Este jueves 18 de mayo se llevó a cabo en la fiscalía de Valparaíso la audiencia de cautela de garantías de Giuseppe Briganti Weber, el único imputado por el asesinato de Ezequiel Borvarán Salinas y Diego Guzmán Farías, dos jóvenes que en el marco de una movilización estudiantil del 14 de mayo de 2015, fueron baleados en la plaza Victoria de la ciudad porteña.
Según testigos, la muerte se habría producido por los disparos percutidos por Briganti luego de que algunos manifestantes pegaran un papelógrafo en el frontis de su casa.
Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas, manifestó esta mañana que era “tremendamente doloroso que hayan pasado dos años y aún no se dicte condena. A Diego y Ezequiel los mataron por movilizarse pacíficamente en una marcha estudiantil». «No puede ser que el derecho de la propiedad esté por sobre el de la vida,» señaló el militante PC.
En ese mismo sentido, Alicia Farías, madre de Diego, considera que “dos años es demasiado tiempo para que todavía exista la ambigüedad». «Espero que pronto se dé el veredicto de la sentencia. Yo pido más de 20 años para el asesino porque a mi hijo no lo puedo ver nunca más», dijo la mujer, quien aprovechó de denunciar que «hay muchos intereses creados». «Me llama la atención que para la reconstitución no llamaran a los principales testigos, a pesar de que ellos estaban ahí. Hay algo más detrás de esto. Pero yo soy del pueblo, como mi hijo que era un luchador. No tengo dinero y no puedo hacer mucho”, apuntó Farías.
Al respecto, Abner Borvarán, padre de Ezequiel, señaló que “mi hijo murió por defender la educación, por lograr una mayor calidad. Los estudiantes lo necesitan. Bajo ese objetivo mi hijo estuvo en esa marcha y fue baleado por un muchacho loco, de una familia de dinero. No hay respuestas para justificar tal acto».
Borvarán declaró junto con ello que «estamos dolidos, tristes y desilucionados porque el proceso del juicio tiene mano negra, con movimientos extraños. Es muy largo, siendo que hay pruebas contundentes, con testigos presenciales. Dilatar y no aceptar la responsabilidad es la estrategia de la defensa para bajar la pena, pero no es real. Las pruebas son fehacientes y contundentes”.