El día de hoy, en el marco de una nueva convocatoria de los actores sociales por la educación pública a manifestarse tras la respuesta emanada del Ejecutivo en relación a las demandas presentadas en las Bases para un Acuerdo Social por la Educación, hemos sido testigos de una desmedida e inexplicable represión ejercida por parte de Carabineros por orden del Gobierno.
El Gobierno, a través del Ministro del Interior, ha rechazado cualquier posible manifestación, arguyendo que éste no es el momento de movilizarse, sino de negociar. Lo cierto es que los avances del movimiento social no habrían sido posibles sin las manifestaciones de por medio, ya que la llamada nueva forma de gobernar, se ha basado en el diálogo inútil donde el Gobierno sólo insiste en avanzar con su política sin negociar la más mínima coma.
Los actores sociales y ciudadanos que han desarrollado las más importantes movilizaciones en defensa de la educación pública de nuestro país, han sido categóricos en plantear que no habrá negociación sin movilización. Es por ello que hoy, cuando vemos la desproporcionada represión policial contra el movimiento social, nos queda el sabor amargo de sentir que hemos retrocedido 30 años en la historia.
Sabemos que la razón de la autoridad para evitar la movilización social es el miedo y la crisis política que ha alcanzado su gobierno. Mientras convoca a la unidad nacional y a dialogar, enfrenta como en los peores tiempos de nuestra patria, el legítimo derecho de manifestarnos pacífica y alegremente como ha sido la tónica de nuestras marchas. Todos los incidentes que se han producido en nuestras convocatorias, ocurren al finalizar los actos y con provocaciones de por medio.
Responsabilizamos al Gobierno y a su Ministro del Interior del caos que se ha desarrollado hoy, de los desmanes y la violencia innecesaria. Los responsabilizamos de crear terror, ese mismo que tuvo a nuestro país sumido en 17 años de oscuridad dictatorial. Mientras sostiene la defensa de la ciudadanía y los locatarios del sector, hoy con la excesiva violencia que ordenaron, los costos para ellos fueron mucho mayores que cuando hemos desarrollado nuestras marchas.
Los actores sociales y el Colegio de Profesores rechazan la forma en que el Gobierno ha manejado el conflicto y la represión brutal creada por la autoridad a través de los órganos de represión que tienen a su disposición. El mundo social demostró el día de hoy que no se dejará amedrentar, que seguirá a pie firme en la lucha por la recuperación de la educación pública y la democracia en nuestro país y que si el Gobierno pretende enfrentarnos de esta forma, lo único que conseguirá es un estallido social de imponderables consecuencias.
Hacemos el llamado a respetar la Constitución Política de la República, la cual en su artículo 19, numeral 13, establece el “derecho a reunirse sin permiso previo y sin armas”. Hoy se nos restringió el derecho constitucional de reunirnos sin permiso previo. Fue imposible concentrarse en ningún lugar.
Carabineros disolvió cualquier grupo pequeño de personas que se encontraran en las inmediaciones de Plaza Italia, rompiendo con ello uno de los principios básicos de cualquier democracia. Fue el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien actuó fuera de la Constitución.
Reafirmamos el camino de movilización y toda convocatoria posterior a manifestarnos por los derechos ciudadanos; reivindicamos nuestro derecho a ocupar las plazas, las calles, los paseos, porque es la expresión del descontento de los miles y millones de ciudadanos que están detrás de estas manifestaciones.
Llamamos a la autoridad a recapacitar y a aceptar que el diálogo se establece para llegar a acuerdos, no para imponer una idea. Si esa actitud no prima, aseguramos que seguiremos movilizados, porque la educación es de todas y todos los chilenos y porque el país, a diferencia de lo que el Gobierno cree, no les pertenece.
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