Paraguay es uno de los países del mundo con mayor concentración en la propiedad de la tierra: el 3% de la población es dueña de cerca del 85% de la tierra, de acuerdo a la ONG Oxfam. En este contexto, este jueves, cientos de campesinos marcharon exigiendo una reforma agraria «urgente y necesaria», movilización que coincidió con la conmemoración de los cinco años de la masacre de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas y la caída del entonces presidente Fernando Lugo.
Según el reporte de la agencia EFE, los manifestantes corearon cánticos en guaraní, como «Marina kue, pueblo mba’e» («Marina kue es del pueblo»), en referencia a las tierras donde el 15 de junio de 2012 se produjo la masacre, en el marco del desalojo de una finca que los campesinos ocuparon para reclamar que se integrara a la reforma agraria estatal.
En ese desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías. Por las muertes de estos últimos, fueron procesados once campesinos, quienes fueron condenados en julio de 2016 a penas de entre cuatro y 30 años de prisión, mientras que las muertes de los campesinos en la masacre nunca fueron investigadas.
Actualmente, cuatro de los condenados cumplen su pena en la cárcel de Tacumbú, en Asunción, y este jueves escribieron una carta en la que afirmaron que ocuparon las tierras de Marina Kue para «dar de comer» a sus familias y «tener educación y salud», y que tras la masacre «no mataron» sus sueños, que «se mantienen vivos».
Karina Godoy, la esposa de Arnaldo Quintana, campesino condenado a 18 años de cárcel en relación con esos hechos, declaró a EFE que «hoy se cumplen cinco años de injusticia», recordando que este jueves, coincidiendo con el aniversario de la masacre, los abogados de los condenados presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia contra la condena que pesa sobre los once campesinos que, según argumentan, es nula por carecer de pruebas.
«Esta es nuestra última oportunidad acá en Paraguay, antes de salir a los estrados internacionales. Tenemos esperanza en que se haga justicia en nuestro país», expresó.
Por su parte, Eladio Flecha, representante del Congreso Democrático del Pueblo, que engloba a varias organizaciones sociales, declaró que la de Curuguaty «es una lucha emblemática del campesinado por la reforma agraria, porque el principal problema del país es la concentración de tierras». «Estos gobiernos de la minoría, de politiqueros, son los que concentran la tierra y la justicia, y no hay libertad», manifestó.
A estos reclamos se sumó Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), quien en su discurso al cierre de la marcha denunció que desde 2012 pasaron cinco años «de injusticia, de proceso judicial amañado, mentiroso y engañoso, y de un Poder Judicial al servicio de la oligarquía».
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Conamuri) afirmó en un comunicado que los cinco años transcurridos desde la masacre dejan «heridas todavía supurantes merced a un golpe de Estado», en referencia al juicio político que destituyó a Fernando Lugo una semana después de la matanza.
El Partido Colorado, entonces opositor y hoy gobernante, impulsó el juicio político contra Lugo, quien fue calificado de «irregular» por organismos internacionales como la Unasur, y le valió a Paraguay su suspensión del Mercosur. ¿Y qué fue de Lugo? Siguiendo con las coincidencias, el ex presidente fue electo este jueves como presidente del Congreso paraguayo con el apoyo de varios senadores del Partido Colorado, en una sesión extraordinaria que se desarrolló en medio de incidentes y agresiones verbales entre los legisladores.