Egipto, “transición en orden” y situación revolucionaria aún abierta

Centenares de miles de egipcios que se volvieron a tomar la plaza Tahrir el día 27 de mayo para reclamar por la persistencia de las figuras del régimen de Mubarak en el Estado, la naturaleza represiva del Consejo Militar en el poder y la lentitud de las reformas del “gobierno de transición”, nos recuerdan que la situación revolucionaria abierta en Egipto en enero, que ha dejado un saldo de más de mil muertos, aún no se cierra.

Contrariamente a quienes desde posiciones fatalistas pronostican que el proceso egipcio está agotado, los jóvenes de la revolución han logrado arrastrar tras de sí a significativos sectores populares para demandar la profundización del ritmo y la naturaleza de los cambios, demostrando que la caída de Mubarak, lejos de ser el final de la lucha, no es sino el comienzo de ésta.

La suerte del proceso egipcio no está echada. Hay un abanico de posibilidades abierto en esta pugna cada vez más enconada entre las fuerzas revolucionarias y la contrarrevolución. A medida que las posiciones se clarifican más, los indecisos toman partido y los que se subieron tarde y de mala gana al vagón de los cambios, se van bajando de éste. Cuatro actores moldean los eventos: el ejército, la tecnocracia, el Capital nacional-internacional, y los movimientos populares. De cómo se resuelvan las contradicciones entre éstos dependerá el futuro de la revolución egipcia, y con ella, de buena parte de los vientos de cambio que soplan en el mundo árabe.

EL GENDARME DE LA TRANSICIÓN

Desde la caída de Mubarak, el poder ha reposado en el Consejo Superior de la Fuerzas Armas de Egipto (al que llamaremos sencillamente Consejo Militar) encabezado por Mohammed Hussein Tantawi, quien fuera ministro de Defensa de Mubarak, y por Sami Hafiz Anan, un militar que cuenta con las simpatías de los Hermanos Musulmanes. En realidad, desde 1952, el poder en el país ha reposado en el Ejército, y en ese sentido, podemos decir que lo que se presencia desde la caída de Mubarak no es sino la continuidad de este patrón.

Mientras los medios presentaron al Ejército como un actor neutral ante las protestas de enero-febrero y mientras sectores populares se ilusionaron con un ejército que, supuestamente, estaría de su lado, es preciso leer la negativa del ejército de atacar al pueblo (como sí lo hizo la policía), como un cálculo político que a la clase dominante egipcia les permitió mantener al pilar central de su poder en una posición clave para convertirse en garante de sus intereses en el Egipto post-Mubarak.

La realidad no tardó en imponerse cruelmente, echando por tierra las ilusiones que algunos albergaron sobre el “pueblo uniformado”: el 24 de marzo, en medio de una ola de protestas y huelgas, el Consejo Militar decretó una ley que, en efecto, prohibía las huelgas y otras manifestaciones y protestas públicas, con el argumento elástico de que “son lesivas para el interés nacional”. Desde entonces, los Tribunales Militares han juzgado a más de 5.000 personas, imponiendo multas extraordinariamente onerosas y penas de hasta diez años de cárcel. Como siempre, la primera medida de los contrarrevolucionarios es “disciplinar” a la clase trabajadora y calmar con medidas draconianas a los empresarios, demostrando claramente de qué lado están.

Tampoco al Ejército le tembló la mano para reprimir al millón y medio de manifestantes que se tomaron la plaza Tahrir entre el 8 y el 9 de abril para exigir castigo contra Mubarak, dejando dos cadáveres en las calles. Junto a la persistencia del Estado de Emergencia, queda claro que el Ejército juega un rol que puede ser calificado de todo menos de neutral.

El académico y dirigente del nuevo Partido Socialista, Mamdouh Habashi, dice, respecto de las intenciones del Ejército: “lo que buscan es la transferencia del poder nuevamente a las viejas estructuras, que son las redes establecidas por Mubarak alrededor del aparato de seguridad.” Que estas redes están vivas, lo demuestra el hecho que tras el desmantelamiento oficial de la Policía Política de Mubarak, se estima que una buena porción del millón y medio de efectivos que tenía, serán reciclados en nuevos aparatos de seguridad. El bloguero y militante socialista Hossam el Hamalawy plantea con absoluta certeza que “si no se acaba con este poder que detenta el Ejército, ninguno régimen podrá ser radicalmente diferente a lo que ya conocemos.” El desafío no es menor, dada la popularidad con la cual el Ejército aún cuenta debido a la mística de su historia de luchas anti-coloniales –aún cuando desde los Acuerdos de Camp Davis*, éste no sea más que un sumiso tentáculo de los EEUU, los cuales le han financiado directamente con U$1.300.000.000 anualmente. Esta popularidad, en todo caso, se está erosionando acelaradamente a medida que su verdadero rostro se perfila cada vez con mayor claridad.

EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN

Como pantalla a este Consejo Militar, existe un gobierno cívico de transición, encabezado primero por Ahmed Shafiq, un militar nombrado primer ministro por Mubarak pocos días antes de caer, el cual fue forzado a renunciar por masivas protestas a comienzos de marzo. Su reemplazo es Essam Sharaf, antiguo aliado de Mubarak y ex ministro de Transporte, que se posicionó del lado del movimiento “pro-democracia” durante las jornadas de febrero, que lidera un sector minoritario liberal dentro del Gobierno.

El carácter de este gobierno de transición es definido por el Hamalawy como “tecnócrata, plagado de figuras del viejo régimen. Pero en realidad, está bajo el control de los generales de Mubarak. Ellos son el poder real en Egipto hoy.”

Esto no significa que no existan contradicciones entre sectores del gobierno de transición y el Consejo Militar, como lo indica el anarquista egipcio Tamer Mowafy: “Debemos llamar la atención del hecho que muchas de las figuras claves de la burguesía egipcia han sostenido, de un tiempo a la fecha, que un régimen más democrático sería más manejable y estable. Esto también lo han creído sectores de poder en los EEUU. Creo que ambos bandos, aún cuando sean conscientes de los riesgos que les presenta la situación actual, piensan que ésta puede ser una oportunidad para remozar al régimen, reforzando sus vínculos con las potencias occidentales a la vez que dándole bases más firmes”.

Mientras el Ejército se evidencia como una fuerza conservadora, reticente al más cosmético de los cambios, en el gobierno de transición encontramos personas que, efectivamente, quieren una democracia burguesa liberal, por rudimentaria que sea y que la creen una precondición para desarrollar el modelo neoliberal que se ha venido imponiendo desde mediados de los ’70 en Egipto sobre bases sólidas.

De momento, los cambios políticos están sucediendo a un paso tremendamente parsimonioso: la Constitución de 1971 sigue en pie, aunque el 19 de marzo se votaron una serie de reformas que algunos aprobaron pensando que “peor es nada”, en comicios en los que participó apenas el 41% de los votantes –lo cual quizás sea más que en las elecciones amañadas de Mubarak, pero ciertamente no refleja demasiado entuisiasmo de la población. Quizás la ley más significativa que ha pasado el Gobierno, bajo la presión de las huelgas y las luchas de masas, es la libertad sindical que rompe en gran medida con el control estatal sobre las organizaciones sindicales.

Así como están las cosas, tanto este gobierno transitorio, como el Consejo Militar, facilitarían elecciones en septiembre, tras lo cual cederían el poder a un gobierno “democrático”. Nadie se hace muchas expectativas sobre el resultado del proceso de “transición en orden”, como lo llamó Obama. Aún la izquierda que apuesta por la vía electoral, está reticente de lo que pueda suceder en estas elecciones, ya que la nueva ley de partidos hace prácticamente imposible que nuevas alternativas puedan formalizarse para esa fecha –se requieren 5.000 miembros inscritos, una cantidad millonaria de dinero para pagar el registro, y la publicación de estatutos en un diario oficial, lo que cuesta otro dineral. Según Habashi, el bloque en el poder está tratando de acelerar lo más posible para garantizar que solamente los partidarios de Mubarak y los Hermanos Musulmanes puedan capitalizarla:

“No podemos aceptar que el nuevo parlamento esté compuesto solamente por islamistas y representantes del antiguo régimen, que son los únicos con el poder finaciero para copar estas elecciones. El tiempo es un tema muy importante. El plan de los contrarrevolucionarios es apurar las elecciones lo máximo posible, para hacerlas en septiembre. Este nuevo parlamento comenzaría entonces a organizar la asamblea constituyente con el antiguo régimen y los islamistas.”

LOS BANQUEROS DE LA TRANSICIÓN

Se dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y es exactamente lo que está haciendo en estos momentos la mano de los EEUU en Egipto, donde, secuestrando las demandas populares de reformas y de mayor libertad, están presionando por profundizar el proyecto neoliberal que venía implementándose durante las últimas cuatro décadas, primero con Sadat, luego con Mubarak. Mientras los manifestantes volvían a ocupar Tahrir el 27 de mayo, la reunión del G8 en Francia anunciaba un paquete de U$20.000.000.000 en “ayuda” para Egipto y para Túnez. Egipto, se estima, recibiría unos U$15.000.000.000 en inversiones, ayuda y préstamos de los países del G8 (sobretodo EEUU), de los Emiratos del Golfo y de las instituciones financieras internacionales. Estos fondos serán utilizados para “fortalecer” al sector privado y, en general, para promover un paquete de medidas tendientes a la liberalización del mercado y a “reformar las instituciones” para adaptarlas mejor a los requerimientos del capital transnacional.

La libertad, mutas mutandi, se convierte en una cuestión de libre mercado, en circunstancias que el pueblo exigía libertad como un acto de empoderamiento colectivo. De la misma manera, para reforzar este secuestro de las consignas y de las demandas de la revolución a fin de profundizar la agenda económica neoliberal, se redujo el sentido profundo del movimiento del 25 de enero a una mera protesta en contra de la “dictadura”, dejando de lado el componente social y las demandas económicas de un pueblo que se rebeló hambreado en contra de las medidas neoliberales de Mubarak.

