«Explosiones ciudadanas»: ¿Hechos aislados o una olla en ebullición?

El martes de esta semana se produjo un confuso incidente en el Metro. Una evasión en el pago del pasaje motivó la intervención de uno de los vigilantes en Tobalaba. Éste habría maltratado al menor de edad, lo que generó una masiva respuesta en la estación de rechazo a la agresión, lo que concluyó en una gresca en la que se utilizó inmobiliario como ariete para abrir una oficina de Metro. La empresa acudió a la Justicia para esclarecer los hechos, descartando responsabilidades.

El caso se suma a otro reciente incidente en el que, en una violenta respuesta de Metro, se esposó a la estudiante y bailarina Angela Fuentes a una barrera de la estación Santa Isabel. El hecho provocó el repudio de la ciudadanía y una querella por parte de la afectada.

Mientras la empresa y los medios de comunicación dedican sus esfuerzos a establecer la casuística del evento particular, la foto panorámica se pierde. ¿Qué condiciones favorecen que se produzcan bataholas como la que se generó en la estación Tobalaba? ¿Estamos hablando simplemente de un caso aislado y resumible en las acciones particulares de algunas personas o -en cambio- se trata de una chispa sobre hectáreas de pasto seco?…

«Cayendo» y «Rompiéndose»

El Ciudadano quiso interrogar sobre las condiciones sociales bajo las cuales ocurrió el evento de Metro Tobalaba. Las y los ciudadanos caminando ese día por la estación venían de su trabajo o lugar de estudio hacia sus hogares, en medio de un recorrido que realizan a diario. Además, cargan con un conjunto de preocupaciones que redundan en una determinada situación mental.

Productos de la industria cultural tales como la película «Falling Down» («Cayendo»; traducida al español como «Un día de furia») o la serie «Breaking Bad» («Rompiéndose»; sin traducción oficial) retratan una respuesta violenta y caótica a la situación de precarización y desempleo -en el primer caso-, o de empleo precario y desprotección de la salud, en el segundo.

Sin embargo, lo hacen desde una perspectiva individual. En cambio, las condiciones sociales afectan a grandes porciones de la sociedad. Y su respuesta espontánea, en la realidad, no tiene el glamour de una serie de TV, sino que la masa se vuelve protagonista.

Conversamos con el sociólogo e investigador de la Fundación Sol, Alexander Páez, quien entregó algunas claves para observar que «la violencia no organizada que se ve -no solo en este caso, sino también cuando en las calles se producen ajusticiamientos sociales- es simplemente la punta del iceberg de cuestiones que están convulsionando a la sociedad en su conjunto».

Ante la explotación, las malas condiciones de vida y la desprotección social, la ciudadanía carece de canales institucionales adecuados para procesarlos. Tampoco hay actores sociales suficientemente organizados. Ello parece traducirse en acciones espontáneas e irracionales, pero con un sentido de tomarse la justicia ante casos de abusos más directos, como tomar detenido a un lanza y lincharlo públicamente, o revelarse contra su aparentemente opuesto vigilante en una estación de Metro.

Así lo señala Fundación Sol: «Hay un conflicto muy profundo no procesado por la sociedad. No hay canales institucionales tampoco que permitan un flujo energético de salida de conflicto, ni actores colectivos suficientemente constituidos para organizar la rabia, plantear propuestas y llevar transformaciones. Se ve una suerte de anomia institucional, una población altamente explotada y disciplinada en distintos ámbitos de la vida más allá del trabajo». Se trata, en definitiva, de una danza de causas directas e indirectas, permanentes o coyunturales, que no pocas veces terminan en reacciones ciudadanas respecto a las que se hace urgente problematizar.

Salarios bajos (o el mes es muy largo para lo corto del sueldo)

Páez afirma que «la mitad de los trabajadores en Chile tienen ingresos inferiores a 300 mil pesos líquidos». Si el salario mínimo es de 264 mil pesos, quiere decir que «gran parte de la población tiene ingresos cercanos al salario mínimo». ¿Qué permite este salario? En Santiago, un arriendo básico, un kilo de pan y un pasaje ida y vuelta en Transantiago. Otros ámbitos de la vida como la educación, la salud, la comida, el vestuario y -por supuesto, el ocio o la entretención- quedan sin financiamiento.

Endeudamiento obligatorio

El sociólogo enfatiza que bajo esas condiciones, «las personas tienen una necesidad de endeudarse para solventar su día a día». Agrega que «a partir del modelo de relaciones laborales y de una protección social inexistente en Chile, se empuja a los hogares a un endeudamiento como necesidad de reproducción social». Esto es «endeudamiento para comer, vestirse, salud, educación, etc. Se trata de cuestiones básicas».

La mitad del sueldo se va en deudas

Apoyándose en la Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central, se puede observar que «la mitad de los ingresos mensuales de un hogar son dedicados a pagar intereses, deudas y comisiones».

Es posible afirmar, entonces, que esa enorme franja de la sociedad «vive con 150 mil pesos mensuales». Para Alexander Páez, «eso evidentemente es un signo de precariedad, vulnerabilidad e inseguridad financiera», provocado «porque la prestación de los servicios más básicos, otrora asociados a servicios públicos o derechos sociales, están mercantilizados y asociados a la expansión del crédito».

