Los puertorriqueños se pronunciarán el 11 de junio sobre la relación política con EE.UU., en un plebiscito sin carácter vinculante que forma parte del programa electoral de Ricardo Rosselló, que desde que se convirtió en gobernador en enero ha dirigido todos sus esfuerzos a la celebración de esta consulta, que fue posible gracias a la aprobación de la Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico (2017).
Rosselló es gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), formación que tiene como razón de ser la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado. Ese particular estatus permite a la isla, gracias a su propia Constitución y Asamblea Legislativa, dotarse de su propio Ejecutivo y cierto grado de autonomía, aunque áreas como defensa, fronteras o relaciones diplomáticas se las reserva Washington.
Rosselló no duda en apuntar cada vez que tiene la oportunidad que Puerto Rico es una colonia y que ese estatus es la razón de los males que aquejan a la isla, entre otros la imposibilidad de pagar su millonaria deuda, razón por la que el Congreso de EE.UU. impuso una entidad de control federal que debe aprobar cualquier decisión de naturaleza financiera que se tome en San Juan, la capital.
El plebiscito, el quinto que se celebra para preguntar a la población sobre la relación política con EE.UU., solo cuenta con el apoyo del Gobierno, ya que la oposición ha pedido el boicot a la consulta. El Partido Popular Democrático (PPD), que desde hace décadas se alterna en el poder con el PNP, ya pidió por parte de su presidente, Héctor Ferrer, a sus simpatizantes que no acudan a las urnas por entender que el Gobierno no tuvo en cuenta a su partido a la hora de elaborar las preguntas.
Por su parte, el presidente del más minoritario Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos, también ha pedido a sus seguidores que no acudan a votar, en este caso por entender que no es razonable que entre las opciones se incluya el actual estatus de Estado Libre Asociado.
La consulta incluye, finalmente, las opciones, en una sola papeleta de votación, de anexión o «estadidad», la «libre asociación/independencia» y el «actual estatus territorial». En caso de que la anexión resultara la alternativa mayoritaria, la ley de la consulta dispone que comenzará de inmediato un proceso de transición para la admisión de Puerto Rico como un estado más de EE.UU. en igualdad de derechos y deberes.
En caso de imponerse la «libre asociación/independencia» la norma dispone que quedará automáticamente convocado un referéndum para el 8 de octubre de 2017 en el que los electores solamente podrán escoger entre las alternativas de soberanía separada de los Estados Unidos con un tratado voluntario de libre asociación o independencia.
El resultado de la consulta del 11 de julio, como las de 1967, 1993, 1998 y 2012, carece de compromiso alguno por parte del Congreso estadounidense.
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