Así, los EEUU están ocupando la caída de Mubarak para profundizar su política económica a contravía de las demandas populares, como por ejemplo, de la nacionalización y re nacionalización de empresas y sectores claves de la economía (donde ya existen algunas conquistas significativas), de control al capital foráneo, de servicios públicos decentes y de calidad, de control de los precios, de confiscación de los dineros de orígen ilícito.

Para impulsar la reforma económica, contarán con la presión de la exorbitante deuda egipcia (U$35.000.000.000 y un pago de U$3.000.000.000 anuales, lo que hace que la deuda sea un lucrativo negocio para los organismos financieros internacionales), el 85% de la cual fue adquirida por la dictadura de Mubarak. Obama ofreció “perdonar” U$1.000.000.000 de la deuda, a cambio de un paquete de reformas económicas que abrirían aún más Egipto a los EEUU. Tanto el Banco Mundial como el FMI han prometido préstamos siempre y cuando ciertas condiciones se cumplan en cuanto a la modernización de la economía (apertura, flexibilización laboral, etc.). Y tanto la UE como los EEUU y las monarquías medievales del Golfo, han dejado en claro que tienen miles de millones para invertir en Egipto, particularmente en privatizaciones.

UN PUEBLO EN MOVIMIENTO

Por otra parte, el pueblo utiliza el impulso ganado con el movimiento del 25 de enero para presionar por las demandas más básicas así como por las más elevadas. Comités Populares piden fijar los precios de los productos de la canasta básica; los sindicatos independientes surgen por todas partes y demandan desde mejoras salariales hasta la re-nacionalización de sus puestos de trabajo; grupos de mujeres presionan para lograr consolidar los avances que se les han negado en décadas de organización y lucha, basadas en la nueva confianza que lograron en las barricadas; organizaciones estudiantiles piden reformas sustanciales al sistema educativo y la remoción de los personajes nombrados por la dictadura; hasta los profesionales han sido arrastrados por la marea de demandas obreras, uniendo sus voces a la protesta popular. Los jóvenes en particular, pero detrás de ellos el conjunto de los sectores populares, han perdido el miedo a la palabra y no temen tomarse las calles nuevamente si la situación lo amerita.

Lo que queda claro con las protestas del 27 de mayo, es que la lucha no solamente está aún en curso, sino que está también comenzando a clarificarse. Que los Hermanos Musulmanes se hayan automarginado como organización de estas manifestaciones y las hayan atacado, diciendo que ya no habían razones para protestar, los evidencia como parte del bloque en el poder. En cuanto tal, no tienen ningún rol que jugar en el parto del nuevo Egipto.

Las demandas concretas que exigían los manifestantes, convocados por la Coalición de Jóvenes de la Revolución**, son el aceleramiento del juicio a Mubarak y sus colaboradores, así como que se les procese por crímenes políticos y no solamente por corrupción; purga de los colaboradores del régimen en el Estado; re-estructuración de la policía y que se dé de baja a los culpables de la represión; independencia del poder judicial y purga de jueces corruptos; establecimiento de un salario mínimo que sea equivalente a la línea de la pobreza; así como el llamado a redactar una nueva constitución política.

El pueblo egipco tiene claro que no puede abandonar la presión popular ni la acción directa para alcanzar sus objetivos. Como dice Hossam el Hamalawy: “Ha habido cambios pero siempre ha sido por presión desde abajo. Por ejemplo, a uno de los hombres de confianza de Mubarak, Ahmed Shafiq el Consejo Superior del Ejército lo respaldó desde el comienzo, pero fue la protesta popular la que lo derrocó. También debido a la presión popular se vieron forzados a re-estructurar la Policía de Seguridad del Estado, la Policía Política de Mubarak, pero cuando el pueblo se cansó de estas medidas insuficientes y tomó cartas en el asunto mediante el asalto al cuartel general de la Policía Política, tuvieron que suprimirla.”

Así las cosas, estamos ante una situación maleable y fluida, que puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro. El sector contra-revolucionario cuenta con las armas, el dinero y el respaldo de la “comunidad internacional”. Los revolucionarios, en cambio, cuentan con el respaldo de las masas, que tomaron conciencia de su poder y que probaron el gusto de la libertad en Tahrir y en las calles y plazas de las ciudades más importantes de Egipto. Y saben, por sobre todas las cosas, que ya no puede haber un Egipto sin ellos.

Por José Antonio Gutiérrez D.

3 de junio, 2011

* Acuerdos mediante los cuales, en 1978, Israel y Egipto normalizaron relaciones y acordaron la paz. Como parte del Acuerdo, Egipto ha colaborado con Israel desde entonces en contra del pueblo palestino y el ejército egipcio ha recibido miles de millones de dólares en ayuda militar de los EEUU.

** Coalición conformada por las principales agrupaciones juveniles que estuvieron tras las protestas, incluido el grupo “Todos Somos Khalid Said”, el “Movimiento 6 de Abril” y la rama juvenil escindida de los Hermanos Musulmanes.

Fotografía: Revolucionarios protestan en Tahrir, El Cairo, durante el Primero de Mayo (imágen de José Antonio Gutiérrez D.)

El Ciudadano