Servicio de Impuestos Internos en la mira: presión, instrumentalización e impunidad

La semana pasada se conoció la determinación tomada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de su director Fernando Barraza, de no presentar querellas en los casos de financiamiento ilegal de la política. Esta institución ha sido el corazón del develamiento de la estrecha relación tejida entre el gran empresariado y la política chilena, con total transversalidad política.

Fue a partir de la investigación por el “fraude al FUT” -que indagó el uso de recovecos jurídicos de inescrupulosos empresarios para evadir impuestos- lo que abrió el primer cajón de la oscura habitación: los aportes que empresas del grupo Penta, de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, realizaban a la UDI. Así el 2015 transcurría desastroso para la derecha, pero en la medida en que se identificaba un modus operandi para la realización de tales inyecciones de recursos, se identificó que también la empresa minera no metálica, SQM, cuyo presidente era Julio Ponce Lerou, incurría en práctica idéntica.

Los beneficiarios ya no eran solamente los miembros de la derecha política, sino la propia Concertación, especialmente el PPD, cuya historia política se cimentaba en la enemistad con este tipo de empresarios directamente beneficiarios de la Dictadura Militar. En particular con Ponce Lerou, quien inclusive fue yerno de Pinochet.

Todo lo que la ciudadanía pudo conocer fue gracias a la investigación que conjuntamente desarrollaron el Servicio de Impuestos Internos -entonces dirigido por Michel Jorrat y en cuya subdirección jurídica se ubicaba Cristian Vargas- y el Ministerio Público, cuya Unidad de Alta Complejidad a cargo del fiscal Carlos Gajardo investigó en la medida en que el SII le habilitaba para hacerlo presentando las querellas correspondientes.

Implicancias de la decisión de no querellarse

La implicancia de la decisión del SII de no presentar las correspondientes querellas, es que no habría posibilidad de profundizar en las investigaciones que ya identificaban un modus operandi similar, traducido en la presentación de boletas falsas. En ese sentido, están en la mira del Ministerio Público una serie de empresas de propiedad de los grupos Angelini, Said y Yarur, entre otros.

En conversación con El Ciudadano, el abogado querellante del caso Penta, Mauricio Daza, releva que la gravedad del asunto radica en que “manifiestamente se ha tratado de tapar estos hechos, dificultar las indagaciones del Ministerio Público y, de esa manera, obtener impunidad por parte de las empresas y personas involucradas”. Subraya que además de no profundizar en la investigación sobre la empresa presidida hasta hace pocos meses por Julio Ponce Lerou, “van a existir no solamente aristas que derechamente nunca se habrán investigado, como las vinculadas con Aguas Andinas, BCI, Ripley, Copec y otras que habrían incurrido en estas mismas conductas”.

Críticas a la decisión

El diputado Leonardo Soto (PS) subraya a este medio que “el SII debiera contribuir en esta guerra contra la corrupción y no ser parte de ella», argumentando que la decisión no tiene fundamento. Por ello, respalda la postura del MP.

Daza, en tanto, recrimina que “estamos frente al ejercicio abusivo y arbitrario de una facultad potestativa del director del Servicio de Impuestos Internos”, cuya gravedad democrática sería que “no tiene por finalidad el interés público, sino más bien anteponerlo frente al interés particular de un grupo de personeros políticos”. En su impresión, el fin que se persigue es “garantizar impunidad» para los involucrados, impidiendo que “un organismo autónomo como el Ministerio Público pueda esclarecer toda la verdad de lo sucedido» y así establecer si hay responsabilidades criminales.

El abogado agrega que habría un “atentado burdo” en contra del principio constitucional de igualdad ante la ley y concluye que la situación «puede ser calificada como de corrupción para los efectos de poder tapar otros actos de corrupción”.

Enemigos de la verdad

Diversos hitos permiten hacerse una idea de cómo se fue cerrando la opción de la verdad.

En primer lugar, las presiones ejercidas en contra del ex director del SII, Michel Jorrat que, a su vez, también se tradujeron en presiones hacia el ex subdirector jurídico de la institución, Cristián Vargas. Éstas han sido descritas en las declaraciones que el primero realizó ante la Fiscalía y que han sido recogidas, entre otros, por las investigaciones de Ciper y de Daniel Matamala en el libro Poderoso Caballero. El peso del dinero en la política chilena.

Jorrat no solo había participado de la campaña de Bachelet. También había sido convocado a la misma por quien ejerció, una vez en el Gobierno, como responsable político de su gestión, el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas, y había boleteado en ese contexto para una de las empresas investigadas, A&N, que utilizaba para recaudar fondos el operador PPD Giorgio Martelli.

Las presiones hacia Jorrat se habrían efectuado desde el Ministerio del Interior durante 2015, encabezadas por Rodrigo Peñailillo y ejecutadas por la jefa de gabinete de Arenas, Andrea Palma. Y ellas pretendían que la investigación de la arista SQM no prosperara y que no se destapara olla alguna previa al cambio de gabinete que, por esos días, ya era un secreto a voces.

Luego de que se realizara tal cambio de gabinete y de que Jorrat, de todos modos, presentara las querellas gracias a la firmeza del subdirector jurídico que se impuso a la ambigüedad del director, ambos fueron destituidos por el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés. “La decisión se tomó en el comité político” declaró a The Clinic el mismo Jorrat.

Antes de tal destitución, circuló entre los parlamentarios un escrito que sintetizaba la “doctrina” del SII. Ella indicaba que su función, lejos de ser persecutora, era la recaudadora, por lo que no era de interés del SII esclarecer delitos, sino juntar plata. El autor del texto, que fue parte de la presión para que Jorrat omitiera querellarse a nombre del Servicio, no fue otro que Ricardo Escobar.

