Fiscal del Caso Penta: «Al final del día el SII depende del gobierno de turno»

Continúa la controversia por la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de no continuar presentando querellas por delito tributario contra empresas involucradas en el financiamiento irregular de la política.

En un nuevo capítulo de la polémica, el fiscal Manuel Guerra, uno de los tres que lleva el Caso Penta, dijo en entrevista con T13 radio que le preocupa «que se haya consolidado en el tiempo esta norma que está contenida en el Código Tributario, que le otorga al SII la titularidad exclusiva para dar inicio a investigaciones por delitos tributarios».

«Eso es contraproducente con la norma de la Constitución, que considera al Ministerio Público y lo crea como un organismo exclusivo y autónomo, encargado de dirigir las investigaciones de hechos constitutivos de delito», agregó.

A juicio del fiscal regional metropolitano oriente, «junto con perseguir las responsabilidades pecuniarias que se pueden hacer por parte del SII ante los tribunales tributarios, paralelamente se debiera perseguir la responsabilidad penal de los involucrados, de acuerdo a las formas que señala la ley».

El persecutor se mostró en desacuerdo con la decisión del SII, que en términos concretos, significó escoger solo algunos casos para que sean objeto de conocimiento de la justicia penal.

«Tenemos personas del SII por montos bastantes exiguos (3, 4, 5 millones de pesos) y tenemos personas o empresas que tuvieron emisión o recibieron documentos tributarios falsos por cantidades bastante superiores, varios cientos de millones de pesos, de los cuales no hay denuncia o querella del servicio. Creemos que eso es complejo de explicar y de entender», manifestó Guerra. 

Aun cuando reconoce el rol técnico del SII, para el fiscal Guerra «al final del día y por consagración expresa de la ley, depende del gobierno de turno, por más que se diga que es independiente. A larga, la designación de su directorio está radicada en el Ejecutivo, tiene un vínculo que lo une con el Ministerio de Hacienda directamente y por tanto, es susceptible de un manejo de naturaleza política, o que al menos se crea que las decisiones que toma, cuando son discrecionales, están guiadas por fundamentos de carácter político y no técnico».

«Para nosotros la verdadera solución es modificar la ley y que permita que el Ministerio Público inicie investigaciones penales, por delitos tributarios, porque además tampoco nos vamos a volver locos iniciando investigaciones penales por cualquier hecho», remarcó.

Incluso llegó a decir que «aquí no ha habido una definición de criterios claros», en alusión al criterio diferenciado empleado por el SII a la hora de emprender querellas por delitos tributarios.

«Si en un principio se hubiese dicho que las personas que cometieron estos hechos y que el perjuicio fiscal que originan es inferior a X cantidad de dinero, nosotros no los vamos a perseguir penalmente, yo creo que hubiésemos entendido que hay una fijación de un criterio del SII, restrictivo del ejercicio de la acción penal y que favorece a aquel que generó menor perjuicio al patrimonio fiscal. Eso hubiese sido entendible», explicó.

Y añadió que «cuando uno ve que probablemente queden sin responsabilidad penal personas y empresas que cometieron hechos que generaron perjuicios fiscales relevantes, y que por otra parte se va perseguir la responsabilidad penal de personas por mínimas cantidades, eso genera un nivel de incongruencia difícil de entender».