Usuarios criminalizados, empresarios subsidiados

Mientras a los usuarios de los principales sistema de transporte público en una ciudad como Santiago se les persigue hasta con cámaras de televisión con la finalidad de criminalizar la evasión, detrás de la historia de esfuerzo y riesgo que cuentan los empresarios, se esconde en muchos casos una de subsidio del Estado con dineros públicos.

En el caso del transporte, principalmente en la Región Metropolitana, Páez afirma que “se subsidia el negocio de las empresas que participan, pero también el Estado pone personal público a disposición de resolver problemas de la logística y, en definitiva, para organizar el sistema”. Por su parte, “los particulares ponen las micros y los otros trabajadores, pero los servicios mismos los subvenciona el Estado; no subvenciona el precio del transporte, como lo hacen otros países con transporte público”. Esta línea de comportamiento, señala, “se observa también en la educación o en las pensiones”.

Tiempo viajando hacia o desde la pega

FOTO: Radio U. de Chile

Apoyado en la Encuesta Origen Destino de la Universidad Alberto Hurtado y la Encuesta de Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística, Alexánder Páez afirma que el tiempo utilizado en Santiago para cada traslado hacia o desde el lugar de trabajo varía entre una hora y media a dos.

Si este dato se suma con las horas de trabajo “dan números de diez a once horas, eso sin contar los sobretiempos”. Ello implica que “no se puede contemplar en la vida otra cosa que no sea trabajar”.

Esto se agrava en los sectores alejados del centro urbano, pues dada la segmentación de la Región Metropolitana, son las y los trabajadores quienes tienen que recorrer largos trechos en transporte público y “el promedio de cuánto uno se demora desde el paradero al destino es mucho mayor en la periferia”, subraya Páez.

Asfixiados para organizar

A diferencia de los países desarrollados, en Chile hay muy escasos derechos colectivos para que las y los trabajadores puedan organizarse y hacer valer su trabajo.

Páez señala que hay un “problema de la atomización sindical inducido legalmente en Chile”. Los trabajadores no pueden organizarse más allá de la empresa y las reivindicaciones que pueden levantar se restringen a mejoras salariales.

Por otra parte, solo pueden constituirse como sindicatos, grupos de trabajadores con contrato. De este modo, “el modelo de relaciones es asimétrico y profundiza la desigualdad, promoviendo la resolución privada e individual de conflictos”, afirma el sociólogo.

Junto con ello, desde la Fundación Sol apuntan a que “gran parte de las mejores experiencias de acción colectiva en Chile están por fuera de la institucionalidad, no amparados por la ley”. Se refiere a aquellos casos en que “se logra negociar más allá de la empresa, de forma más centralizada y mirando de modo más ramal el problema”. Son los casos, por ejemplo, de los portuarios del Biobío, la Confederación de Trabajadores del Cobre o la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, entre otros.

En ese sentido, Páez aclara que la reforma laboral implementada por el Gobierno no mejora la situación, pues además de la mencionada hiperregulación , “los sindicatos tienen que ofrecer ‘servicios mínimos’; hay trabajo que no pueden desatender a pesar de estar en huelga, lo cual ha sido considerado un ataque a la autonomía y libertad sindical”.

Peores empleos

La situación laboral en Chile es tremendamente preocupante. Mirando más allá de los datos publicitados por el INE las últimas semanas, en que se establece un alza del empleo por cuenta propia, lo cierto es que “hay cifras estructurales que atender”, según expone Fundación Sol. El más relevante es que los últimos diez años “existe más de un millón de asalariados que no tiene ningún tipo de contrato laboral”. Es decir, que hay presencia permanente de un 18% al 20% que trabaja sin contrato.

La situación se recrudece si quien trabaja es mujer, por todas las recargas que implica en términos de sobreprecio en todos los servicios sociales. Además, no se contempla como trabajo el que se realiza en el ámbito doméstico, motivo por el cual se apunta como una «doble jornada».

También crece la jornada parcial involuntaria a alrededor del 50%. Se trata de personas que requieren de más horas de trabajo para solventar sus gastos, pero no logran emplearse. Este es uno de los datos más altos de entre los países de la OCDE, solo superados por España, Grecia o Irlanda, naciones que vienen saliendo de recesiones económicas de casi 10 años.

Por último, como apunta Alexander Páez, es importante destacar que “la subcontratación o externalización llega al 17% de asalariados”. Y en áreas específicas de la economía como salud, educación o minería “supera el 35% de trabajadores asalariados externalizados”, afirma. “Esta flexibilidad es precarizante”, concluye.

Depresión y suicidios en alza

Los puntos anteriores redundan en un nuevo estado de precarización de la salud mental que las chilenas y chilenos cargan a diario. Un 22% de la población tiene sintomatología depresiva significativa, según lo que se ha analizado desde la Facultad de Salud de la Universidad de Chile. Y representa un 23% de la carga de enfermedad del país, el indicador construido entre el número total de enfermos y mortalidad en relación al total de la población en un tiempo determinado.

Al respecto, el psiquiatra y académico de la Universidad de Chile, Paul Vöhringer, investigador clínico del Programa de Trastornos del Ánimo de Tufts Medical Center en Estados Unidos, ha señalado que «tenemos cifras en población consultante (por depresión) y en población general que son, de lejos, las más altas de Latinoamérica y se podría afirmar que entre las tres primeras del mundo».

No solo eso. Además, Chile cuenta con el triste récord de ser el segundo país de la OCDE donde más ha aumentado la tasa de suicidios en los últimos 15 años, por detrás de Corea del Sur.