Defensoría Popular: Negligencia e irresponsabilidad

Iré directo al grano.

En abril de 2010, concurrí a la oficina de la Defensoría Popular, que en ese entonces estaba en Avenida Diagonal Paraguay. Allí me entrevisté con mi amigo el abogado Washington Lizana Ormazábal y con la procuradora María Magdalena Rivera Iribarren -quien se desempeña como coordinadora del organismo, a quien no conocía-. Ambos se comprometieron a tramitar las prescripciones de mis causas judiciales y el levantamiento de las órdenes de arraigo que pesan en mi contra. Se trata de procesos en las Fiscalías Militares que datan de 1991 y 1996. El 8 de abril de 2010, María Rivera me informó por e-mail que había concurrido a la Cuarta Fiscalía Militar y que para resolver mi situación era necesario que les firmara un mandato judicial (“para que lo tramitemos nosotros… mientras antes se haga más rápido lo tramitamos todo” -decía textual en su correo electrónico)-. En otro e-mail, me señalaba: “Solo te contaba la primera «ida» a la fiscalía”…

Pero la “primera ida” se convirtió en la única…

Desde enero de 2011, he enviado e-mails a María Rivera Iribarren y a Washington Lizana Ormazábal para que me informaran qué había sucedido con los trámites de las prescripciones de mis causas.

Durante meses no me contestaron y, cuando lo hicieron, no obtuve una respuesta satisfactoria a mi pregunta: “¿Qué ha sucedido con las prescripciones de mis causas y qué trámites se han hecho?”

No obtuve respuesta a pesar de haber enviado más de veinte comunicaciones vía e-mail entre enero y marzo del presente año.

Tras cumplirse un año del “trámite” y sin respuesta satisfactoria a mis consultas, debí concurrir personalmente a la oficina de la Defensoría Popular, ahora en el pasaje Nueva Amunátegui, para que mi amigo y abogado Washington Lizana me informara su versión de qué era lo que había sucedido con mi caso. Washington asumió hidalgamente la “irresponsabilidad” que la Defensoría Popular cometió conmigo y me señaló que “el trámite ya debería haber sido resuelto si no hubiese sido por negligencia, desidia e irresponsabilidad”.

Pero han pasado cuatro meses más desde que Washington asumió su cuota de responsabilidad en esta lamentable e inexcusable negligencia, que me ha causado graves perjuicios.

Un trámite que debió demorarse entre dos y seis meses, si hubiese sido hecho con acuciosidad y prontitud, lleva ya un año y cuatro meses sin resolverse…

Debido a la inexcusable negligencia de la Defensoría Popular he debido rechazar invitaciones que me han hecho compañeros para viajar a Argentina, Perú y Bolivia.

Aunque el perjuicio más grave ha sido la decepción.

Confiaba en que, tras la conversación con mi amigo y abogado Washington Lizana, hace cuatro meses atrás, se harían los trámites y se resolvería el asunto. Sin embargo, aún espero que la Defensoría Popular me dé una explicación oficial, por escrito, de lo que ha sucedido con mis causas y por qué no se hicieron los trámites.

¿Por qué deberían haber atendido mi solicitud?

La Defensoría Popular se comprometió a resolver, al más breve plazo, mi situación judicial, se convino un pago por los servicios que me prestarían, firmé un mandato judicial en una Notaría que los faculta a tramitar mis causas judiciales… Cualquier abogado que se precie de serlo debe una explicación a su defendido de lo que ha hecho -o dejado de hacer- y el por qué de sus actuaciones.

Desde hace cuatro meses que les he solicitado esa explicación, pero aún no la he obtenido.

Mi amigo y abogado Washington Lizana asumió su cuota de responsabilidad y se comprometió a resolver el asunto, mientras la procuradora y coordinadora de la Defensoría Popular, María Rivera Iribarren, me señaló telefónicamente que “nunca tuvo nada que ver en esto”, lo que para mí es una falsedad, una mentira.

¿A quien le podría importar esta situación?

Actualmente, la Defensoría Popular defiende, entre otros, a jóvenes acusados, estigmatizados y criminalizados injustamente, a quienes el Ministerio Público, las Fiscalías y en definitiva el Gobierno, intentan por todos los medios condenar a penas altísimas, que incluyen cadenas perpetuas… Si estos abogados y procuradoras no son capaces de resolver trámites judiciales de fácil resolución, si adquieren compromisos que luego no cumplen o desconocen por negligencia, irresponsabilidad, flojera o lo que sea; si, además, no son competentes para dar una explicación razonable de sus actos, omisiones y compromisos… ¿Podrán resolver situaciones judicialmente mucho más difíciles?

¿Serán capaces de defender con prontitud y diligencia a quienes lo necesitan?

Son dudas legítimas y razonables, más aún tras saber -de boca de algunos familiares de los imputados en el mal llamado “Caso bombas”- que muchos tienen fundadas dudas sobre lo hasta ahora realizado por los defensores, que sí han sido -y hay que reconocerlo-, muy buenos “activistas”.

Si son incapaces de resolver trámites pequeños y de dar una explicación, ¿estarán a la altura de las circunstancias para defender a quienes tienen todo un siniestro aparataje político-mediático-judicial en su contra? ¿Estarán estudiando el caso, las miles y miles de fojas y tomos que ya se han acumulado, asimilándolos para hacer no un buen papel sino el mejor papel?

Por el bien de esos muchachos, sus familias, amigos y compañeros, yo espero que sí.

Por Arnaldo Pérez Guerra

Historiador y Periodista. Ex preso político.