Ante la dimisión del seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza, quien adujo “motivos personales y familiares” para haber tomado dicha decisión, las organizaciones y personas que han enfrentado la prepotencia del Gobierno y de CGX, empresa dueña del proyecto Termoeléctrica Castilla, consideraron el acto como una “evidencia más” de que el seremi de Salud sólo fue un “operador” de Castilla.
Fabiola Flores, vocera de la Mesa Social de Totoral, manifestó que “toda la discusión que se dio en torno a si la termoeléctrica era “contaminante” o “molesta”, fue estéril en el entendido que este señor Baeza, asumió el cargo con un solo objetivo: aprobar Castilla a cualquier costo y renunciar”.
Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), apoya esa tesis y sostiene que “hoy día podemos decir que Baeza es un operador de la Termoeléctrica Castilla que estampó su firma porque tenía un mandato del ejecutivo o quizás de la misma empresa. Eso está por verse”.
Nicolás Baeza fue ampliamente cuestionado por recalificar la evaluación que había de la planta energética. Tras la decisión de Baeza de cambiar de “contaminante” a “molesto” el emprendimiento energético, el renunciado seremi de Salud permitió la aprobación de Castilla pese a la amplia oposición que existía de diversos sectores de la región de Atacama.
Fabiola Flores, insiste en que “pese a las intervenciones de la empresa en la zona para mermar la oposición, la resistencia al proyecto continúa, porque Castilla es la muerte de nuestro querido Totoral, porque no lo permitiremos aunque digan que nos van a mitigar. La contaminación de una termoeléctrica no se mitiga, simplemente se evita a toda costa y en eso estamos nosotros”.
Cuenca en tanto denuncia que en este último tiempo, la empresa CGX ha fomentado la división del pueblo, ha estado presionando a que los mismos comuneros motiven a sus mismos pares para que dejen de oponerse al proyecto, y eso se sabe cuando se inicia, pero no cuando termina”, sostiene. El director de Olca recuerda el caso de la comunidad de Mehuín en donde Celco incurrió en esos actos y los mismos pescadores se pelearon llegando a usar palos y otros elementos contundentes para amedrentar a la oposición al proyecto. El ambientalista sostiene que esto “hay que detenerlo ahora porque más adelante puede ser demasiado tarde”, concluye.
Esta estrategia de la empresa la ha comenzado a implementar en momentos en que se espera que la Corte de Antofagasta se pronuncie sobre dos Recursos de Protección que interpuso la comunidad de Totoral con apoyo jurídico de Olca. También hay recursos administrativos que buscan determinar la responsabilidad personal que Baeza tendría como máxima autoridad en Salud por arbitrariedades e irregularidades en el proceso de aprobación ambiental de la termoeléctrica.
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