El presidente brasileño, Michel Temer, retiró este jueves de las calles de Brasilia las tropas del Ejército que había movilizado ante una masiva protesta que demandó su renuncia, pero la presión por su salida aumenta y aviva una incierta crisis política e institucional en el gigante sudamericano.
La protesta que este miércoles llevó a las calles de Brasilia a unas 50.000 personas (aunque también se maneja la cifra de 150.000, según la organización) acabó con graves disturbios y un ministerio parcialmente incendiado, tras lo cual Temer ordenó a las Fuerzas Armadas que se ocuparan de mantener el orden y la seguridad en la capital de Brasil.
Sin embargo, tal como informa La Vanguardia, en menos de 24 horas después de que se apostaran los soldados, y en medio de fuertes críticas que llegaron a comparar la decisión de Temer con los tiempos de la dictadura, hoy la orden fue revocada y las tropas volvieron a los cuarteles. El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, explicó que la retirada se decidió una vez que fue comprobado que habían “cesado los actos de depredación y de violencia, con el consecuente restablecimiento de la ley y el orden”.
Frente a las críticas, Jungmann sostuvo que el refuerzo de los militares era “necesario” debido al “clima de barbarie” y aseguró que el Gobierno de Temer “no tolerará el desorden” y actuará siempre dentro del marco constitucional, para “preservar la vida y la seguridad de las personas”.
Más allá del nuevo desgaste que causó la salida de los militares a la calle, Temer sufre un golpe casi mortal dado por el influyente Colegio de Abogados, del cual es miembro en su calidad de profesional del derecho. Los abogados se dirigieron a la Cámara de Diputados para entregar un nuevo pedido de juicio político contra Temer, que se suma a otros doce ya presentados por fuerzas de la oposición.
El oficialismo brasileño, claramente fragmentado, la voz de la rebeldía la encarna el jefe del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en el Senado, Renán Calheiros, quien abiertamente ha pedido la renuncia del mandatario. No obstante, en esa formación que lidera el propio Temer, hay quien se inclina por esperar un proceso que tramita en la justicia electoral, actualmente suspendido pero que será retomado el próximo 6 de junio y pudiera desalojar al gobernante.
Ese juicio pretende establecer si la campaña para las elecciones de 2014 de la fórmula Rousseff-Temer fue financiada con dinero de la corrupción, lo cual llevaría a anular su victoria y a la destitución del presidente. Temer tendría la posibilidad de apelar esa decisión y prorrogar así su permanencia en el poder, lo cual ha dicho más de una vez que se propone hacer, pero en las alas díscolas del PMDB se cree que, en la actual situación, no tendría otra opción que aceptar el fallo y entregar el cargo.
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