Mientras las ganancias de las empresas telefónicas crecen, no existen garantías para proteger al consumidor. Diputados ingresaron el jueves pasado, un proyecto de ley que pretende terminar con estos abusos de las compañías de telefonía celular en sistema de pre-pago.
Un grupo de diputados, encabezados por el parlamentario demócrata-cristiano (DC), Ricardo Rincón, ingresaron un proyecto de ley que pretende poner fin a la apropiación de “los minutos comprados por los usuarios al vencer el plazo de 30 o 60 días por las compañías de telefonía celular, aunque los clientes no hayan utilizado sus minutos. Estos se pierden y ganan sólo las empresas”, expresó.
Rincón sostiene que esta usurpación de los recursos de los consumidores que utilizan el sistema de prepago constituye “un verdadero robo hormiga, o enriquecimiento ilícito”.
La propuesta expuesta al Subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, cuenta con el apoyo de los diputados Gustavo Hasbún y Felipe Ward (Unión Demócrata Independiente, UDI), Fernando Meza (Partido Radical Socialdemócrata, PRSD), Alfonso Durresti (Partido Socialista, PS), Ramón Farías (Partido Por la Democracia, PPD), Alejandra Sepúlveda (Partido Regionalista Independiente, PRI), Tucapel Jiménez (PPD) y Juan Carlos Latorre (Demcracia Cristiana, DC), extiende hasta en un año el plazo para que los usuarios del sistema pre-pago puedan utilizar sus minutos comprados por medio de una tarjeta.
Estefan Larenas, presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu) explicó que “Es un tema en los límites de la profesión indebida: Frente a eso el consumidor no tiene ninguna posibilidad. ¿A quién va a reclamar?”.
La Odecu realizó en marzo de 2008 un estudio a las tres compañías telefónicas existentes. Demostró graves irregularidades en la información entregada a los usuarios respecto a las tarifas, los sistemas de consulta de saldos e, incluso, con la apropiación por parte de las compañías de los saldos cuando éstos no son ocupados en un periodo determinado de tiempo.
Asimismo, la Odecu hizo un llamado a las autoridades a fiscalizar a estas compañías para evitar las graves violaciones que se están cometiendo a la Ley del Consumidor.
Según la Organización, “al existir la expiración del dinero pre-pagado, podríamos vernos enfrentados a apropiaciones indebidas, falta de cumplimiento de un servicio ya cancelado e, incluso, a la vulneración del Derecho a la Propiedad, amparado por la norma constitucional chilena”.
Larenas añadió que “está muy bien que eso sea regulado de alguna manera. El proyecto de ley va a poner el tema en el tapete”.
Por Mélissa Quillier
El Ciudadano
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
