Así bautizó a Piñera el Financial Times. Sólo en lo que se refiere a materias políticas, puesto que para los negocios es como avión. El sayo le viene. Sencillamente no parece capaz de escuchar lo que centenares de miles de estudiantes, profesores y académicos le vienen diciendo hace meses, marchando pacífica y alegremente bajo el sol, la lluvia o la nieve. Millones se lo vienen recordado a cacerolazo limpio en las últimas semanas. No hay caso. Pensando que se trata de una negociación colectiva, insiste en encalillar todavía más a los estudiantes ofreciendo un par de pesos adicionales que irían a parar directamente a los bolsillos de los bancos y una manga de lucradores con la educación.
¡Escuche Sr. Presidente! ¡No es asunto de platas sino a qué se destinan! ¡Lo que el movimiento exige es algo que conviene y desea todo Chile: que el Estado vuelva a hacerse cargo de la educación y punto!
La sordera del Gobierno puede hacer perder el año escolar. Debe sentarse ahora a conversar seriamente con los actores movilizados. Si lo hace en disposición de escuchar de verdad, no parece difícil consignar las concesiones ya otorgadas y concordar un procedimiento democrático para resolver las diferencias.
El sistema actual de financiamiento de la educación universitaria tiene un mínimo componente de aporte fiscal. Descansa en su mayor parte en el cobro a los estudiantes. Representa una carga ineficiente, injusta e insostenible para estos últimos. Esta situación se agrava con créditos con aval del Estado que la hacen todavía más insoportable, aparte de representar un elevado costo fiscal y beneficios para la banca intermediaria.
Al mismo tiempo, degrada las pocas universidades que cumplen con las funciones esenciales de tales instituciones. Las tiene al tres y al cuatro. Induce su degradación en simples institutos docentes. Estos últimos, en cambio, se multiplican indiscriminadamente y se encarecen sucesivamente para que lucren sus propietarios privados.
El contenido esencial del giro requerido consiste, por lo tanto, en reducir drásticamente los cobros a los estudiantes y asegurar que todos puedan pagarlo. También, condonar parte importante de las deudas existentes.
Con demagogia populista, autoridades han alegado que ello beneficiaría a estudiantes acomodados que pueden pagar. Pues bien, que ellos sigan pagando, nadie está en contra de eso. Pero no a costa de cargar sobre el conjunto el equivalente a la mitad de todos los impuestos a la renta que pagaron todas las empresas y personas pudientes el año 2009. Esa es la magnitud de los cobros actuales de matrículas y aranceles, los que hay que reducir por lo menos a la mitad.
Lo que hoy financian los estudiantes debe ser reemplazado con creces mediante aportes basales a las universidades, especialmente a las estatales y a todas aquellas que tengan carácter público. Se entiende por tales, según la definición entregada por la Fech, a todas aquellas que efectivamente no tengan fines de lucro; realicen actividades de docencia, investigación y extensión; con una planta adecuada de personal académico de calificación elevada a jornada completa; garanticen libertad de cátedra y no discriminen negativamente por ningún concepto, al tiempo que fomenten el acceso de estudiantes provenientes de hogares populares y; garanticen todo lo anterior mediante formas de gobierno interno democrático con participación de los tres estamentos.
Las escuelas y liceos deben volver al Ministerio de Educación. No tiene sentido seguir experimentando con nuevos organismos raros que no dependen de nadie y financiados igual que ahora mediante «vouchers.» Sencillamente, se debería reconstruir un servicio nacional moderno, centralizado y descentralizado al mismo tiempo, que en breve tiempo instale un colegio público gratuito de excelencia en cada barrio de cada ciudad y pueblo de Chile.
Los actuales sostenedores privados amenazan con un acabo de mundo si se pone fin al lucro en educación. Ello es falso. El Estado ya está financiando los sueldos de todos los profesores de los colegios subvencionados, como si les pagaran lo mismo que en los colegios municipales, lo que no ocurre. El Estado sencillamente tiene que asumir directamente la gestión educacional de todo el sector subvencionado. Por decreto, igual como se hizo en España hace algunos años. Podrá contratar servicios externos anexos con privados. Si en ese nuevo marco, con un buen sistema público gratuito instalado, todavía hay instituciones particulares sin fines de lucro que desean mantener colegios, hay que seguir subsidiándolos. El problema no es la libertad de educación sino el desmantelamiento del sistema público para que florezca el lucro.