El personero, si bien fue anteriormente director del SII, también es socio del estudio de abogados de Julio Ponce Lerou, quien a su vez es dueño de la investigada SQM. Además, cuenta en su destacado currículo de antecedentes ser director de Aguas Andinas, abogado de los directivos de La Polar y del Grupo Laureate, además de ser sobrino del ex Presidente Ricardo Lagos Escobar.

Tal doctrina fue validada por el director que fue nombrado luego de la salida de Jorrat, y que también participó antes de la Fundación Dialoga, Fernando Barraza. En su primera entrevista publicada en noviembre de 2015 en Diario Financiero, éste indicó que la misión del SII era la recaudación.  El 16 de abril de este mes, en tanto, confirmó que descartaba presentar querellas.

Por su parte, el responsable político, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, ha respaldado esta política en dos momentos cruciales: primero, forzar las salidas de Jorrat y Vargas en 2015. Luego, la presente semana, a la salida de la inauguración del año académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, declaró que “contagiarse” con “temas de corto plazo” que tienen aristas distintas de la recaudación -que es lo central para el Servicio- “es un error”.

Por último, destaca la anuencia del Ejecutivo en esta materia, que rechazó la petición del Fiscal Nacional (ver siguiente subtítulo) de ampliar las atribuciones del Ministerio Público para conquistar cierta autonomía persecutoria, en particular respecto del SII. En ese sentido, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, sentenció esta semana: “cualquier comentario que vaya en la línea de poner en entredicho nuestro sistema tributario hay que mirarlo con mucha prudencia y delicadeza. El Servicio de Impuestos Internos hace su tarea que es recaudar recursos para el fisco”.

Caminos recorridos para esclarecer los hechos

Para aspirar a que las informaciones fundamentales de la relación entre el gran capital, la política y el Estado, se transparenten, hay distintas hipótesis puestas sobre la mesa. O, puesto de otro modo, es una lucha que se libra en variados frentes, principalmente desde el propio Estado. El mismo que ha demostrado, hasta hoy, ser parte del problema y desde el cual no emerge con nitidez una opción.

Un actor protagónico es el Ministerio Público. El Fiscal Nacional Jorge Abbott, realizó una interpelación a la Presidenta Bachelet. Durante la cuenta pública realizada a comienzo de semana, demandó “que se nos den las herramientas que nos permitan ir en reparación de la ofensa contra el bien común. Cuando hay áreas vetadas al Ministerio Público en materia de persecución de delitos tributarios, colusión o delitos electorales, creemos que se está transgrediendo el principio de igualdad ante la ley”.

De paso, cuestionó la doctrina recaudadora del SII al apuntar que “es debatible que ante un caso de financiamiento ilegal de la política el objetivo sea únicamente recuperar tributos”.

En tiempo récord, al día siguiente el Ejecutivo ahogó esta demanda (ver subtítulo anterior). Y el fiscal Carlos Gajardo, irónico, publicó en Twitter un mapamundi que destacaba a Chile, bajo el texto “Está bueno este mapa. Muestra los países en que no se pueden perseguir los delitos tributarios, de colusión y electorales sin denuncia previa”.

Desde el ámbito social y político, el Frente Amplio también se pronunció y desplegó una iniciativa a través de la precandidatura del sociólogo y panelista Alberto Mayol, quien presentó un requerimiento a Contraloría para que instruyera un sumario. Mayol agregó una carta abierta dirigida al ministro Rodrigo Valdés, pidiendo la renuncia del director del SII, Fernando Barraza.

Por su parte, la Contraloría emitió un dictamen el 21 de abril que sugería una crítica al Servicio. En ella, la entidad si bien reconoce la “atribución discrecional del Director del SII”, apunta que “resulta indispensable que las decisiones que adopte en la materia tengan un fundamento racional, ya que conforme al principio de juridicidad es importante que estas no obedezcan al mero capricho de la autoridad sino a criterios objetivos”.

Dicho dictamen, sin embargo, tiene límites, según señala el diputado socialista Leonardo Soto. “La Contraloría no analizó si era correcta o no la decisión del SII”, sino que se limitó a indicar que estaría fuera de forma “una decisión caprichosa”.

Soto toma otro camino a partir de su posición en el Congreso. En primer lugar, plantea ser impulsor de una “sesión especial en la Cámara de Diputados” que será convocada “con el solo efecto de analizar la conducta y la decisión del SII en esta materia”, la que se llevaría a cabo el 10 de mayo a las 16.30 horas. Soto asegura: “vamos a tener la oportunidad de tener sentados en la Cámara al mismo director del SII y a personeros del Ministerio Público, y vamos a iniciar un debate público en el que se nos explique de verdad cuáles fueron las razones por las cuales el SII negó presentar querellas”.

A partir de ello, espera “lograr tramitar una ley que impida que el SII tenga la última palabra en esta materia y le entregue al Ministerio Público la atribución de decir hasta dónde y a quién se investiga”. Junto con ello, señaló que pondrán en tabla un proyecto de ley que busca quitar la atribución exclusiva al Servicio.

Hasta el día de hoy, pareciera que la articulación político-empresarial tiene al Estado más a su favor que el contrapeso que dentro del mismo pudieran hacer las instituciones fiscalizadoras. La captura estatal será un tema de debate en la sociedad civil, sobre todo en contexto de elecciones presidenciales. Hoy por hoy, la pregunta no es cómo conquistar un cupo en el Estado, sino cómo democratizarlo.