El Ciudadano
Comunicado
Ayer martes 13 del presente, la administración de la EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO (ENAP), informó a la opinión pública y a nuestra organización sindical su decisión de avanzar en la ejecución de los Contratos Especiales de Operación (CEOP) en cinco bloques de propiedad del Estado de Chile. Frente ante esta gravísima decisión, comunicamos a los trabajadores y a la opinión lo siguiente:
- La Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo -Fenatrapech-, manifiesta su total y absoluto rechazo al proceso de Contratos Especiales de Operación que lleva adelante la Administración de ENAP.
Hoy, estamos presenciando una descarada y abierta privatización de las reservas de crudo y gas del Estado de Chile que conduce al desmantelamiento y asfixia de ENAP, con consecuencias extraordinariamente negativas para la seguridad energética de la región de Magallanes y para la empleabilidad de nuestros representados.
2. Esta es una decisión ideológica que se orienta a traspasar la renta petrolera a empresas transnacionales en abierto perjuicio de los intereses del país y muy especialmente de los intereses de la región de Magallanes. Cabe recordar que la ley del FONDEMA sólo se aplica a los resultados de ENAP Magallanes
3. Repudiamos que este proceso privatizador se haya llevado a cabo de manera poco transparente, derechamente oscurantista y a espaldas de de la opinión de la ciudadanía de esta región y de los trabajadores que hemos contribuido a que esta empresa haya entregado excedentes durante más de 60 años.
4. Aclaramos que aún estamos a tiempo de revertir esta nefasta decisión. Ello depende de la voluntad política del Gobierno del Presidente Piñera y de su Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, por lo que exigimos que una decisión que va a terminar afectando en los próximos años a las familias magallánicas considere la voz de la Asamblea Ciudadana y del Sindicato de Trabajadores de Enap que ha entregado sólidos argumentos y propuestas para consensuar una alternativa que vele por los intereses de todos los actores y no solamente de un grupo privilegiado de empresarios.
5. Finalmente, el Sindicato comunica que continuará llevando a cabo todas las acciones sociales, legales, comunicacionales, políticas y de movilización en ascenso con el fin de impedir este verdadero atentado al patrimonio público del país. De partida nos declaramos en estado de alerta y esperamos reunirnos a la brevedad posible con el Ministro de Energía y las autoridades del parlamento para evitar que se consuma una decisión altamente negativa para la comunidad magallánica, los trabajadores que representamos y el país.