El «bullyng» que hace el Estado

El martes 26 de julio el ministro de Educación, Felipe Bulnes, participó de la discusión del proyecto sobre violencia escolar en la Comisión de Educación del Senado. En esa misma actividad llamó a los padres de los estudiantes secundarios para que llamen a sus hijos a la “racionalidad”. Sin embargo, en la misma sociedad de responsabilidad, la que busca sancionar el “bulling escolar”, según las palabras del ministro, los casos de “bulling” por parte del Estado contra de los jóvenes suman y siguen.

Así, el lunes 25 de julio, seis estudiantes secundarias fueron obligadas a desnudarse en un furgón policial luego de ser detenidas frente a las oficinas de la Unicef. Laura Ortiz, vocera de la Aces, esposada y golpeada. No fue un hecho aislado. El 26 de junio, otro grupo de estudiantes universitarias fueron obligadas a desnudarse en la 2ª Comisaría de Puerto Montt. Podríamos seguir enumerando los casos de abuso policial contra jóvenes estudiantes, particularmente menores de edad. El relato repetiría la obligación de desnudarse, los golpes, los apremios psicológicos y las amenazas. Es el aparato pedagógico del Estado disciplinando cuerpos de niños y jóvenes. Los mismos jóvenes, en su gran mayoría menores de edad, que deciden, entonces, utilizar el último recurso para ser escuchados: La huelga de hambre.

Como muchas otras familias, desde hace unos días, la mía empieza a hablar de la huelga de hambre como el único medio de presión, como el último esfuerzo de los estudiantes secundarios para ser escuchados como actores legítimos y como medio para evitar las medidas represivas de municipios o de sostenedores privados, una vez que las tomas y paros cesen. Han sido largas conversaciones en casa: Nuestra posición, la de los adultos, es que las huelgas de hambre son una medida política extrema y los niños no debiesen sentirse obligados a exponer su vida y su salud de esa manera.

No obstante, los niños y adolescentes chilenos han sido sistemáticamente violentados, en sus cuerpos y en su dignidad. Una y otra vez en los últimos años. Un abuso sistemático que se expresa también en la cobertura mediática donde, salvo excepciones, se reiteran hechos aislados criminalizando así la legítima protesta. Un abuso que encubre otros abusos: el de los cuerpos policiales, el de los fiscales, el de las autoridades, el de ciertos directores, eventualmente profesores y apoderados.

Y poco o nada dicen los organismos internacionales en cuyas puertas transcurre el abuso.

En este sentido, el que los jóvenes consideren la huelga de hambre, no sólo se debe al autismo de ministros y políticos profesionales. La huelga de hambre no es un acto irracional, es un acto que responde a la racionalidad de la violencia estatal y responde también a la incapacidad de los adultos de reconocer la legitimidad de nuestros jóvenes y, por ende, de solidarizar y asumir nuestras responsabilidades. Y ello, debe interpelarnos de la manera más profunda.

Porque, aun cuando a mi hija le cueste verlo: Los estudiantes han logrado que las personas consideren que es posible pensar en educación pública, de calidad y eventualmente gratuita como algo deseable y posible. Que, a diferencia de lo que consignaban los informes del PNUD hace menos de una década, las personas comienzan a creer que las movilizaciones sí constituyen una acción legítima y necesaria. Pienso, como muchos, que los estudiantes han logrado dotar de contenido, finalmente, la idea de ciudadanía. Pero que ello no se frustre, que ello sea más que una promesa, que sus cuerpos y su integridad no sigan siendo violentados depende de nosotros. Es un imperativo ético. De una vez por todas: Basta de violencia y de represión.

Por María Eugenia Domínguez

Académica del Instituto de Comunicación e Imagen

Universidad de Chile