Los docentes de Argentina realizan hoy en todo el país un paro de 24 horas en repudio a la represión que tuvo lugar el pasado domingo 9 de abril. La medida fue convocada por los cinco sindicatos nacionales –los estatales de Ctera, CEA, UDA y Amet y los privados del Sadop–, y busca despertar de una buena vez al gobierno de Mauricio Macri para que resuelva la situación.
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El sentido del reclamo es insistir, al mismo tiempo, en que el Gobierno convoque a la paritaria nacional docente, uno de los motivos que dieron origen al conflicto. En esta línea, los dirigentes gremiales advirtieron que con la represión el macrismo buscó impedir el debate sobre lo que implica su propuesta salarial: fijar sueldos que quedarán “dos mil o tres mil pesos por debajo de la línea de pobreza”.
“La represión que ejercieron contra los maestros y profesores tuvo el objetivo de reprimir la palabra. Buscó que no se pueda debatir que lo que están ofreciendo como aumento a los docentes está 2 mil o tres mil pesos por debajo de la línea de pobreza. No quieren que se discuta públicamente el recorte a los presupuestos educativos. Se la pasan hablando de diálogo, pero su acción política permanente es la confrontación y la represión”. sostuvo el dirigente Roberto Baradel, una de las caras más visibles del conflicto entre educadores y el Gobierno de Macri.
Por su parte, durante la jornada de ayer, el titular del Ministerio de Educación, Esteban Bullrich, justificó la represión. El funcionario interpretó el violento operativo con gas pimienta sobre los docentes desde su punto de vista: “Hubo un grupo de policías que hicieron cumplir la ley. ¿Y frente a eso llaman a un paro nacional?”, se quejó. Ante eso, Sonia Alesso, titular de Ctera, reclamó a Bullrich la renuncia “si no está a la altura” de dar “el debate cara a cara con los maestros y profesores”.
Tal como señala Página 12, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al cuestionar la represión advirtió que se usó como excusa la supuesta “‘falta de permiso’, cuando los derechos constitucionales no dependen de un trámite administrativo”. “El Estado usó la violencia, luego de obstruir diferentes manifestaciones del conflicto docente después de cerrar el canal de interlocución. Hacer prevalecer una restricción administrativa por sobre la Constitución implica en los hechos no reconocer el derecho a la protesta”, planteó el organismo. “Esta posición del gobierno se opone a una respuesta democrática a la protesta, que implica interlocución política real y no represión”
Así entonces, el reclamo parece estar lejos de resolverse en un futuro próximo. El plan neoliberal de Macri sigue golpeando a los sectores trabajadores y los docentes no escapan a esa realidad. Además, se intenta justificar la represión a la protesta social a través de tecnicismos legales que se ven amplificados por los medios masivos de comunicación. De esa manera, cualquier reclamo social pareciera ser un delito y la opinión pública puede ejercer sobre él el más duro castigo.
Por Gustavo Yuste, desde Argentina
@gusyuste
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