Historia de un sistema que nadie quiere

El 75% del dinero de las jubilaciones argentinas está invertido en títulos y acciones que vienen cayendo desde 2007 y se desplomaron con la crisis. De los 445.000 beneficiarios del régimen de capitalización, el Estado debe poner dinero en el 77% de los casos, ya que las AFJP se comieron su dinero.

Creado en 1994, durante el mandato de Carlos Menem, el sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), fue defendido como mecanismo para fomentar el mercado de capitales en Argentina. Hoy sólo el 1,5 por cuento de los fondos están en acciones de empresas argentinas.

Se estima que el fondo que controla el sistema previsional argentino alcanza los U$ 30.000 millones, incrementándose a razón de unos mil millones de pesos argentinos mensuales. El 75% del dinero de las jubilaciones privadas está invertido en títulos y acciones que vienen cayendo desde 2007, aumentando su caída durante septiembre y octubre.

Según señala el periódico Página 12, de las últimas 70.000 personas que ingresaron al mercado laboral, 63.000 (el 90%) optaron por el sistema de reparto y sólo 7000 (10%) eligieron las AFJP.

Las prácticas cotidianas de los argentinos también dan cuenta de que no les gustó el sistema copiado de Chile. Casi 2 millones de trabajadores se trasladaron el pasado año del sistema de capitalización individual al Sistema Público de Reparto, luego de que el Congreso reformó la legislación que había mantenido cautivos a los cotizantes durante 11 años.

La reforma fue promovida por el ex presidente Néstor Kirchner para impedir el naufragio del sistema privatizado por Menem, según las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Banco Mundial (BM), para difundir el sistema inaugurado en América Latina por la dictadura de Pinochet.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), elaboró un documento titulado Las promesas incumplidas del Régimen de Capitalización, el que hace referencia a que el sistema privado no amplió la cobertura previsional como fue previsto debido a que el número de jubilados y pensionados bajó de cerca del 60% al 47%.

De los 445.000 beneficiarios del régimen de capitalización, el Estado debe poner dinero en el 77% de los casos.

Las pérdidas del sistema

Actualmente aportan a las AFJP unos cinco millones de personas y al Estado unos 3,5 millones.

Según detalla Página 12, en agosto de este año los cinco millones de afiliados depositaron en las AFJP, 1021 millones de pesos argentinos. El fondo total acumulado en julio era 98.422. Pese a que la lógica indicaría que el acumulado de agosto debería ser de casi de 100 mil millones, el total alcanzó los 97.920 millones de pesos. O sea, 500 millones de pesos menos, pese a los 1021 que se sumaron. La pérdida se explica por la caída del valor de las acciones y bonos en los que las AFJP invirtieron el dinero de sus afiliados.

La rentabilidad de las AFJP fue cayendo cada mes este año, según los datos de la  Superintendencia de AFJP. La rentabilidad real anual promedio en enero cayó un 1,28 %; en febrero, 1,75 %; en marzo, 0,82 %; en abril, 4,70 %; en mayo, 7,12 %; en junio, 8,66 %; en julio, 10.08; y en agosto; 6,43 %. Con el derrumbe de los mercados en septiembre y octubre estos números empeorarán.

Según la agencia de noticias DyN, las AFJP disponían a fin de septiembre de un total de casi 100 mil millones de pesos en inversiones. El valor cuota cayó durante todo el mes de septiembre un 4,43%, mientras que la pérdida patrimonial fue de 8,19% durante todo el presente año. En 2001, la caída de valores había sido del orden de 10,5%.

En Chile, país ensayo del sistema de cotización individual obligatorio, desde el inicio de la crisis el 25 de julio del 2007 y hasta el 30 de septiembre del 2008, los fondos de pensiones habían perdido 20.037 millones de dólares de hoy, que equivalen a un -18,97%, según informa el Centro de Estudios Económicos Alternativos (CENDA). El fondo A ha perdido un -28,35% y el B un -22,40%. Solo el E no ha perdido en el período. Según la propia Superintendencia de AFP, el 86% de las pérdidas del primero y el 82% de las del segundo se originan en el extranjero.

Carga para el Estado

El sistema de las AFJP también dejaba una poderosa carga al fisco, que cada año aumentaba más sus recursos para que los jubilados del sistema privado tuvieran el mínimo para poder subsistir.

A 33.000 personas jubiladas por AFJP el Estado argentino les tiene que pagar el 100% de su jubilación, al haberse acabado sus fondos cotizados. A otros 220.000 personas les paga la mitad de la jubilación y a otras 100.000 personas les paga una fracción más pequeña. Sólo un 23%  de los jubilados (unas 103.000 personas) cobra exclusivamente su pensión a las AFJP.

