«La crisis es solo para algunos», es la frase más oída y leída en Portugal tras los ajustes impuestos en mayo por la Unión Europea y el FMI para otorgar un rescate financiero de 112.000 millones de dólares.
Mientras los vendedores de automóviles deportivos de lujo se quejan de no poder satisfacer los pedidos en el plazo deseado por los clientes, el Banco de Alimentación contra el Hambre (BAH) enfrenta un problema similar, al no poder cumplir a cabalidad su cometido.
Hasta 2009, los usuarios exclusivos del BAH eran las familias más pobres. Pero en la actualidad acuden personas de clase media, que, rompiendo la barrera de la vergüenza, solicitan alimentos y apoyos médico y espiritual.
La organización Defensa del Consumidor (DECO) recibe cotidianamente pedidos de ayuda de personas incapacitadas para cumplir sus obligaciones ante los bancos y demás entidades financieras, que solo en junio incautaron por falta de pago las viviendas de unas 3.000 familias.
La economía de Portugal, que en los últimos 25 años había logrado abandonar su sino de país periférico y mostraba un futuro promisorio, cayó en el hondo pozo de la crisis en 2009, con la inevitable aparición de miles de nuevos pobres, otrora miembros de la clase media, principal víctima de los aumentos de impuestos, recorte salariales y aguinaldos, así como de despidos compulsivos de un día para el otro.
Desde su ingreso a la UE en 1986, Portugal había registrado un notorio avance. Sin embargo, todos los economistas hoy coinciden en que el logro fue más virtual que real.
El crédito fácil sustentado en los ríos de dinero proveniente del bloque, cuya capital es considerada Bruselas, se reflejó en la proliferación de los teléfonos celulares móviles, canales de televisión por cable, autopistas, automóviles y casas adquiridas en cuotas.
El consumo desmedido sacrificó el desarrollo agrícola e industrial, para dar lugar con fuerza a un vasto sector de los llamados “nuevos ricos”, orgullos del país con más autopistas por kilómetro cuadrado y los más grandes centros comerciales de Europa, modernos estadios de fútbol y pistas para bicicletas, entre otros adelantos edilicios.
Pero esta aparente riqueza era un espejismo. No tenía ninguna relación con la realidad económica de Portugal, afirman los analistas.
Después de tres décadas viviendo muy por encima de sus posibilidades, llegó el momento de pagar la factura del consumo desmedido y la falta de visión de la clase política y empresarial sobre el desarrollo real del país.
La crisis asumió tal magnitud, que el crédito ofrecido hasta 2009 casi automáticamente, sin evaluación de riesgo de incumplimiento, ahora es negado de modo sistemático a las mismas personas, pequeñas empresas y minifundios que, como denuncia la DECO, fueron víctimas antes de las incesantes campañas de los bancos para convencer a sus clientes a endeudarse sin límites.
Las consecuencias no se hicieron esperar. Con los créditos cortados, cientos de empresas se declararon en bancarrota, arruinando a los pequeños propietarios y lanzando al desempleo a miles de trabajadores.
Portugal presenta ahora indicadores negativos como la desocupación de 12,4 por ciento de la población económicamente activa, la más alta de los últimos 30 años, unido a una inflación de 3,4 por ciento anual, la mayor de dos décadas.
Al mismo tiempo, paradójicamente, la fortuna de los 25 portugueses más ricos creció este año en 17,8 por ciento, alcanzando a 25.000 millones de dólares, equivalente a 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) de este país con 10,6 millones de habitantes, una cuarta parte de los cuales se ubican bajo la línea de la pobreza que traza el estándar de la UE.
Estos datos, según la escala del estadounidense indicador Misery Index, ubican a Portugal en el quinto puesto en el mundo como país más afectado por el deterioro de su bienestar económico, superado solo por Egipto, Nueva Zelanda, Irlanda y Ucrania.
En el primer trimestre de este año, 3.104 empresas se declararon insolvente, según lo divulgado este viernes por la sede portuguesa de la Compañía Francesa de Seguridad para Comercio Exterior (Coface, por sus siglas en francés).
El gobierno del ahora exprimer ministro José Sócrates (2005-junio de 2011), socialista, impuso medidas drásticas para la contención del alto déficit, redobladas ahora por su sucesor, el conservador Pedro Passos Coelho, quien responde así con un brutal paquete de austeridad.
A esto se une la eliminación de los estímulos fiscales para el aumento de la demanda, lo que presupone que será el sector privado el que deberá darlos. “Una teoría económica simple, una visión monetarista, de dejar que el dinero vaya para quien lo sabe usar, o sea los empresarios y los bancos”, explicó el profesor de economía Mario Gomes, de la Universidad de Lisboa.
La derecha ahora en el poder “comenzó en un breve espacio de tiempo a mostrar sus intenciones profundas: eliminar radicalmente parte del Estado Social, bajar los salarios y desarmar las empresas estatales vitales que dan estabilidad a la economía”, explicó.
¿Un modelo similar al puesto en práctica en Gran Bretaña por Margaret Thatcher (1979-1990), basado en las teorías de la escuela de Chicago de Milton Friedman?, consultó. Se trata de “un proyecto ultra liberal, equivalente al conjunto de reformas que algunas dictaduras sudamericanas hicieron en los años 70 y 80, pero aquí de forma gradual”, afirmó.
Portugal, que después de casi 10 años de crecimiento económico muy bajo entró en recesión este año y lo estará hasta 2012 según las proyecciones, “agotó el ciclo de desarrollo que comenzó con la integración europea en 1986 y que extendió el comercio exterior aprovechando el diferencial de los salarios”, precisó el catedrático.
Con los fondos de la UE, “Portugal modernizó y amplió las infraestructuras, consiguió resolver los problemas de vivienda y vio crecer el sector turístico al doble”, precisó Gomes.
“Pero, a pesar de haber contado con recursos importantes para modernizar el sector productivo, sacrificó la industria, la agricultura y la pesca, en un proceso de desindustrialización”, cuestionó.
Los análisis de la mayoría de los economistas coinciden. Sostienen que no basta ahorrar en los gastos del Estado para encontrar soluciones el deterioro económico del país, que necesita de modo urgente encontrar formas de expansión industrial, desarrollo de los servicios y racionalización de la agricultura.
Las dos poderosas centrales sindicales anuncian protestas y huelgas, mientras los movimientos autónomos aseguran que no darán descanso al gobierno de Passos Coelho.
El joven activista João Martins, del movimiento Geração à rasca (generación en aprietos) recordó que los “Indignados” españoles tuvieron su génesis “con nuestra organización, que nació espontáneamente en Portugal dos meses antes que ellos en España”.
El movimiento Geração à rasca logró convocar el 12 de marzo a miles de jóvenes a través de las redes sociales y teléfonos móviles, a los que rápidamente se unieron madres, padres, abuelas y abuelos. En pocas horas, hicieron que unas 300.000 personas tomaran el centro de Lisboa, de Oporto y de otras seis ciudades portuguesas tras la consigna “a rua é nossa” (la calle es nuestra).
Martins vaticina que “el salvajismo, la ceguera y la insensibilidad de las medidas tomadas por este gobierno, inevitablemente provocará un nuevo 12 de marzo y la calle volverá a ser nuestra”.
Mario Queiroz
IPS
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