precandidato presidencial, que hoy más que nunca, es necesario nacionalizar, el conjunto de la gran minería privada, porque solo así el cobre volverá a ser el sueldo de Chile.

La Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, efectuada por el Presidente Allende en 1971, contó con el apoyo de la totalidad del Congreso Nacional. Por sobre las legítimas diferencias políticas e ideológicas de los diferentes partidos políticos, el Congreso Pleno por unanimidad aprobó la nacionalización, porque primó el interés nacional y el sentido de Patria, por sobre las divergencias políticas.

El interés nacional y el sentido de Patria, se volvió a manifestar en 1975, cuando los Chicago Boys presentaron a la Junta Militar un proyecto para privatizar las empresas nacionalizadas. En una primera sesión para tratar este proyecto, el 15 de julio de 1975, casi todos los civiles que asistieron a esta sesión, tanto ministros como funcionarios de alto rango de la institucionalidad del sector minero, se pronunciaron abiertamente por la privatización, hasta que hizo uso de la palabra el Almirante Merino. Lo siguiente es parte de lo que dijo:

La imagen que está latente en Chile, desde cuando fue aprobada por el Congreso Pleno la nacionalización de la gran minería del cobre. Y que el cobre es el sueldo de Chile es una realidad que no podemos desconocer. Sin embargo, aquí, por una simple ley, nosotros estaríamos derogando lo que las Cámaras aprobaron y que el país vivió como un verdadero triunfo. A mi juicio, políticamente eso es malo… Nosotros mantenemos la situación actual. Y si en el futuro es necesario, para aumentar la producción, etc., aportar capital que el Estado no tiene y es necesario privatizar o vender a terceros, se hace, pero no lo hacemos nosotros.”

Todo quedó muy claro: no habría vuelta atrás en la nacionalización mientras los militares detentaran el poder. Ello fue posible no solo por el nacionalismo que caracteriza a los militares, sino también porque la cúpula militar entendió que era tan colosal la riqueza que Chile tenía en el cobre, que mantenerla en manos del Estado era fundamental para resguardar los ingresos del Estado y la soberanía nacional. Todo ello por cierto no borra, que en ese mismo momento se violaban los derechos humanos y que ya había comenzado la privatización de innumerables empresas del Estado.

La nacionalización de la gran minería, se defendió y preservó no solo en 1975, sino también posteriormente en la redacción de la Constitución de 1980, puesto que en su disposición tercera transitoria, dejó vigente la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925, que es precisamente la reforma constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre y que dispone: “nacionalízance y declaránse, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre… El Estado tomará posesión material de estos bienes en la oportunidad que determine el Presidente de la República”.

Ello quiere decir que la actual Constitución establece en forma genérica, que todas las empresas de la Gran Minería del Cobre se encuentran incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación. Esto es refrendado por el Mensaje presidencial de la Reforma Constitucional de la Nacionalización de la Gran Minería, que decía: “En consecuencia, una vez que la reforma entre en vigencia, quedará ipso jure nacionalizada esta riqueza minera básica del país y se podrá tomar posesión material inmediata de los establecimientos respectivos”.

En virtud de esta reforma constitucional, el Presidente Allende tomó posesión material de las empresas de la gran mionería por simple decreto supremo.

De todo lo anterior queda en evidencia que:

1) La reforma constitucional que nacionalizó la gran minería del cobre, la disposición 17ª transitoria de la Constitución de 1925, está vigente en la actualidad en virtud de la disposición tercera transitoria de la Constitución de 1980,

2) Esta reforma constitucional incorporó al pleno y exclusivo dominio de la nación absolutamente toda la gran minería del cobre,

3) Es el Presidente de la República, quien tiene la potestad de tomar posesión material de cualquiera empresa de la gran minería del cobre por un simple decreto supremo.

En consecuencia, en virtud de la disposición tercera transitoria de la actual Constitución, el Presidente de la República tiene la potestad de nacionalizar, más bien dicho de tomar posesión material de dichas empresas, por un simple decreto supremo. Jurídicamente nada lo impide, solo depende de la voluntad política del Presidente de la República.

El objetivo de esta carta, Sr./Sra.                   , es verificar –e informarlo a la opinión pública nacional- si usted tiene la voluntad política de realizar la nacionalización de las actuales empresas de la gran minería del cobre si usted llegase a la Presidencia de la República.

Las cifras son abrumadoras y estremecedoras. Lo que el Estado chileno ha cedido graciosamente a las empresas extranjeras que se llevan nuestro cobre (y los importantes minerales que forman parte del concentrado que se exporta), sin pagar impuestos, sin fundir ni refinar ni manufacturar en nuestro territorio, habría permitido satisfacer con creces la totalidad de las demandas sociales y culturales de toda la población chilena, de sus trabajadores, sus jóvenes, sus adultos mayores, sus pueblos originarios, en todo orden de cosas. Todas las cifras muestran que la inversión extranjera en nuestra minería no se justificó en el pasado y hoy menos que nunca.

Con las colosales reservas mineras que posee Chile, con la calidad de sus obreros e ingenieros, con la experiencia acumulada por CODELCO, nuestro país cuenta con capitales y sobrada capacidad para realizar todas las inversiones que sean necesarias y administrar eficazmente esta riqueza nuestra, que es esencial al funcionamiento de la economía mundial.

La política hacia el cobre es la prueba de la blancura de cualquier programa de gobierno. Este es el verdadero cambio y el fundamento del financiamiento de todas las políticas que aseguren progreso social y avance hacia el desarrollo del país.

Quedamos a la espera de recibir en un breve plazo, una respuesta de su parte.

Cordialmente

Jorge Lavandero Illanes                                                 Julián Alcayaga Olivares

Presidente                                                                         Presidente

Comité de Defensa y Recuperación del Cobre                     O.N.G. Chile-Cobre

Santiago, 31 de marzo de 2017