Pesca ilegal de merluza común llegaría a duplicar la cuota anual permitida

La Pesca Ilegal, No declarada y No regulada (Pesca-INN) de merluza común o chilena, considerando pescadores artesanales y la flota industrial, podría llegar a un orden entre las 33 mil y 40 mil toneladas anuales

Pesca ilegal de merluza común llegaría a duplicar la cuota anual permitida

Autor: Felipe Menares

La Pesca Ilegal, No declarada y No regulada (Pesca-INN) de merluza común o chilena, considerando pescadores artesanales y la flota industrial, podría llegar a un orden entre las 33 mil y 40 mil toneladas anuales. Esto equivale a decir que la Pesca-INN superaría entre 1,76 y 2 veces la cuota total anual asignada para el recurso merluza común a nivel nacional, considerando los valores al 2014.

Así lo indica un estudio realizado por la organización de conservación WWF Chile, primer reporte que entrega cifras respecto a este ilícito en el país y propone medidas para avanzar hacia una solución.

“La pesca ilegal es un asunto grave y de creciente preocupación, dado que erosiona los esfuerzos para conservar y manejar los stocks pesqueros de una manera responsable”, explica Valesca Montes, coordinadora de Pesquerías de WWF Chile.

“Así, puede llevar tanto a la pérdida de beneficios socioeconómicos en el corto y largo plazo, como a impactos negativos en la seguridad alimentaria y la protección del medioambiente marino. La Pesca-INN puede empujar incluso al colapso de las pesquerías o afectar seriamente la recuperación de las que actualmente están sobreexplotadas”, agrega la experta.

Entre las condiciones que incentivan esta práctica se cuenta el deteriorado estado de la biomasa del recurso, lo que provoca que se fijen cuotas de extracción más bajas, traduciéndose en pérdida de ingresos. Esto provoca que la autoridad implemente nuevos controles, sin crear soluciones de fondo, que impidan que más pescadores realicen prácticas ilegales para mantener sus ingresos económicos. Asimismo, inciden aspectos como la sobrecapacidad de la flota pesquera, la errónea distribución de las cuotas de pesca, la existencia de demanda o mercado para el recurso ilegal, insuficiente capacidad de fiscalización y una serie de malas prácticas del sector.

Para el caso de la pesca ilegal artesanal, la mayor incidencia se registra en las regiones del Maule y el Biobío, en donde el escenario más crítico arroja que el desembarque ilícito superaría en 5,62 y 7,21 veces, respectivamente, al desembarque declarado. En promedio, a nivel nacional, la pesca ilegal de merluza común en artesanales superaría entre 3,8 a 4,5 veces la cuota legal.

Con respecto a la flota industrial, también se constata la existencia de pesca ilegal, la cual es traspasada a embarcaciones menores.

De este modo, en su escenario más conservador, el estudio estima que la Pesca-INN de merluza común alcanza las 33 mil toneladas, lo que no considera el descarte de naves industriales mayores.

Estos resultados presentan un panorama preocupante para la sustentabilidad y recuperación de la pesquería, que en 2015 se encontraba en estado de colapso y actualmente ha sido categorizada como sobreexplotada.

Para combatir, eliminar y desalentar la Pesca-INN de merluza común WWF Chile propone un Plan Nacional fortalecido, que considere la particularidad de las regiones que abarca esta pesquería y que cuente con el financiamiento para la implementación de programas orientados a, por una parte, la concientización de la población y los pescadores respecto a los efectos nocivos de estas prácticas y la necesidad de consumir productos provenientes de una pesquería sustentable.

Mención especial tiene el cómo el Estado se hace cargo de la crisis de las pesquerías, pues existe un sector altamente vulnerable que merece mucho más que subvenciones a través de bonos, sino que soluciones estratégicas que permitan generar dinamismo en las caletas y que le den un soporte al sector pesquero artesanal.

Por otro lado, se debe considerar la mejora de los sistemas de fiscalización y la implementación de sistemas de trazabilidad obligatorios y que dé prioridad a la aplicación efectiva de las normas y sanciones que combatan la Pesca-INN.


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