Dirigentes mapuche lafkenche expresan preocupación por leyes que coartan su subsistencia

El pasado miércoles 7 de junio más de treinta dirigentes mapuche lafkenche viajaron hasta el Congreso en Valparaíso para exponer su descontento frente al trámite legislativo del proyecto que moderniza el Servicio Nacional de Pesca así como para denunciar la situación que viven tras la promulgación de la ley de pesca.

Tras hacer llegar una carta que resume sus demandas a todos los parlamentarios, la comitiva de representantes de la organización Identidad Territorial Lafkenche junto a dirigentes de la pesca artesanal, concejales, alcaldes y voceros de las zonas costeras  provenientes desde Arauco a Chiloé-Palena, logró reunirse con el Ministro Secretario de la Presidencia  Nicolás Eyzaguirre; el presidente del Senado, Andrés Zaldívar; y el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza.

Juan Carlos Reinao, Alcalde de Renaico y presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (ANCAM) señaló que “se está legislando una ley que complementa la actual ley Longueira, que contempla modernizar los organismos de fiscalización para sacar los recursos del mar, de forma de sancionar con cárcel para quien no cuente con la autorización. Ya pasó por Diputados, está en el Senado -con aval del Gobierno-  lo cual significa que los pescadores artesanales no podrían ni sacar, ni menos vender, mientras las comunidades mapuches de plano quedan fuera de la ley, en la ilegalidad. Hacer uso de los recursos es un ejercicio por costumbre del borde costero. Esperamos que gracias a nuestra visita  esta práctica no sea sancionada como ilegal ni con castigos punitivos”.

Adolfo Millabur Ñancuil, alcalde de Tirúa, indicó a su vez que este proyecto de ley transgrede acuerdos internacionales, como el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT), y nacionales como la Ley N°20.249 -también conocida como Ley Lafkenche- la cual permite que las comunidades indígenas tengan acceso al uso del borde costero. “Si se aprueba esta ley, dejará a todos los pueblos originarios de Chile en la ilegalidad porque no tendremos derechos a un uso ancestral de los recursos hidrobiológicos, que hemos tenido siempre, es decir, si una abuelita que ha pescado toda su vida para alimentarse no tiene inscrito el recurso a su nombre, será detenida e incluso puede llegar a la cárcel por no tener ese permiso”, explicó.

Ninguna práctica ancestral debiera ser ilegal

Los representantes de las comunidades señalaron que el proyecto que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) profundiza la desigualdad que ha generado la modificación a la Ley N°20.657 -ley Longueira- ya que no reconoce a las personas de pueblos originarios como sujetos con derecho a pescar, aunque en muchos casos sea parte fundamental de su cultura.

La legislación -que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado- declara ilegal la pesca realizada por quien no está inscrito en el sistema de Sernapesca. Según los dirigentes, esto afecta a la mayoría de las personas pertenecientes a pueblos originarios que viven gracias a la obtención de recursos del mar.

“Los pueblos originarios tienen derechos y en la ley de pesca no fueron incluidos. Además, el 2008 se aprobó por unanimidad la ley Nº 20.249, más conocida como ley lafkenche, que permite a las comunidades jurídicas acceder a espacios marítimos. Entonces, se produce una contradicción legislativa importante”, señaló Millabur.

El primer alcalde mapuche del país manifestó además que “la conducta del Estado cuando comete este tipo de aberraciones jurídicas es que pide excusas pero continúa aplicando la normativa. Así como sucede con el conflicto en relación con la tierra, lo más probable es que  si no se rectifica este asunto en materia legislativa, luego se hable de otro conflicto porque hay mapuche que no podrán acceder al mar”.

Si bien el edil fue claro en las reuniones al expresar que no estaban en contra de que se legisle y se regule el uso de los recursos del mar, evidenció que bajo las actuales condiciones de sobreexplotación de los recursos era urgente tomar medidas para dejar privilegiar los intereses de la industria por sobre los de las comunidades. Asimismo, hizo un llamado a todos los pueblos a organizarse y presentar indicaciones a los cuerpos legales a fin de poderlas incluir  antes que la ley sea aprobada.

Al respecto, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar expresó que “habrá que ver cómo darles una solución. Mi  compromiso es claro: primero, abrir un espacio de conversación ; segundo, comunicarle esto a la Comisión de Pesca y al Gobierno, para que contemplen estos derechos que no pueden ser vulnerados, sobretodo con hacer cumplir el convenio 169 de OIT, no por una obligación sino porque es un derecho. Y también , pedirle a la Comisión de Hacienda que los escuche, a objeto que esa ley salga como corresponde y no provoque más problemas. El Parlamento está para eso, para escuchar”.

La voz de las comunidades

Miriam Yefi, representante de las comunidades lafkenche de San Juan de la Costa, denunció el profundo daño que ha provocado la ley de pesca y solicitó que los parlamentarios corrijan el rumbo “porque si siguen con esa lógica de legislación, no solo tendrán problemas en la tierra sino que también en el mar”. “El alimentar a la familia es una cuestión histórica y ancestral en la zona del golfo de Arauco hasta Palena. Si se nos  prohíbe el derecho a vivir nuestra cultura, nos están quitando el derecho de vivir, nos vienen a quitar los brazos. Arrancar de raíz al mapuche-lafkenche del borde costero es muy grave”, expresó la dirigenta.

Por su parte, Héctor White, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Hualaihué -región de Los Lagos- comentó que en las veinte agrupaciones que él representa, lo más perjudicados son los adultos mayores. Peor aún, el dirigente evidenció que a pesar de no estar promulgada, la entidad fiscalizadora  ya ha multado y confiscado productos del mar a trabajadores de Palena. “Sernapesca pide el Registro de Pesca Artesanal (RPA) y como no lo tienen, los multan. Hemos tenido reuniones con autoridades de la X Región pero nos dijeron que es imposible hacer algo”.

Según el Censo 2002, cien mil personas se identifican como pertenecientes a pueblos originarios en las 32 comunas costeras que se extienden desde el Golfo de Arauco a Chiloé. Para los dirigentes, estas cifras representan sólo una parte de los afectados por este proyecto de ley, ya que señalaron que la legislación también tiene un impacto negativo en los pescadores artesanales, que quedaron fuera de las cuotas de pesca y, por ende, de su única fuente de subsistencia.