En cuanto a la educación terciaria técnica, se debería restablecer una red nacional pública y gratuita. Que la universalice para los egresados de enseñanza media que no vayan a la universidad como ha dicho el propio Presidente. Por ejemplo, generalizar la experiencia del CFT Lota-Arauco, el único público y gratuito, permitiría duplicar la cobertura total en el nivel terciario con un de siete por ciento en el gasto público ¡menos de lo que el Ministro de Hacienda ofrece aumentarlo cada año!
No sería mala idea revisar asimismo la escandalosa privatización de Inacap, que fue regalado por Pinochet en la hora undécima de su gobierno, a una secta religiosa que no pagó un solo peso y hoy lucra más que ninguno.
Los principales elementos de este diagnóstico y propuestas están avalados por la OCDE y el Banco Mundial entre otras instituciones, en sus informes más recientes referidos al tema en Chile. El ex presidente del Senado y ex ministro, Andrés Zaldívar, planteó algo muy parecido en una entrevista reciente. En lo que se refiere a las universidades, también por institutos de derecha como el Centro de Estudios Públicos. La unanimidad de la Comisión de Educación del Senado acordó terminar con el lucro en todos los niveles educacionales.
La solución es parecida a la que en los años 1960 transformó el sistema universitario, duplicando su tamaño en pocos años y convirtiendo en modernas universidades instituciones que antes no merecían el nombre de tales, creó el Inacap e instaló un buen colegio público en cada barrio y hasta en los lugares más remotos del páis.
La clave de la salida al conflicto es que el Gobierno se siente a negociar seria y directamente con los actores sociales movilizados. Para ello resulta indispensable acordar de antemano determinadas condiciones que den garantías a la negociación misma, más que la aceptación previa de algunos puntos del petitorio del movimiento.
Por ejemplo y en primer lugar, el establecimiento de la mesa no debería requerir el término de las movilizaciones sino por el contrario, supone que las mismas continuarán por los cauces que sus dirigentes estimen más apropiados en cada momento.
En segundo lugar, debieran participar el Gobierno y todos los actores movilizados y no otras partes interesadas. Es decir, los estudiantes secundarios, universitarios y de postgrado, los profesores, académicos y funcionarios, pero no los sostenedores, rectores, «expertos,» etc. Ello sin perjuicio que de común acuerdo pueda incluir a parlamentarios que posteriormente deberán legislar al respecto.
En tercer lugar, el Gobierno debe comprometerse a no enviar proyectos al parlamento referidos a educación antes de concluir los trabajos de la mesa de negociación. Muy especialmente, el presupuesto de educación 2012 debiera ser sometido a la discusión de esta mesa en los puntos atingentes. Los estudiantes tienen claro que todos los recursos requeridos deben consignarse en la ley de presupuesto y el Gobierno tiene iniciativa exclusiva al respecto.
Se puede acordar de antemano que la mesa consignará los puntos ya aceptados por el Gobierno, que no son pocos y definirá de común acuerdo un mecanismo democrático para resolver las diferencias, que son las más.
En cuanto a los primeros, por ejemplo, parece importante el ofrecimiento del Ministro de Hacienda de incrementar el presupuesto educacional en un 30 por ciento al 2014. Ello equivale a un ritmo de incremento del gasto de 9 por ciento anual. Puede ser necesario un poco más, pero no parece lejano a lo que se necesita para atender las principales demandas de forma razonable. Como se ha mencionado, felizmente no hay en este caso un problema de platas.
En cuanto a las diferencias, el movimiento ha planteado que el plebiscito parece la mejor forma de resolverlas, lo cual ha ganado una aceptación nacional impresionante. Sin embargo, específicamente para algunas materias de educación, puede haber formas inmediatas alternativas. Una de éstas, por ejemplo, puede consistir en que el Gobierno utilice su iniciativa legislativa exclusiva para depositar en el parlamento la resolución efectiva de algunas de estas materias, levantando las restricciones presupuestarias respectivas.
Los estudiantes han dado de si lo suficiente como para que merezcan ser escuchados de verdad. No se puede forzar que además pierdan el año escolar. La responsabilidad exclusiva de no sentarse a conversar con ellos seriamente recae sobre el Gobierno. Ellos lo vienen pidiendo desde hace semanas junto a sus rectores. Su reciente comparecencia ante el Senado mostró ante el país su disposición al diálogo y la notable seriedad de sus propuestas.
La alternativa para el Gobierno es arriesgada. Siguen apostando al decaimiento del movimiento estudiantil, sin embargo, hay indicios que éste podría derivar en un estallido social más generalizado. La cosa se les puede poner fea.
¿Serán capaces de escuchar? Según la Violeta, eran sordos. ¡Sordos! ¡Sordos!
Manuel Riesco
Economista Cenda
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