La presidenta Michelle Bachelet ha cumplido en promedio un 58 % de las 37 promesas que realizó durante la cuenta pública de 2016, según reveló este lunes el informe «Del dicho al hecho» de la ONG Ciudadano Inteligente.
«Recogemos las promesas de la última cuenta pública que necesitan un proyecto de ley para llevarse a cabo y medimos su avance. Algunas están ejecutadas al 100 %, otras al 40 %. Así sacamos la media del cumplimiento de las promesas y obtenemos que está al 58 %», explicó Laura Encalada, coordinadora metodológica de Ciudadano Inteligente.
El estudio desvela que de las 37 promesas que Bachelet lanzó la pasada cuenta, un total de ocho se han cumplido completamente mientras que otras 15 están por encima del 50 % del proceso. Además, destaca que en el último discurso, pronunciado en mayo de 2016, la mandataria hizo pocas promesas en comparación con lo hecho en años anteriores, escenario que responde a que el Gobierno de Bachelet encara su recta final.
«Entendemos que el número se ajusta a la mesura propia de estar en el tercer año de gobierno. En años anteriores se suelen hacer entre 50 y 60», insistió Encalada.
Entre las promesas cumplidas, la coordinadora metodológica de la ONG destacó la que sanciona la colusión, la que tipifica la tortura como delito y endurece su pena o la que mejora la distribución de energía eléctrica. «Son un gran avance y una gran respuesta a un contexto muy difícil para gobernar», incidió Encalada.
Al otro lado, la representante de Ciudadano Ejemplar opinó que el Gobierno de Bachelet debió avanzar en el cumplimiento de sus promesas sobre la transparencia en las Fuerzas Armadas. «El Ejecutivo tiene un problema en relación con la transparencia de las Fuerzas Armadas, que incluso ahora ha saltado a los Carabineros. Es algo que está muy en el debe de este Gobierno. También ha faltado alguna acción en la Ley de Pesca. En ese ámbito, se le dio prioridad a los intereses particulares antes que al general», sostuvo Encalada.
Cabe recordar que recientemente se descubrió un fraude en Carabineros, que tuvo lugar entre 2010 y 2015 y consistió en el desvío de más de 25 millones de dólares desde la institución armada hacia cuentas personales de oficiales. En cuanto a la pesca, en noviembre miles de pescadores marcharon hasta Santiago para protestar por la llamada ‘Ley Longueira’, que según ellos privatiza el mar y entrega sus riquezas a las grandes empresas del sector.
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