La probabilidad de que se haga pública una versión completa del informe de torturas de la CIA elaborado en 2014 por el Comité de Inteligencia del Senado ha disminuido, luego que el presidente Donald Trump devolviera los documentos al presidente de la instancia, Richard Burr.
Todos los archivos del gobierno estadounidense, incluso aquellos con membrete «clasificado», deben ser públicos bajo la Ley de Libertad de Acceso a la Información (FOIA), sin embargo, la administración ha invocado una serie de argumentos para no cumplir con la norma.
«Esta es una pelea entre el senador Burr, obsesionado con mantener el documento en secreto, y la senadora Diane Feinstein (demócrata), quien dirigió el comité que lo redactó en sus inicios y quien ordenó el envío de las copias a numerosas agencias federales, para que éstas pudieran liberarlas ante a requerimientos de FOIA», señala Antiwar.com
La petición de Burr para detener la distribución de los documentos es «bastante inusual», tanto más como que Trump acceda a ello, agrega el medio.
«El documento de 6.700 páginas vilipendió las políticas de tortura de EEUU tras el 11-S, y concluyó que ningún caso de ataque terrorista fue impedido gracias a la tortura», puntualizó Antiwar, indicando la posibilidad de que ahora los archivos simplemente «desaparezcan».