El conflicto forestal y la violencia hacia la infancia mapuche

En el marco de una protesta y toma pacífica en dependencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en la localidad de Cañete, y luego del desalojo y detención de sus ocupantes, la asamblea Acción por Tirúa señalaba en un comunicado público: “En el marco de la situación crítica e injusta que se vive en la provincia de Arauco como resultado del grave impacto socioambiental de la industria forestal, que mantiene militarizado el territorio en defensa de este negocio, es que este martes 06 de junio comuneros y comuneras mapuche de distintos lov y comunidades en resistencia ocuparon las instalaciones de Conadi Cañete, en respuesta al gobierno por la arremetida cobarde y genocida del estado chileno en contra de nuestra Nación Mapuche”.

Asimismo, la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche señaló recientemente en un pronunciamiento público: “A pesar de la serie de convenios o leyes que Chile ha ratificado en los últimos años, estos no se condicen con los hechos de violencia focalizados en territorio mapuche, es más, de esos mismos hechos de violencia y despliegues de carabineros en las comunidades, han existido asesinatos, torturas y desapariciones durante los gobiernos democráticos, que se hace llamar socialistas. Nombremos a Alex Lemún, adolescente de 17 años asesinado de un disparo en la cabeza por parte de carabineros, muerto en una manifestación en contra de la sobreexplotación y usurpación de las forestales en su comunidad”.

Cabe señalar que son cientos los casos de violencia estatal que involucran a la infancia y adolescencia mapuche. Además de Lemún, Zenón Díaz Necul, también de 17 años, perteneciente a la comunidad Lonko Mahuida de Collipulli, murió el 10 de mayo atropellado por un camión en el marco de una movilización mapuche en la ruta 5 sur, sector viaducto del Malleco, una zona de conflictos de tierras con la empresa Forestal Mininco.

Brandon Hernández Huentecol, joven mapuche también de 17 años,  igualmente fue baleado en diciembre del 2016 por agentes represores en una zona de conflicto forestal donde predominan los intereses de las empresas forestal Mininco y Arauco. Por su parte, en la zona de Tirúa, Ruth Meñaco quedo con heridas de perdigones en sus extremidades inferiores y su abdomen, mientras carabineros transitaba provocativa y represivamente por camino de servidumbre de la comunidad Caupolican, hecho ocurrido en presencia de sus hijos de 4, 11 e hija de 12 años.

A esto se suma la presentación de un recurso de amparo en abril de este 2017 por la  Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD), Pewma Lafkenche, a favor de 6 niños y niñas, de entre 6 meses a 10 años de edad, que vieron vulnerados sus derechos tras los hechos acontecidos el 30 de marzo recién pasado cuando una caravana de Carabineros percutó continuos disparos contra casas y al aire, por todo el sector de Cuarapaillaco en Tirúa, Región del Biobío, también en zonas de conflicto con las empresas forestales.

Los hechos mencionados son sólo un ejemplo de acciones que vienen de larga data y que no paran, lo que ha incluido además actos de secuestros. En enero de 2001, fuerzas represoras de carabineros que regresaban de un desalojo de tierras de un predio forestal en el distrito de Galvarino, hirieron a tiros a Daniela Ñancupil, una niña mapuche de 13 años, cuyo padre era lonko de la comunidad. Al pasar por delante de la casa de Daniela, a unos ocho kilómetros del lugar de la ocupación, la policía de fuerzas especiales de Carabineros detuvo el autobús. Uno de ellos salió y disparó su escopeta a Daniela.

Aunque se identificó a los ocupantes del autobús y a los que estaban autorizados para llevar un arma, nadie fue sancionado por el ataque, y los agentes fueron trasladados a otras partes del país, obstaculizando la investigación. La niña, con balines en diversas partes de su cuerpo, fue hospitalizada de emergencia. Posteriormente, Daniela fue víctima de dos secuestros y amedrentamiento mientras su abogado representante, Jaime Madariaga, presentaba una denuncia contra los responsables, también era objeto de amenazas e incluso, sufría la quema intencional de su camioneta en pleno centro de Temuco.

Además de los conflictos por tierras ancestrales que mantienen diversas comunidades con empresas forestales, se agregan los múltiples daños e impactos que se han generado en los territorios a causa de los monocultivos de plantaciones forestales, que involucran la profundización de la crisis hídrica con cientos de miles de personas sin agua en amplias zonas rurales; empobrecimiento, desplazamiento de población y de actividades económicas locales; severas contaminaciones a causa de las plantas de celulosa (papeleras) y de fumicidas en las plantaciones; y la imposición de un modelo sin que se respeten los derechos humanos ni a las prioridades locales de desarrollo, ni la urgente restauración de territorios en medio de amplias políticas de corrupción donde miles de millones de pesos fiscales han ido a parar al haber de las grandes empresas y de políticos corruptos, agregándose gastos abusivos y desproporcionados, con miles de millones destinados para militarizar zonas de comunidades mapuche en las regiones del Bío Bío, Araucanía y hasta Los Ríos.

La infancia mapuche enfrenta entonces dos graves hechos de violencia: La represión estatal y empresarial a las reivindicaciones, que ha actuado con indolencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes; y los graves impactos del modelo forestal, sostenido principalmente por dos grupos económicos: Matte y Angelini.

Foto: Información Mapuche

Cabe señalar que durante la segunda semana de junio 2017, en la Región del Bío Bío, se realiza el Encuentro IUFRO, espacio de investigación forestal patrocinado por  grupos económicos de esta industria, y que involucra a sectores académicos y de gobierno, quienes buscan profundizar y expandir este negocio criminal a través del desarrollo de monocultivos transgénicos, realizándose ante ello una semana de protesta por parte de diversas organizaciones.

Tampoco hay que olvidar que miembros activos de partidos políticos como UDI, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Radical, Partido por la Democracia y Partido Socialista, han actuado tanto administrativa como legislativamente a favor de los intereses de las empresas forestales, que actuaron coludidamente con la dictadura militar en violaciones a derechos humanos y en el saqueo de las arcas del país.

Por Alfredo Seguel