Duro revés para salmoneras: Corte Suprema obliga a entregar detalle sobre uso de antibióticos

Este jueves la Corte Suprema desechó un recurso de queja interpuesto por la industria salmonera en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones, el cual buscaba dejar sin efecto la sentencia que ordenaba al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) publicar información desagregada por empresa -solicitada por Oceana- sobre antibióticos usados por la industria salmonera chilena durante 2014.

En el fallo, el máximo tribunal descarta que los Ministros hayan cometido falta grave o abuso, confirmando lo señalado por la Corte de Apelaciones, que rechazó la hipótesis de secreto empresarial sostenida por el gremio y afirmó que “la información ha de ser conocida por la opinión pública atendida la importancia que tiene para el consumo humano la industria del salmón”.

La Directora Ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer celebró el fallo y comentó que a pesar de los resquicios utilizados por los salmoneros para evitar que la ciudadanía se enterara de un tema esencial para la salud pública y el medioambiente, “finalmente el máximo tribunal nos dio la razón”, agregó.

Recordemos que a fines de mayo de 2016, la Corte de Apelaciones acogió el reclamo de Oceana y ordenó a Sernapesca entregar la información solicitada, luego de que 37 empresas del rubro salmonero, y posteriormente el Consejo para la Transparencia, se negaran a entregar dicha información. En aquella oportunidad, la Corte descartó que se afectara la competitividad comercial, expresando tajantemente que “no deja de llamar la atención de esta Corte la circunstancia que el Consejo para la Transparencia opte por mantener determinados nichos de secretismo, en un sistema en que la publicidad es la regla general y el hermetismo la excepción” y destaca la importancia del control social, es decir, “que los ciudadanos puedan conocer la forma como se han producido las especies que adquieren y consumen”.

Asimismo afirma que “la información solicitada (por Oceana) compromete de modo grave el interés público y por ende su entrega debe prevalecer por sobre los intereses de las empresas que niegan su publicidad”.

Salmoneras. Foto patagoniajournal.com

“Esto es un triunfo para la transparencia y los consumidores. Es necesario que desde ahora en adelante todas las empresas salmoneras reporten públicamente el uso de antibióticos de forma desagregada y no tengamos que esperar años para conocer la información”, afirmó van der Meer. “Se deben crear medidas eficientes y efectivas para que la industria finalmente reduzca de manera sustancial el uso de antibióticos en su proceso productivo”, agregó.

En otra sentencia también de la Corte Suprema, se decidió acoger el recurso de queja interpuesto por la industria salmonera, respecto a otra solicitud de información de Oceana sobre uso de antibióticos entre los años 2009 y 2013. En este caso, el Tribunal consideró que los antecedentes requeridos sí son estratégicos de cada compañía, pese a que la Corte de Apelaciones había desechado ese argumento, señalando que “no es sensible en términos de afectar la actividad comercial o económica de las empresas que se han opuesto”.

“Esperamos que el fallo de la Corte Suprema que ordena transparentar el uso de antibióticos sea un aliciente para mejorar tanto las herramientas de acceso a la información pública como la fiscalización de las empresas en pos del fortalecimiento de la democracia”, señaló van der Meer. “La información que deberá revelar la industria va a demostrar que el propósito de las salmoneras de no entregar los antecedentes, se relaciona con ocultar el uso abusivo de antibióticos, más que proteger información confidencial”, finalizó van der Meer.

De acuerdo al último “Informe sobre uso de Antimicrobianos por la Salmonicultura Nacional 2016”, las compañías chilenas usaron 382 mil 500 kilos de antibióticos para producir 727 mil 812 toneladas de salmón, mientras que Noruega usó 523 kilos para producir el doble de salmones, según los últimos datos disponibles del país europeo.

La causa fue tramitada por la abogada de Oceana, Javiera Calisto y el abogado Diego Balart.