La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) expresó este jueves su “extrema preocupación” por el caso de un violento ataque que habría sufrido en manos de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) una ciudadana peruana identificada con las siglas R.R.Y.
Si bien los hechos se remontan al año 2012, fue sólo este mes de abril que se conoció del caso, luego de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se hiciera parte de una querella presentada contra los responsables.
Tras ser denunciada por una vecina de haberse practicado un aborto, la PDI se dirigió a la casa de la mujer, en busca de un presunto feto. Fue en ese momento que, según denunció, fue atacada y ofendida pese a evidentes signos de embarazo. Su marido, en tanto, acusó que fue torturado.
“Te voy a dar dos cosas: la libertad de tu marido y que él se quede con tu hijo. ¿Y tú que nos vas a dar? Asesina de guaguas, perra maraca”, fueron las palabras que un funcionario le habría dicho a la mujer, para luego golpearla físicamente. Respecto de su marido, este habría sido agredido con golpes de pie y puño, lanzado al piso y encerrado en su propio baño por varias horas.
La víctima ha detallado que una vez en el cuartel de la PDI de Avenida Independencia, en la capital, fue amedrentada por otros funcionarios, quienes a viva voz le gritaron: «¿Qué hace una peruana aquí? (…) La vamos a hacer hablar”.
«Refleja misoginia y xenofobia policial»
La directora de la Corporación Miles, Claudia Dides, solidarizó con R.R.Y. y declaró que esperan que «la PDI expulse a los responsables de estos abusos y se posicione públicamente contra los mismos». Por otra parte, apuntó también a los Tribunales de Justicia, planteando que «deben hacer la suyo encarcelando a los abusadores».
Dides calificó la situación como «gravísima», en tanto «refleja misoginia y xenofobia policial, además de abuso de poder mal amparado en la falta de una legislación que regule la interrupción del embarazo en Chile».
La socióloga agregó que «es también co-responsable de los abusos el propio Estado, pues su incapacidad para regular el aborto somete a las mujeres a la clandestinidad y permite una amplia discrecionalidad y arbitrariedad de las policías a la hora de aplicar una injusta ley que sanciona bajo todo evento la interrupción del embarazo”.
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