Según creo, Blas Pascal tuvo la virtud de plasmar una de las frases de mayor peso y sentido social del siglo XVII, al denunciar con firmeza “la fuerza sin la justicia es tiránica”. Cierto es que la fuerza de lo justo no es coactiva, como diría Gustavo Villapalos en su “libro de los valores”, pero debiera ser vinculante para los hombres. De lo contrario prevalecería la fuerza (tiranía).
De algún modo, lo ocurrido en menos de una semana, con el fatídico proyecto denominado “HidroAysén”, es prueba fiel de que “la justicia tarda pero llega”. En menos de una semana, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar) y la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, acogieron a trámite, tanto los cuestionamientos presentados en contra de la grosera publicidad (especialmente en las estaciones troncales del Metro) de la empresa HidroAysén en conjunto con la agencia publicitaria Marcas & Conceptos S.A. (tras una serie de reclamos presentados y desestimados en su momento), como tres de los incontables recursos de protección presentados en contra del organismo técnico (Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén) que decidió, de manera nefasta, aprobar (unánimemente) el polémico proyecto a principios de semestre.
Confío en que estos antecedentes, contribuyan a determinar la responsabilidad del Gobierno en el asunto, y develen de una vez por todas, la gama de intereses creados que encubre la venia del ejecutivo en la construcción de esta central.
Por ahora, nos falta conocer el resultado del proceso de investigación que actualmente lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (curiosamente), de la Cámara de Diputados de Chile. Que a principios de semana recibió a declarar, a los señores: Patricio Segura (periodista Coalisión Aysén); Gustavo Saldivia (funcionario de la Secretaría Regional Ministerial de Planificación Aysén); Wildo Palma (Presidente del Sindicato de Profesionales Conaf Coyhaique), y José Oyarzo (Presidente Sindicato de Trabajadores Conaf Coyhaique), con objeto de informar sobre las denuncias de irregularidades en el mencionado proyecto.
El “mayo chileno” (como fue retratado el movimiento en contra de la aprobación del proyecto, en alusión al mayo francés de 1968), logró movilizar al cabo de muchos años en este país, a miles de personas a través de la principal arteria de nuestra capital (lo más significativo es que se trató de ciudadanos comunes, sin distinción de clase ni partido, donde concurrieron grupos artísticos y culturales, y mejor aún, familias enteras como nunca había tenido oportunidad de ver en Chile). Lo que, sin lugar a dudas, terminó doblegando la política de represión desplegada por el administrativo en conjunto con el actuar de Carabineros, durante las primeras jornadas de protesta. He hizo entender al Gobierno, que el ejercicio ciudadano de reunirse y protestar pacíficamente, no sólo es un derecho ciudadano garantizado en la propia Constitución, sino más bien, un escollo que pondrá en jaque la institucionalidad del Estado, cada vez que ésta ponga en jaque el bienestar de la sociedad, generando dividendos a una empresa o grupo reducido.
Lo justo, no ha de encontrar nunca su asiento definitivo en la sombra de lo despreciable. Muy ocasionalmente, lo justo pide ser realizado a la luz de los hechos. Por esta razón, no perdamos la fuerza de seguir adelante con lo que confiamos es justo, sólo así lograremos desnudar los atropellos que esconde el discurso dominante y encontrar caminos para nuestra propia emancipación social.
Por Cristhián G. Palma Bobadilla