Guerra, “democracia” y criminalización de la protesta social

“Tampoco me creerá si le digo que, despierto, seguía en la pesadilla

Guerra, “democracia” y criminalización de la protesta social

Autor: Director

“Tampoco me creerá si le digo que, despierto, seguía en la pesadilla.”

Adolfo Bioy Casares, Dormir al sol.

 

En el Chile del último año hemos asistido a la explicitación del Estado policial en su más brutal expresión. El pensamiento único se ha disfrazado bajo las banderas de “pluralismo democrático” para admitir la libertad de expresión de los sectores domesticados y criminalizar a quienes manifiestan abiertamente su rechazo al contenido restrictivo de la democracia liberal y la inhumanidad de la estructura económica. Sin embargo, esta no es una política de gobierno desplegada con el arribo de la Alianza en La Moneda, esta es una condición estructural diseñada en la dictadura militar, legitimada “democráticamente” en el periodo concertacionista y radicalizada bajo la administración presente.

Si bajo la dictadura de Pinochet se catalogó de “terrorista” a quienes se organizaron (políticamente y/o en las calles) para resistir la imposición del capitalismo neoliberal amparado en el Terrorismo de Estado, bajo la llamada transición se encubrió la pobreza y las desigualdades económico-sociales bajo la construcción de sujetos “delincuentes”, “drogadictos” y “terroristas”, para las expresiones políticas que utilizaron la violencia política popular[1]. De este modo, el Estado adoptó la política de Seguridad Ciudadana para combatir la guerra social en curso con el fin de garantizar la “gobernabilidad” del país y “pacificar” a los grupos subversivos que atentaban contra el orden de la burguesía.

Los gobiernos que administraron el retorno a la “democracia” adscribieron a la transformación del paradigma que cambia “Defensa” por “Seguridad” para establecer un Estado policial que condena a quienes cuestionan el orden. Si bien antes el concepto de “defensa” estaba remitido a entender el enemigo como un ente externo (entre Estados-Nación), hoy la “seguridad” apela a que el enemigo es un agente interno que pone en jaque la tranquilidad de la ciudadanía. Es así como bajo las consignas de “guerra contra la delincuencia”, “contra la pobreza o “contra el terrorismo” se despliega una guerra civil donde el enemigo es siempre difuso y donde no se ve fin posible[2]. Una guerra continua y prolongada, silenciosa y estruendosa en ocasiones, que otorga legitimidad a las fuerzas policiales en su accionar para garantizar la “seguridad”. Sin embargo, esta última no es más que el orden social dirigido por una clase que se impone bajo el amparo del sistema político y legal del cual fue artífice.

La “democracia” impuesta es el aparataje jurídico-policial elaborado para que nada cambie y no el sistema político que establece las garantías para que el pueblo pueda deliberar. La “democracia liberal” es tan sólo una de las formas políticas del capitalismo que construye individuos dóciles, votantes pasivos y manifestantes domesticados. Nuestro sistema político todavía nos permite pensar el orden social que queramos construir pero si pasamos a la acción se nos criminalizará por atentar contra el orden vigente, es decir la “seguridad ciudadana”. Círculo vicioso del cual ya hemos sido advertidos con espectáculos dignos de un reality show como el denominado “caso bombas”, la persecución del pueblo Mapuche o el encierro de Recaredo Gálvez. Cuando la guerra está en curso no hay garantías para el ejercicio de los derechos civiles y la ley la impone el soberano[3], cuando la guerra es un ritmo que se impone el “Estado de excepción” es la norma.

Si para construir una sociedad nueva es necesario pasar por encima de la legalidad vigente, esa legitimidad la otorgará la fuerza de la movilización, el carácter democrático de la organización y la determinación del movimiento en las calles.

“El endurecimiento policial de los Estados en los últimos años sólo demuestra lo siguiente: que las sociedades occidentales han perdido toda fuerza de agregación. No hacen más que lidiar con su propia descomposición inevitable. Lo que esencialmente significa impedir toda reagregación, pulverizar todo aquello que emerge. Todo aquello que pueda desertar. Todo aquello que se salga de la línea.”[4]

 

¿No estamos asistiendo a una nueva forma de totalitarismo?

 

Por Alejandro Stevenson L.

 


[1] Para el desarrollo de este concepto véase Salazar, Gabriel, (2006). La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular). Santiago de Chile: Editorial Lom.

[2] A decir de Hardt y Negri: “Esos objetos abstractos de la guerra –la droga, el terrorismo, y así sucesivamente– en realidad no son enemigos. Sería más adecuado observarlos como síntomas de una realidad desordenada que plantea una amenaza a la seguridad  y al buen funcionamiento de la disciplina y el control.”. Hardt, Michael y Antonio Negri, (2004). Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Buenos Aires: Editorial Debate. Página 54.

[3] Véase cómo con anterioridad a un “debido proceso” el Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter señalaba con plena libertad la culpabilidad de los imputados por el “caso bombas”.

[4] Anónimo, (2011). Llamamiento. Santiago de Chile: Editorial Crimental. Página 27.


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