“Ningún contrato se ha cambiado, tampoco las condiciones. No hay antecedentes para decir que hay vínculos irregulares. Jurídicamente, los contratos se establecieron con el Consorcio Puente Chacao (CPC)”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, al ser continuamente consultado por los diputados de oposición en el marco de una nueva sesión de la Comisión Investigadora de supuestos ilícitos e irregularidades para el financiamiento de campañas presidenciales, realizada este martes 18 de abril en la Cámara de Diputados del Congreso.
Si bien el Consorcio Puente Chacao en su momento estuvo formado por la empresa surcoreana Hyundai, la brasileña OAS (investigada junto con la constructora Odebrecht por sobornos y otros ilícitos en Brasil), la noruega Aas-Jakobsen y la francesa Systra, hoy la empresa asiática está a punto de contar con el 100% de la propiedad del holding, luego de la salida de OAS a finales de 2015.
A pesar de estos antecedentes y las respuesta dadas en la Comisión, la diputada Paulina Núñez (RN) afirmó que “es gravísimo que el ministro reconozca el trato especial a esta empresa. Bachelet recibió dinero para su campaña presidencial, lo dijo (el ex Presidente de OAS) Pinheiro a revista Veja”, afirmó la parlamentaria de Renovación Nacional.
Asimismo, el diputado Rojo Edwards (IND) señaló que “una red de corrupción internacional se adjudicaba licitaciones a sobreprecio para luego entregar un porcentaje de éstos a políticos como Toledo en Perú, constituyendo el delito de cohecho. Gracias a la delación compensada, Pinheiro afirmó que financió campañas presidenciales en Colombia, Perú y Chile.”
Basándose en las declaraciones del diputado brasileño de centroderecha, Efraim Filho, así como en las publicaciones de la revista Veja (propiedad del consorcio O’Globo), los parlamentarios de oposición buscan configurar un ilícito que afectaría a la presidenta Michelle Bachelet.
No obstante, el diputado Matías Walker (DC) salió en defensa del Gobierno, aprovechando las declaraciones del titular de Obras Públicas. “No se ha adjudicado ningún contrato a OAS ni Obredecht, sólo a consorcios donde éstas formaban parte. Piñera adjudicó esas licitaciones pero este Gobierno no les ha pagado un sólo peso”, declaró el parlamentario democratacristiano.
Aún quedan varias sesiones de la Comisión que busca dilucidar la actuación de aquellos organismos que deben cautelar la legalidad de las fuentes financiamiento electoral y los contratos que se han celebrado entre las cuestionadas empresas brasileñas y instituciones públicas chilenas. Para las próximas fechas de sesión se prevé invitar a los titulares de Obras Públicas del primer gobierno de Bachelet, así como los símiles detentores del cargo durante el mandato del ex presidente Sebastián Piñera.