Caso Matute: Denuncian «amenazas de muerte» de alto oficial de Carabineros

El mayor (r) de Carabineros Andrés Ovalle se refirió a la muerte del empresario Bruno Betanzo, quien regentara la discoteque La Cucaracha donde se perdió el rastro del universitario Jorge Matute Johns a fines de 1999.

Invitado al programa La Mañana de Chilevisión para analizar los antecedentes que apuntarían a la eventual participación ilícita del médico-arquitecto, el exfuncionario afirmó que éste «siempre contó con un grado de protección, ya sea del propio tribunal, con una cooperación absoluta de los abogados querellantes» y también «de tipo policial».

Betanzo, quien la semana pasada falleció en un accidente a 90 kilómetros de El Cairo, Egipto, fue siempre objeto de sospecha del equipo investigador comandado por Ovalle, principalmente por el testimonio que entregó en la causa Gerardo Roa, amigo de Matute que lo llevó al local nocturno y se fue sin él.

En una reconstitución de escena filmada al interior de La Cucaracha, Roa dio características de posibles agresores que correspondían a las vestimentas de los guardias del recinto y, como presunto autor intelectual de la acción, al administrador, en compañía de su pareja Carmen Sereño.

Sin embargo, la primera jueza a cargo de la investigación, Flora Sepúlveda, priorizó diligencias para comprobar un supuesto nexo de siete jóvenes con la desaparición, manteniendo la teoría de la PDI que señalaba que el hecho había ocurrido en las afueras del establecimiento.

Si bien la ministra Carola Rivas, quien asumió la sustanciación del expediente en 2014, descartó la hipótesis de Investigaciones y retomó la línea investigativa de Ovalle a fines de ese mismo año, el hallazgo de un medicamento en los restos de «Coke» hizo regresar las diligencias a la denominada «pista gay», la cual, desechada en los inicios del caso, planteaba que el joven había sufrido una presunta agresión sexual.

«Indagatoria insuficiente»

Refiriéndose al deceso de Bruno Betanzo, la magistrada señaló el lunes que «a mediados del año pasado (él participó) en una larga diligencia que incluyó varios careos, donde muchos hechos que se le imputaban fueron descartados». De esta forma, desestimó las acusaciones efectuadas por el exguardia Cristian Montes y su pareja Cherie Ruiz contra su entonces jefe.

Comentando esto en el espacio televisivo, el oficial Andrés Ovalle discrepó y sostuvo que la indagación a Bruno Betanzo fue insuficiente y que, en la primera etapa de las pesquisas, el Poder Judicial actuó con doble estándar.

Como ejemplo, el excarabinero leyó un testimonio de diciembre del año 2000 que fue usado para detener a los jóvenes Óscar Araos, Federico Homper, Cristian Herrera, Jaime Rojas, Jorge Bañados, José Ignacio del Río y Carlos Alarcón, acusados por el ex comisario de la PDI Héctor Arenas de «obstruir a la justicia». En él también se mencionaba, entre otras cosas, la presunta complicidad del regente de La Cucaracha. Sin embargo, no se tomaron acciones contra él.

«Esta es la declaración que sirvió para procesar a siete jóvenes e incomunicarlos, y no tiene la misma consecuencia, a pesar que lo nombran en forma reiterada y con participación directa, para el señor Betanzo. La pregunta es por qué no se hizo», indicó.

El exmandamás de la Segunda Comisaría de Talcahuano recordó que la persona declarante se desdijo, explicando que fue inducida por el abogado Fernando Sanger -representante de la familia de Jorge Matute– para involucrar a los procesados. El jurista, remarcó, es también quien recibió un llamado de Betanzo a horas de la desaparición de Matute y poco antes de presentarse gratuitamente para patrocinar a la víctima.

Luego de subrayar que en 2014 entregó a la ministra Carola Rivas correos electrónicos provenientes de cuentas institucionales de Carabineros, en que funcionarios manifestaban disposición a ratificar la existencia de una red de protección policial y drogas en torno al caso, Ovalle expresó molestia por el curso de los acontecimientos.

«Cuesta hacer entender que estamos en presencia de situaciones que cada vez están creciendo más en nuestro país. Las organizaciones criminales en nuestro país existen hoy en día, el compromiso policial con la criminalidad existe», indicó, precisando que no son las instituciones las que delinquen, sino «policías indignos… que nunca deberían haber estado en la institución».

Ovalle reveló incluso que «hay una persona de sexo femenino que aún sigue amenazada, se vino para Santiago arrancando justamente de estas amenazas (de muerte)… provenientes de un funcionario de Carabineros que hoy ostenta un alto grado». Éste, explicó Ovalle, «intuía que (la mujer) me podía entregar antecedentes porque me conocía» y porque «participaba en fiestas donde había droga».

La identidad de este oficial activo -según datos recabados por este medio- correspondería a un miembro del Cuerpo de Generales de la policía uniformada.