Parlamentarios denuncian vulneraciones a los derechos humanos en ‘call center’

Dirigentes de la Federación de Trabajadores de ‘call center’ (FETRACALL) se reunieron con el senador Felipe Harboe(PPD), la senadora Adriana Muñoz (PPD), la diputada Karla Rubilar (IND) este 25 de mayo para denunciar las precarias condiciones laborales en las que se encuentran las trabajadoras y trabajadores en algunos servicios de call center.

En la instancia, los trabajadores del rubro entregaron crudos testimonios, exponiendo denuncias muy graves que atentan contra los derechos humanos: sueldos mínimos, descuentos permanentes por el derecho de levantarse a ir al baño, afectación a derechos de mujeres embarazadas y agresiones físicas a algunos trabajadores, por citar algunos.

Ante la magnitud de los hechos, las y los parlamentarios coincidieron en solicitar una inspección exhaustiva de los ‘call center’ por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, así como también anunciaron el ingreso de indicaciones al proyecto de ley para que se incluya a los trabajadores de dichos servicios dentro del Código del Trabajo.

“No es aceptable que las grandes empresas, que gastan millones en mejorar su imagen, tengan servicios de ‘call center’ que violan los derechos humanos. Esto debe terminar”, apuntó el senador Felipe Harboe.

Precarias condiciones

Una reunión que debía revisar las condiciones en que trabajadores y trabajadores estaban desempeñando sus funciones, se transformó  en una audiencia de aberrantes testimonios del personal de múltiples empresas, denunciando abusos que no se condicen con los mínimos estándares laborales en el país y en el mundo.

Tamara Muñoz, presidenta de FETRACALL, mencionó vulneraciones como el no respeto al derecho a la protección de la maternidad ni a la ley de amamantamiento, además de un sinnúmero de limitaciones que tienen los trabajadores para ir al baño, ya que si exceden el tiempo en éste, pierden sus bonificaciones.

La senadora Adriana Muñoz calificó estas situaciones laborales como de “semi-esclavitud”, al tiempo que informó sobre las indicaciones a un proyecto de ley que firmará junto al senador Harboe y Tuma para incluir al rubro en el Código del Trabajo.

“Es bastante impactante darse cuenta que tenemos compatriotas que literalmente viven la esclavitud del siglo XXI. Se ha invisibilizado a los trabajadores y a sus derechos. Es de lo más brutal que uno ha visto en el último tiempo”, indicó la diputada Karla Rubilar.

Por su parte, el senador Eugenio Tuma (PPD), explicó que era “escandaloso que en los ‘call center’ los trabajadores deban estar conectados permanentemente y no tengan garantizado el descanso, tiempo para ir al baño o la colación, ni dispongan de espacios laborales adecuados para ejercer sus labores”, situación que hace “urgente legislar en la materia para garantizar derechos básicos de las personas”.

La voz de los afectados

Lorena, quien entregó su testimonio durante la conferencia, denunció hostigamiento por parte de la empresa en la que trabajaba durante su embarazo. “El ‘call center’ me quitó las claves por lo que no podía trabajar bien, este tipo de situaciones pasaba con todas las mujeres que quedaban embarazadas, las hostigaban y quitaban sus claves de acceso”.

Alex, dirigente de la empresa Conexia -que presta servicios a Movistar- señaló que ninguno de los trabajadores tiene sus cotizaciones pagadas, razón por la que no pueden tener acceso a créditos. Sumado a ello, las mujeres embarazadas son amenazadas de despido una vez que termina su fuero. “Hay mucho abuso laboral, las personas están amenazadas a no sindicalizarse, hay acosos constantes”, apuntó.

Carolina, quien trabaja para el Call Center del Banco BCI, expuso la exigencia que les imponen en relación al tiempo que deben estar sentados produciendo. “Si se baja esa métrica, se pierde todo el bono correspondiente al tiempo de adherencia. Se les ha enseñado a los trabajadores que esto es normal”, señaló.

Carlos, trabajador del Call Center de Falabella, indicó que la Inspección del Trabajo notificó que la empresa no estaba pagando semana corrida, frente a lo cual ésta prefiere pagar las multas en vez de cumplir con esta obligación. “Tenemos anexos que dicen que si uno se pasa en más de 10 minutos al ir al baño, puede perder su bonificación. La empresa hace oídos sordos a la Inspección del Trabajo y prefiere pagar multas”, dijo.

“Estamos en presencia de una conducta, que es altamente condenable”, sentenció el senador Harboe. “No es posible que a estas alturas del desarrollo tengamos mujeres y hombres que viven condiciones inhumanas de trabajo”, finalizó el legislador.