Nacer tras las rejas: La realidad de los niños que viven encarcelados por los delitos de sus padres

«Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares», declara el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño/a, de la cual Chile es partícipe.

El caso de la reclusa Lorenza Cayuhan, quien en noviembre pasado tuvo que parir engrillada y en presencia de gendarmes, dio pie al proyecto de ley «Sayén», bautizado así en nombre de su pequeña hija, poniendo en la palestra la invisibilización de los niños que nacen de madres encarceladas.

«Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo», continúa la declaración de la Convención.

Actualmente, las mujeres privadas de libertad que están embarazadas y quienes ya son madres de niños de hasta dos años, tienen dos posibilidades. Escoger un tutor legal para que críe a su hijo fuera del recinto penal o vivir con el pequeño/a hasta sus dos años. Posteriormente, si no hay quien pueda encargarse de su crianza, los menores pasan a manos del Sename.

La «ley Sayén», en palabras de Joan Navarro, psicóloga y coordinadora del programa Abriendo Caminos Maipú-Cerrillos, de la ONG Enmarcha, busca «enfocarnos primero en la relación de apego con la madre, o sea, la garantía que debe tener ese niño de estar en contacto directo con su madre y en las condiciones adecuadas de salud e infraestructura, y también de las necesidades que surjan a partir de su desarrollo».

«Nosotros verificamos que en las secciones materno infantiles no hay atención de salud para las mujeres y niños, por lo que tienen que recurrir a la salud privada fuera de los centros penales. Hay una garantía de salud que es primordial, es un derecho del niño y no se está cumpliendo, lo que impacta en su desarrollo», agrega la psicóloga.

A lo largo de nuestro país, existen 29 centros penitenciarios que cuentan con la sección materno infantil, en la cual opera el Programa de Atención para Mujeres Embarazadas y con Hijos Lactantes, que se implementó en 2001 a cargo del Sename, pero que desde el año 2015 pasó progresivamente a manos de Gendarmería. Estas secciones, si bien están alejadas del resto de la población penal, «son compartidas por cinco personas con sus cinco hijos, lo que genera bastantes conflictos a partir de cómo logran cumplir sus necesidades», explica Joan.

En ese sentido, el proyecto de Ley Sayén, impulsado por el Senador Alejandro Navarro en conjunto con la Corporación Humana y la ONG Enmarcha, entre otras organizaciones, pretende «pedir medidas no privativas de la libertad en mujeres que están embarazadas o que tienen hijos hasta los tres años, y la improcedencia de la prisión preventiva», explica la psicóloga.

Lorenza junto a su hija Sayén. Créditos: La Estrella

Aunque las secciones materno infantil intenten paliar los efectos negativos en el desarrollo de los niños que deben vivir sus primeros años de vida en la cárcel, la vulneración de sus derechos se hace evidente. La abogada María José Castillo de la Corporación Humanas, explica que «en el caso de las niñas y niños que nacen privados de libertad, se vulnera una de las garantías fundamentales del sistema jurídico que es la de nacer libres, iguales en dignidad y derechos».

«Consideramos que estos niños y niñas no nacen iguales, primero, porque nacen privados de libertad y porque se les restringe una serie de derechos que tienen que ver con vivir en un medioambiente libre, tener condiciones adecuadas para su salud, el poder tener contacto con sus familias, no solamente con su madre, sino que el hecho de estar insertos dentro de un sistema social», continúa Castillo.

Según la ONG Enmarcha que recopiló las únicas cifras oficiales que existen en nuestro país, hay más de 40 mil niños con  padres y/o madres encarcelados, lo que se traduce en que uno de cada cien niños vive esta realidad. «Estas condiciones de crianza, podrían provocar problemas a futuro con su forma de desenvolverse en el colegio e insertarse socialmente, porque al estar durante los dos primeros años privados de libertad, finalmente están solos», finaliza Castillo.