Se avecina controversial ley que fortalece investigación de delitos terroristas: Diputado la califica como «aberración jurídica»

El próximo 11 de abril se votará en la Cámara de Diputados un nuevo texto legal que pretende dotar de más y mejores herramientas a fiscales y policías mediante la imposición de controversiales figuras legales como la prórroga de competencia, los agentes encubiertos, fiscales con dedicación especial y la coordinación de inteligencias de distintos organismos del Estado.

Si bien la discusión se generó con casi 50 parlamentarios, la polarización de las opiniones de los diputados y diputadas adelanta que la próxima votación será bastante dividida y concentrará la atención tanto de la Corte Suprema, Fuerzas Armadas, organizaciones sociales y de derechos humanos, así como integrantes de los pueblos originarios, dada la calidad de las herramientas probatorias con que se pretende dotar a las fiscalías.

«Aberración jurídica»

Si bien hubo 13 intervenciones durante las casi dos horas de sesión, el turno del diputado Hugo Gutiérrez Gálvez (PC) fue el más controvertido, ya que en su calidad de abogado calificó a la iniciativa de “aberración jurídica insostenible”e “insolencia a la razón». Es más, una vez acabada su intervención, en diálogo con los medios de comunicación, mantuvo sus dichos, indicando que el proyecto era fruto de la ultraderecha presente en el parlamento, cuyo único propósito era atacar de manera ilegítima las justas reivindicaciones del pueblo mapuche.

“Terminar con el juez natural, que en materia penal es del territorio donde se comete el delito, es una aberración jurídica. No debe existir nunca una prórroga de competencia en materia penal, porque terminamos ante un juez que puede ser sin rostro. Involucran a las Fuerzas Armadas, quieren que entreguen informes de inteligencia que no puedan ser controvertidos en un juicio penal. Y a eso se le agregan los agentes encubiertos, que falsean pruebas e incluso incitan a la comisión de ilícitos, infiltrándose en organizaciones que no tienen nada que ver con el terrorismo”, señaló el diputado comunista.

Un poco más tenue pero no por ello menos crítica, fue la alocución de la diputada Cristina Girardi Lavín (PPD), quien recordó que la actual legislación de Seguridad Interior provenía de la llamada ‘Ley Maldita’, que proscribió al Partido Comunista algunas décadas atrás. Asimismo, fue enfática en demostrar que el avalar la represión al pueblo mapuche viene influenciada de la doctrina de seguridad nacional, ideología enseñada en la Escuela de las Américas (centro de adoctrinamiento de torturadores en los 70’s), que incorpora la existencia de un enemigo interno para sustentar la existencia de un Estado Policial.

Por su parte, la diputada Karol Cariola Oliva (PC), reconoció que la falta de medios de prueba limitaba el trabajo de fiscales pero no por ello se podían justificar situaciones que pasaban por sobre el Estado de Derecho, dejando de lado principios procesales y garantías constitucionales, eliminando la igualdad ante la ley y colocando en duda la presunción de inocencia permanentemente, producto de situaciones particulares, en un claro intento de criminalizar las luchas sociales.

Finalmente, el diputado René Saffirio Espinoza (IND) recalcó que en la zona que representa, las comunas de Padre Las Casas y Temuco, los tribunales no garantizan a los imputados el resguardo a sus derechos. Bajo el actual escenario, a juicio del parlamentario, se vive en un Estado Policial que disemina el miedo en vez de proteger a los ciudadanos.

Lo rescatable

Como nada puede ser evaluado en términos binarios, existen aspectos que pueden ser rescatados de la propuesta parlamentaria. Por ejemplo, la existencia de agentes reveladores o encubiertos (el popular infiltrado de las marchas) sólo se podrá ejercer a través de un funcionario policial. De esta forma, en el pasado quedarán figuras como la de Raúl Castro Antipan, joven que fue inducido a prestar apoyo a Carabineros, infiltrándose en diversas organizaciones estudiantiles y, principalmente, mapuche.

Asimismo, la reformulación de la Agencia Nacional de Inteligencia -y la ley que lo crea (Nº 19.974)- y la coordinación con otras instituciones, supuestamente evitará se generen pruebas absurdas para encarcelar a luchadores sociales, como pósters de bandas de rock, vestimentas de color o alimentación saludable.

Finalmente, tomando en cuenta las exigencias de la ONU, en torno a generar una nueva Ley Antiterrorista (ley nº 18.314) que cumpla estándares internacionales, es necesario que se equipare la legislación existente, reformando tanto las leyes ya mencionadas , como la Nº 12.927, conocida como Ley de Seguridad Interior del Estado.