Una bomba molotov fue a dar contra una ventana de La Moneda; y en ese incierto territorio entre el gesto y el incendio, estallaron los discursos llamando a más control social por parte del Gobierno. Afloraron tópicos como la aplicación de mano dura. Así fue que el mismo día de la protesta educacional nos desayunamos con un grupo de okupas, acusados de fabricar bombas molotovs y tener literatura anarquista; muchas calles de Santiago prohibidas para cualquier expresión ciudadana y la militarización de la policía.
La casa de brujas se echó a andar y todo chico vestido de negro y encapuchado es el enemigo público número uno de los noticiarios de televisión. Para otorgar una dosis de sensatez a la discusión, conversamos con el criminólogo Paolo Scalia, quien junto a un grupo de profesionales acaban de inaugurar el Observatorio Chileno del Control Social Punitivo. Mientras Scalia entra y sale de las prisiones, «ya que estoy en una investigación acción a través del diálogo con los presos y presas sobre sus necesidades», según comenta; en la tele la molotov sigue humeante.
-¿Qué crees que falta señalar en la discusión producto de la molotov arrojada a una ventana de La Moneda?
-La protesta ocurrida el día 11 de septiembre evidentemente es un fenómeno social. El problema es que se está planteando bajo la lógica de la emergencia. Si bien, el impacto simbólico de ver una ventana de La Moneda en llamas y la violencia en las calles después, es muy fuerte; ahora se legitima esta lógica y se aumenta la represión institucional. Está justificado mediáticamente y a nivel social, que antes de entender el fenómeno hay que reprimirlo, lo que si bien puede ser efectivo,en un corto plazo puede generar el efecto contrario.
-En estos días se habla de «los encapuchados»...
-Hay jóvenes y ciudadanos detrás de aquella capucha que están manifestando algún tipo de protesta. Algo están pidiendo. No digo que hay que concedérselo, pero habría que tratar de entender, de dialogar, porque la represión sólo va a aumentar la violencia institucional y social.
-En programas de televisión aparecieron pobladores llamando a la autoridad a sacar los militares a la calle, las noches del 11 de septiembre. Llama la atención este llamado, considerando que ellos mismos en décadas pasadas sufrieron este tipo de represión.
-Eso señala que antes de todo hay miedo. Choca mucho escuchar esa legitimación de lo militar como expresión del orden. Pero además del miedo, creo que hay también desinformación. La noche del 11 de septiembre se crea en Santiago, una atmósfera irreal, surrealista, que se respira en el aire. Hay algo aquí que todavía no se entiende, porque es una cantidad de gente, incluso con armas, que esa noche busca el choque con carabineros. Eso creo que nos tiene que preocupar.
-La autoridad ha respondido con mayor vigilancia policial en las manifestaciones ¿qué riesgos hay en ello?
-La militarización que hemos visto en las últimas manifestaciones de ciudadanos, como el paro de los docentes, demuestra que ya no hay capacidad de diálogo. Se ve que los duros entraron a jugar, y el diálogo que se vislumbraba en la voluntad de Bachelet ahora se está solidificando en una mano dura, que no hace otra cosa que enardecer y aumentar la intensidad del conflicto.
-¿Cuáles son los riesgos de ese camino?
-La capacidad de negociar es propia de un Estado de derecho, por lo que si de entrada se manifiesta simbólica y materialmente que aquí no permitimos ninguna salida, esto generará mayor violencia. La presencia absoluta de la policía demuestra que no hay capacidad de diálogo, y el peligro es que aumente el conflicto hasta salirse de los marcos institucionales. Por lo que si frustramos expectativas de resolución de conflictos de esta manera, algo que hoy puede parecer muy racional puede volver a legitimar grupos armados y en ese punto la sociedad se quiebra.
-Santiago, así como muchas otras ciudades, la noche del 11 de septiembre nos recuerda las primeras protestas contra la dictadura. Aunque llama la atención que, si bien aquellas protestas eran convocadas por numerosas organizaciones, hoy no vemos convocantes, ni un discurso detrás de ello; sino mas bien, chicos menores de 18 años, sin discurso político articulado y obedeciendo más bien a un resentimiento social.
-Es irracional a nuestros ojos, pero tiene una propia razón. Y tal vez sea eso el error del llamado a reprimir a «estas hordas de delincuentes», discurso todos estos días escuchado. No le estamos reconociendo razón a un hecho grave, como lo es que un chico de 15 ó 16 años, o sea un hijo de la democracia, una persona que debiera estar acostumbrado al diálogo; espere la noche del 11 de septiembre para salir a combatir contra el representante del orden institucional, que es la policía. Esto es muy alarmante y peligroso. Hay una razón que no estamos entendiendo, por ello hay que acercarse más. Hay resentimiento social y fracturas culturales que nos están marginando, en un país que, no olvidemos, exhibe una gran desigualdad social.
-En lo que hubo consenso, dentro de la clase política, es en el considerar tales manifestaciones como simple delincuencia.
-Es una vieja lógica que se renueva. Es extender la censura social a cualquier grupo que ponga en peligro los intereses políticos, económicos y culturales de los gobiernos. La censura social, al tildar de delincuentes a estos chicos, contribuye a estigmatizar a los agitadores sociales; lo que, insisto, puede legitimar la lógica de jugar hacia afuera, de tensionar el orden institucional. En vez de involucrarlos y buscar formas de expresión, estamos creando un caldo de cultivo de la violencia.