Así, la conclusión que sacó la mandataria argentina es que con el tiempo, con la jubilación de cada vez más personas, el dinero a desembolsar por las AFJP será mayor, ampliándose la curva de los que dependen del sistema y reduciéndose la de los que aportan. Como las aseguradoras ya han demostrado que no tienen para pagar a todos los que les cotizaron, el Estado tarde o temprano debiera hacerse cargo.

Historia de un fracaso

Argentina tuvo hasta el año 1994 un Sistema Nacional de Previsional Social hecho sobre la base de un pacto de solidaridad intergeneracional que financiaba las jubilaciones de los adultos mayores y ancianos con el aporte de quienes trabajaban.

Pero las presiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional que propagaban las medidas neoliberales ensayadas en Chile, convencieron al presidente Carlos Menem y a su ministro de Economía, Domingo Cavallo para instalar el sistema de ahorro individual

A diferencia de Chile, en donde los cotizantes están cautivos de las AFP, en Argentina quedó un sistema mixto, en donde el régimen de reparto quedó con un papel reducido. La publicidad, presiones empresariales y la crisis de lo público lograron que la mayoría de los argentinos decidiera cotizar en las recién creadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Según detalla Página 12, un informe elaborado el año pasado por los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, acusa que desde la instauración del régimen privado de capitalización de fondos de pensión, las AFJP habían recibido 93.870 millones de pesos (valuados a los precios de 2006) y se quedaron con 30.789 millones en concepto de comisión (32,8%). De esta cifra, 10.388 millones fueron a sus empresas vinculadas de seguro de fallecimiento e invalidez, 10.141 millones a gastos comerciales (cuyo mayor componente es la retribución al personal de ventas, gastos varios e ingresos brutos), 8285 millones a gastos administrativos (que incluye remuneraciones al personal administrativo y directivo, gastos de computación, depreciación de bienes de uso e impuestos), quedando 1975 millones de pesos de utilidad neta.

Con el resto del dinero se dedicaron a especular financieramente con resultados catastróficos para el trabajador y cuando la crisis económica de fines de los ’90 se agudizó se convirtieron en prestamistas del gobierno a tasas usurarias. Le llegaron a prestar al Estado hasta el 75 por ciento del dinero que administraban, el cual terminó siendo canjeado por préstamos garantizados cuando se declaró el default de la deuda pública.

Lozano destacó en su informe que con toda esa masa de recursos que las AFJP captaron desde su nacimiento, se podría haber financiado un aumento a los jubilados de 27 por ciento anual promedio desde la instauración del sistema privado.

El trabajador no tuvo demasiadas opciones frente a esta estafa descomunal articulada entre el Estado y los bancos, pues si bien el sistema era mixto, quienes comenzaban a aportar tenían apenas 30 días para optar por quedarse en reparto y si no lo hacían eran derivados a capitalización y nunca más podían volver a elegir.

Todo este andamiaje fue presentado como una modernización del sistema previsional, acompañado de promotoras entregando llaveros, regalos y calendarios en sus visitas diarias a los distintos centros de trabajo.

Pese a las presiones del BM y del FMI, sólo 17 países instauraron un sistema previsional donde el régimen de capitalización privado de fondos de pensión fue de carácter obligatorio o voluntario: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Bulgaria, Federación Rusa, Kazajstán y Ucrania. Todos son países subdesarrollados.

Durante la vigencia del régimen de capitalización también creció de manera exponencial el número de personas sin cobertura previsional en todo el mundo. En 2003, el propio Banco Mundial estimaba que existían 1.217.568 personas mayores de 65 años, un 35 por ciento de ese sector poblacional, que no cobraban jubilación ni pensión. Además, las proyecciones indicaban que en el 2025 los desamparados representarían el 56 por ciento de los mayores.

Si bien el Banco Mundial argumentó que esto es por la imposibilidad de acreditar aportes en un contexto de alto desempleo y trabajo en negro, también influyó la reforma previsional propiciada por el propio Banco Mundial en 1993 que elevó la edad de jubilación en 5 años y aumentó los años de servicio requeridos de 20 a 30 años.

En Argentina, para salir de la crisis futura del sistema de pensiones, el gobierno de Néstor Kirchner lanzó el 2004 una moratoria previsional que benefició a casi 1,5 millón de personas, elevando la cobertura previsional por encima del 80 por ciento de la población en edad de jubilarse. Uno de los porcentajes más altos de la región, pero al que se llegó sólo de la mano del Estado.

Leonardo Fabre, dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), recuerda hoy que “los políticos y dirigentes de todos los sectores apoyaron y difundieron la privatización del sistema y ahora estos están escondidos bajo la cama luego de haberle hecho tanto daño al país y al pueblo argentino”.

Mauricio Becerra R.

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