La mañana de este miércoles 5 de abril, los abogados Margarita Barbería y Rodrigo Román presentaron un recurso de amparo preventivo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso a favor de Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches, luchadores sociales de la provincia de Petorca y miembros del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA).
“En el último tiempo han sufrido amenazas de muerte por parte de desconocidos, vinculadas indudablemente a la lucha que han dado en el territorio por la defensa del agua y por las sanciones severas y económicas con que los daneses han castigado a quienes eventualmente usurparían agua en aquella provincia”, explicó el abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román.
Chile es el único país del mundo que tiene privatizada sus fuentes y gestión de las aguas. Este modelo de lucro, usura y exclusión fue denunciado el pasado 19 de marzo por el medio danés “Danwatch”, provocando que empresas danesas que compran palta chilena de exportación, proveniente de Petorca, señalaran que no estaban dispuestas a seguir importando productos que no cumplan un estándar ético mínimo y sustentable.
«Hay sospechas de que las amenazas estén vinculadas a quienes producen paltas. Distintos calibres de amenazas a través de mensajes en la casilla de voz de su teléfono, indicando que lo iban a matar, califican de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y conforme al Estado de Derecho como amenazas serias y verosímiles que debe ser prevenidas», apuntó el abogado Román. En ese sentido, agregó que el propósito de la acción legal es que «se adopten medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección».
Peleando a picotazos
En la Quinta Región, la provincia de Petorca es considerada hace años el epicentro nacional de la violación del derecho humano del agua y del robo de este recurso natural. En la década del ’90 llegaron empresarios a plantar paltas, usurpando las aguas de los ríos Ligua y Petorca. Por ejemplo, el principal productor de palta en la zona, Edmundo Pérez Yoma, tiene una superficie plantada de 500 hectáreas, en circunstancias que tiene un derecho de aprovechamiento de agua suficiente para el riego de sólo 100.
El saqueo del vital elemento, en desmedro de los casi 70 mil habitantes, ha sido continuamente denunciado ante la opinión pública. Los luchadores sociales que han alzado su voz se han visto severamente afectados en su integridad física y muchos de ellos han tomado la decisión de salir de la ciudad, evitando realizar las denuncias respectivas.
“Llevamos muchos años denunciando que por no tener agua, la gente tiene que defecar en bolsa de plástico, tiene que lavarse por presas. Y el Estado naturaliza esta falta entregando agua en camiones aljibe. Es una situación inmoral e impropia porque en definitiva el Estado de Chile es capaz de gastarse, en los últimos 6 años, 92 mil millones de pesos para arrendar camiones aljibe y comprar agua dulce para un pueblo privado de agua», expresó el dirigente amenazado, Rodrigo Mundaca.
La lucha por el agua y la recuperación de la misma para las comunidades y los territorios, a juicio de los defensores de MODATIMA, es un imperativo ético y moral. Según sus declaraciones, el Estado permite que el agua sea objeto de lucro y usura, particularmente con la minería química a cielo abierto, con el modelo agroexportador, las hidroeléctricas y las forestales. «Es de sentido común que el agua sea un bien comunitario, que cumpla una función pública y no esté al arbitrio de especuladores, ladrones y de quienes han comprometido de manera seria e irreversible la vida de las mayorías sencillas», argumentó Mundaca, ingeniero agrónomo, docente , investigador y secretario de MODATIMA.
Verónica Vilches, una de las denunciantes, es además jefa del sistema de abastecimiento de agua rural (APR) denominado San José, al interior de la comuna de Cabildo. De su trabajo depende la provisión de agua de más de 1.500 personas. En el mes de enero, sabotearon su sistema. Y en innumerables veces ha estado expuesta a todo tipo de agresiones. Asegura que, incluso, fue abordada en la calle, varias veces, con amenazas de distinto calibre, que preferimos no reproducir en El Ciudadano. Pero sólo hoy tomó la decisión de denunciar públicamente el hecho.
Apoyo parlamentario
Para respaldar la acción judicial, el diputado Gabriel Boric Font (IND) se acercó a la Corte de Apelaciones, apoyando la lucha de los miembros de MODATIMA. Aprovechó además la instancia para interpelar al Gobierno en torno a la protección de ambos luchadores sociales y a cuidar el preciado recurso para todos los chilenos y chilenas.
Consultado por la raíz del problema, el parlamentario que representa a la región de Magallanes afirmó que «parece que hay un problema político de fondo. El agua debiera ser un derecho humano y no se está respetando. La Presidenta Bachelet señaló en su cuenta al país que iban a dar la pelea para recuperar el agua y eso no está dando ni cumpliendo en Chile. Cuidemos el agua como recurso de la gente más sencilla de Petorca y otros lugares del país, no de políticos y empresarios que se aprovechan”.