La Cámara Federal argentina instó al juez Sebastián Casanello a que incluya a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en la investigación por presunto lavado de dinero que mantiene preso desde hace más de un año al empresario adjudicatario de obra pública durante su mandato Lázaro Báez.
«No puede aceptarse que sea solo Lázaro Báez y su entorno particular sobre quienes se cargue la responsabilidad del inusitado capital ilícito y su circulación, desatendiendo la necesidad de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita», resolvió el tribunal.
Casanello investiga supuestas maniobras de Báez y su entorno a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas mediante el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado.
Este miércoles, la Sala II de la Cámara Federal resolvió un recurso presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que cuestionaba la validez de una resolución de Casanello que no hizo lugar al pedido de citar a declarar como investigados a Fernández y al ministro de Planificación Federal (obras públicas) Julio De Vido (2003-2007), entre otros.
Según la resolución, el magistrado había rechazado llamar a comparecer a estos porque el pedido «no describía conductas ni pruebas» y también porque el delito de «asociación ilícita» ya está siendo investigado en otra causa, en la que sí está procesada Fernández, por el juez Julián Ercolini.
Báez, detenido en abril de 2016, fue el principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz y estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) durante su etapa como gobernador de esa provincia.
El caso que lo mantiene en prisión y que dirige Casanello se inició en 2013, aunque dio un giro en marzo de 2016 cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires. Esto derivó en la orden de detener al empresario, quien fue procesado poco después junto a su hijo y otros presuntos implicados en la trama.
En abril del año pasado el fiscal Marijuan pidió investigar también a Fernández en el marco del mismo expediente, pero, hasta el momento, el juez no se ha avanzado en esa línea.