-Tales incidentes también revelan una fractura generacional, porque muchos padres no legitiman lo que sus propios hijos salen a hacer esa noche; además de dar cuenta de severas crisis en el tejido social de los propios barrios.
-Es la pérdida del espacio social donde se pueda hablar y debatir de la vida cotidiana. Debieran fomentarse esos espacios de comunicación, pero este gobierno no se está preocupando de garantizar espacios socioculturales de este tipo. Todo lo contrario: está buscando fondos para construir más cárceles y garantizar la presencia de mil carabineros en las calles. Eso nos está diciendo que en lugar de socializar las políticas criminales se están criminalizando las políticas sociales. Estos chicos de 15 años están pidiendo participación y espacios, y como los padres no son capaces de darlo porque nunca lo tuvieron, se debe fomentar esos espacios.
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
-Un punto de inflexión en el movimiento social, ha sido la movilización estudiantil, ¿ves algo importante en este reciente proceso?
-Este año, luego del intento de deslegitimación de parte del propio gobierno, los estudiantes terminaron por legitimarse como sujeto social. Esta es la fuente de mayor democracia que un país puede tener. Que los jóvenes de 16 años irrumpan en el espacio público para pedir mayor participación es importante.
-Lo que también demostró una miopía tremenda de parte del poder político.
-Si el gobierno no sabe dialogar con estos estudiantes, si sigue creyendo que son adolescentes agitados, que a los 18 años se insertarán en el sistema, nos podemos encontrar en un futuro con muy malas sorpresas. Ellos son hijos de la democracia y quizá entiendan que sus padres no han podido ejercer ese derecho a participar, por lo que ellos inauguran ahora el rumbo.
-Lo que es muy sano para una democracia.
-Por supuesto que lo es tener a los jóvenes diciendo que quieren una mejor educación para todos y no lo están pidiendo desde un panfleto social ni desde una revolución. Están diciendo que si Chile tiene mejores políticas de impuestos sobre el cobre, por ejemplo, este país garantizaría mejores posibilidades de ser un país con gente plena y feliz. Están pidiendo una plataforma común de derechos garantizados a todos los ciudadanos que viven en Chile. Esto es manantial de mayor democracia.
POLITICAS CARCELARIAS
-Tu experiencia como criminólogo ¿qué te ha permitido escudriñar en las actuales políticas penales de Chile?
-Chile es el país que tiene la tasa más alta de presos por cada 100 mil habitantes. Estamos hablando de una tasa de 238 presos por cada 100 mil habitantes, en una media de 140 presos en Latinoamérica y Europa. Tenemos 26 mil plazas en las cárceles chilenas y hay 42 mil presos. Además, el Estado neoliberal está concediendo la administración de las cárceles a privados, lo que implica que podemos terminar como Estado Unidos donde hay 700 presos por cada 100 mil habitantes y donde las cárceles han sido privatizadas y cotizan en la bolsa de comercio. Desde 1990 a la fecha hay un aumento de los ingresos penitenciarios, alarmante.
-¿Sirve esta lógica penal?
-Hace más de 40 años fue demostrado que las cárceles son fábricas de delincuentes. A más cárceles, más delincuentes, como ocurre en Estados Unidos; donde, ante el fracaso, el discurso habla hoy de la neutralización. Ya no se piensa que la cárcel puede rehabilitar, reeducar o reinsertar socialmente. La cárcel hoy por hoy sirve para neutralizar a sujetos marginados, los que de seguro van a ser seleccionados como clientes del control social punitivo, pagado todo a cuenta del Estado.
-¿Cuál es la tasa de reincidencia entre quienes han estado presos?
-La cárcel en el mundo tiene una tasa de reincidencia de 60 o 70%, lo que señala que la cárcel es una universidad del delito. Desde la lógica de la neutralización, esto podría ser un éxito, porque están sabiendo seleccionar a los clientes. Pero hay que tener cuidado, porque esto es muy perverso ya que el horizonte de la neutralización es la pena de muerte.
-¿Qué efectos tiene entonces hoy, que los medios estén mostrando con alarma, el hecho de que los jueces dejen con medidas cautelares a quienes son sospechosos?
-Es riesgoso. Hoy ves que la discusión habla de penas de cárcel lo más dura o lo más extendido posible, y los jueces garantistas son enemigos públicos a nivel político. Es decir, el delincuente se tiene que pudrir en la cárcel. Esa es una lógica peligrosísima porque aumenta la violencia adentro y afuera, no nos olvidemos que cada preso tiene afuera familias, parientes, un barrio ¿qué va a pasar en esos territorios?
-¿Hay otras medidas?
-Hay que perseguir la reinserción, no a través de la cárcel, sino a pesar de ella. Es darles la posibilidad de un microemprendimiento y reinserción social que empieza adentro, pero termina afuera a quienes han delinquido. Sólo así se garantizará que no haya reincidencia. No podemos seguir legitimando esa idea de un espacio aislado y cerrado, sino que la sociedad civil tiene que hacerse cargo, ya no desde una óptica voluntaria asistencialista, sino que despertando las habilidades y aptitudes del mismo preso para hacerse cargo y comprometerse con su vida.
Mauricio Becerra