En la primera asamblea de organizaciones de la sociedad civil de la región de Coquimbo, convocada en La Serena por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la entidad respaldó las diversas acciones desplegadas por la comunidad de El Durazno para salvaguardar sus derechos, informó un comunicado difundido por los vecinos.
La actividad, realizada este martes 20 de junio, convocó a organizaciones de toda la cuarta región que luchan desde distintos frentes por el respeto de sus derechos, «animando la comprensión de que los derechos humanos no dicen relación solo a las víctimas de la dictadura militar, sino que a cualquier situación de vulneración que sufran las comunidades», expresa el reporte.
En este sentido, se señaló que el primer caso no referido a detenidos desaparecidos que acogió el INDH fue el conflicto del embalse La Tranca, destacando el proceso de defensa territorial que ha hecho la comunidad de El Durazno -parte alta del río Cogotí, comuna de Combarbalá- ante la amenaza de que un organismo del Estado construya un embalse que los dejaría bajo el agua, arrasando con un invaluable patrimonio arqueológico, natural y social.
El reconocimiento, según explicó el vocero de la Agrupación Ecológica El Durazno, Gonzalo Gómez, «viene muy bien, porque por diversos medios de comunicación local se ha pretendido desprestigiar la legítima defensa del territorio que hace más de un año ha realizado la comunidad».
Gómez agregó que «es bueno que este organismo del Estado destaque la defensa que hemos venido haciendo, sobre todo ahora que la Junta de Vigilancia del Río, que agrupa a los empresarios que están impulsando el embalse, está presionando en Santiago para que se hagan estudios satelitales, ante la negativa rotunda de todos los vecinos de que entren por nuestros predios al río».
Por su parte, desde el INDH se dijo que el conflicto se mantiene «observado de cerca», y que si hasta ahora no se ha intervenido de manera directa, «ha sido porque la comunidad ha sabido cautelar el respeto a sus derechos. No obstante, se mantiene atento y en calidad de observador, tal como se acordara en noviembre de 2016, tras una visita realizada al territorio, convocada por la comunidad».
En marzo de este año, una comitiva de la Dirección de Obras Hidráulicas DOH y de la empresa contratista Typsa, llegó a la localidad del Durazno para hacer estudios no autorizados por los propietarios de los terrenos, para viabilizar el embalse de riego La Tranca. Los dueños del terreno en cuestión preguntaron al grupo de alrededor de 10 personas, por los permisos para entrar a sus predios, ante lo cual, la comitiva que contaba con al menos 5 personeros de la Dirección de Obras Hidráulicas y el dueño de Typsa, la empresa española a cargo de estudios, señaló que contaban con la autorización del Ministerio de Bienes Nacionales, aunque no mostraron ningún papel, ni supieron explicar porqué Bienes Nacionales podría tener injerencia sobre predios particulares.
«Para los vecinos que interceptaron a la delegación estatal, era evidente que había una intención de confundir y de vulnerar los derechos de los habitantes. De hecho los funcionarios fueron renuentes a dar sus nombres, trataban a las familias como si fueran ignorantes, y evidenciaban el mismo espíritu que ha caracterizado el accionar del gobierno en este conflicto: prepotencia e incapacidad de escuchar las voces territoriales», señaló la comunidad en un comunicado difundido en ese momento.
Finalmente, los cuatro vehículos que conformaban la comitiva no tuvieron más remedio que salir del lugar, «y asumir que cuando la comunidad se organiza y defiende sus derechos, no hay meta presidencial que valga», concluía la denuncia hecha por la Agrupación Ecológica Valle El Durazno.
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