Falta de democracia al interior de universidades amenaza a estudiantes movilizados

A la explícita presión del Gobierno y los sectores oficialistas para que los estudiantes ‘bajen’ sus tomas y cesen en las movilizaciones, se suman las amenazas e imposiciones que los jóvenes viven al interior de sus propias universidades. Al alero de la reivindicación de la educación pública, surge cada vez con más fuerza la idea de democratizar las instituciones educativas.

“No hubo propuesta, esto fue una imposición”, relata Nataly Espinoza, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), acerca del proceso vivido durante las últimas semanas al interior de la institución.

Lo descrito por Espinoza remite a una medida tomada por las autoridades de la PUCV que pretende lograr el cierre del semestre a través de un proceso semipresencial, que persigue la realización de evaluaciones online a cargo de cada unidad académica de la institución. La iniciativa, que se inició sin ninguna instancia de consulta al estudiantado, ha generado diversas críticas de quienes ya completan más de tres meses movilizados.

“Hicimos una votación simbólica, ya que nunca se nos ofreció someter a consulta la medida, y esta dio como resultado un rechazo casi absoluto”, informa la dirigente. En efecto, 48 carreras de la institución manifestaron estar en desacuerdo, mientras que sólo dos apoyaron la medida. La votación, sin embargo, no ha generado cambios en el calendario impuesto por las autoridades, que en lo concreto reinició las actividades académicas a partir del pasado 22 de agosto.

Por su parte, Claudio Elórtegui Raffo, rector de la PUCV, señaló en una carta abierta a todos los estudiantes de la institución que “no podemos amenazar el futuro de los jóvenes que han confiado en nosotros para su formación y frente a los cuales y a sus familias, la Universidad tiene una gran responsabilidad”.

En opinión de la presidenta de la Fepucv, “esto pasa porque actualmente dentro de muchas universidades las decisiones se toman de manera unilateral. Hoy día sólo tenemos derecho a organizarnos, pero no a influir sobre las cosas que se deciden”.

El origen de las presiones es de carácter fundamentalmente económico en una institución que “sustenta el 75% de su financiamiento en los aranceles y derechos de inscripción y todo eso depende de las familias. Por eso estamos pidiendo un crecimiento en los aportes basales desde el Estado”, asegura la dirigenta.

Además, en la reprogramación emanada de las autoridades ya se señala como fecha de comienzo del segundo período académico el 3 de octubre de este año. La medida incluso ha generado una huelga de hambre realizada por cinco estudiantes de la institución, quienes rechazan la falta de democracia interna.

SUMARIO INTERNO CONTRA ESTUDIANTES POR TOMA
Al interior de la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, los estudiantes han vivido un complejo proceso desde que decidieron someter a votación la posibilidad de paralizar las actividades académicas.

“Decidimos irnos a paro, después de un proceso se validó por una votación histórica, donde participaron dos mil estudiantes”, informó Felipe Bello, presidente de la Federación de Estudiantes de dicha institución. “Sin embargo, la Universidad no respetó esta votación, la consideró un chiste”.

Según lo relatado por Bello, las clases continuaron en otra sede, lo que motivó a un grupo de estudiantes a realizar una toma para exigir el respeto a la medida consensuada en la votación. Entonces, “no alcanzaron a estar un día. Fueron desalojados por petición del padre Mauricio Montoya, vicerrector de Identidad y Desarrollo Estudiantil”, relata.

El desalojo incluyó el permiso de las autoridades para que las fuerzas policiales pudieran entrar a la institución, algo nunca antes visto en la historia de la universidad. Días después, las autoridades notificaron a los estudiantes que participaron en la toma que serán objeto de un sumario interno que incluso puede costarles la expulsión.

“Se les acusa de apropiarse de una propiedad privada, omitiendo el sentido de comunidad de una universidad salesiana. Aquí, los estudiantes no son dueños de su universidad”, esgrime el dirigente estudiantil. “Hay persecución política hacia las personas en la universidad que lleva el nombre del Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien refugiaba a personal del MIR -Movimiento de Izquierda Revolucionario- y el Frente –Patriótico Manuel Rodríguez- en plena dictadura, en esta mismo lugar”.

Actualmente, los estudiantes preparan la recolección de firmas y la difusión por los medios de comunicación de la situación vivida, con el objetivo de revertir el sumario que afecta a sus compañeros.

EN PELIGRO DE SER EXPULSADO POR NO ASISTIR A CLASES EN PARO

Hace sólo unos días un estudiante de Psicología de quinto año de la Universidad Alberto Hurtado contactó a El Ciudadano para dar a conocer su caso, pidiendo el resguardo de su identidad. Según lo señalado por el joven, enfrenta una segunda causal de expulsión por no cumplir con el mínimo de 30 créditos aprobados por semestre, dado que su institución nunca respetó el derecho de los alumnos de ausentarse en período de paralización y no realizar evaluaciones.

“Por todos los medios, con muestras estéticas de flexibilidad -apoyo el paro, pero mañana hay prueba- efectuaron la regularidad académica en paralizaciones estudiantiles definidas democráticamente, a pesar de nuestra negativa. Se desplegaron en algunas carreras amedrentamientos, amenazando con colocar notas 1.0 a cada estudiante que no asistía a las evaluaciones en paralización, e incluso, a todo un curso si era necesario”, afirma el estudiante.

Además, agrega que entre pruebas, clases y exámenes desarrollados en plena paralización y “asumiendo la responsabilidad de estudiar en poco tiempo, o definitivamente no poder estudiar (…), sumándome conjuntamente con mis compañeras y compañeros al proceso histórico que hoy vivimos, y frente a las presiones de cerrar el semestre por parte de la institucionalidad a como dé lugar, tuve que rendir en paralización democrática más de 10 evaluaciones en una semana”.

Al finalizar su misiva, el estudiante cuestiona: “¿Quién me garantiza un debido proceso frente a prácticas antidemocráticas que imponían toda la regularidad académica en procesos de paralización definidos por el estudiantado?”.

LA PRESIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS RECTORES
Uno de los principales focos de presión hacia el fin del estado de toma y paralización en diversas instituciones ha emanado precisamente desde sus autoridades. En efecto, el Consejo de Rectores que agrupa a las universidades tradicionales ha expuesto en diversas ocasiones que “es urgente avanzar en la finalización del primer semestre como condición necesaria para dar inicio al segundo semestre a más tardar los primeros días de octubre”.

Por otra parte, recientemente, el rector de la Universidad de Santiago de Chile y presidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, llamó a su comunidad estudiantil a reiniciar las actividades académicas a más tardar el pasado 29 de agosto, asegurando que “de aquí para adelante los daños a la institución y a los integrantes de la comunidad universitaria van a ser irreversibles”.

Uno de los argumentos expuestos por Zolezzi responde a la urgencia de garantizar los créditos y becas, sistema que no puede ser normalizado hasta que se cuente con las evaluaciones y el cierre de semestre correspondiente. “De otra forma el Estado de Chile no puede entregar recursos  a las Universidades por servicios no prestados”, expone el rector.

Por Vanessa Vargas Rojas
El Ciudadano