El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, de Claudio Venegas Godoy, Patricio Morales Díaz, César Fernández Poblete y Jaime Valenzuela Calderón, imputados por el Ministerio Público en el caso denominado «fraude en Carabineros», como autores de los delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos.
En tanto, en la audiencia de formalización de la investigación, la magistrada Carolina Gajardo Fontecilla dejó con arresto dolimiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados a: Pedro Valenzuela San Martín, Patricio Miranda Herrera, Patricio Rojas Soto, Sergio Collao Cáceres, Víctor Manuel Escobar Rodríguez, David Vega Carmona, Juan Hernán Moraga Gallegos, Mauricio Saldaña Vidal, Juan Muñoz Navarro y Carla Paola González Guerra.
Respecto del imputado Claudio Andrés Arriagada Valenzuela el tribunal dispuso que deberá cumplir con la cautelar de arresto domicilio nocturno, debiendo permanecer en su domicilio entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente.
Organización
Según el ente persecutor, entre 2006 y 2017, los imputados se asociaron y organizaron con el fin de cometer el delito de malversación de caudales públicos, para lo cual adulteraban los registros de base de datos de Carabineros, efectuando transferencias electrónicas desde cuentas bancarias institucionales a cuentas bancarias de funcionarios policiales activos o en retiro, familiares y civiles, entregando como justificación que dichos movimientos correspondían a remuneraciones, viáticos y desahucios, entre otros. Maniobras destinadas a evadir los controles internos y externos, que les permitieron apropiarse de, a lo menos, $16.500.000.000.
Para lograr dicho propósito, se instauró una organización jerarquía y permanente en el tiempo, la que comenzó a operar al interior del escalafón de Intendencia de Carabineros en la Dirección de Finanzas, usando a su conveniencia las distintas cuentas corrientes traspasando los fondos de unas a otra a fin de ocultar los retiros, montos que eran derivados a otro miembros o colaboradores para luego retornar a los líderes de la organización ilícita.
Organización que se estructura en torno a jefes y miembros operativos. Entre los primeros se encuentran, según los fiscales, Flavio Echeverría Cortez, Jaime Paz Meneses, Héctor Nail Bravo, Nelson Valenzuela Aravena y Robinson Carvajal Leiva. En tanto, como miembros operativos actuaban Francisco Estrada Castro, Carlos Rojas Muñoz y Ramiro Martínez Chiang.
En cuanto a la participación de Patricio Miranda Herrera y Patricio Rojas Soto, su rol habría consistido en modificar las nóminas de remuneraciones.
Otro grupo lo constituía, según el ente persecutor, los «cooperadores fungibles», entre los cuales figuran: Felipe Ávila Pérez y Gonzalo Carrasco Quintana, entre otros formalizados.
En cuanto la forma de operar, la organización seguía un proceso escalonado o por etapas: 1) Identificar las personas a cargo del proceso de remuneraciones: a fin de realizar el desvío de dineros; 2) Adulterar los archivos remitidos a BancoEstado, incorporando como beneficiarios a determinados miembros o colaboradores de la organización ilícita; 3) Recepción del pago por terceros en su cuenta corriente quedándose con un porcentaje; 4) Devolución del saldo al resto de la organización, y 5) Ocultamiento o disminución de lo recibido; adquiriendo inversiones a nombre de terceros; realizando procesos de estratificación.