Celco, Masisa, CMPC y Anchile dejarían sin agua a comunidades humanas

Valdivia. Los parlamentarios de todas las bancadas escucharon el pasado 6 de julio la presentación y conclusiones del grupo de expertos sobre el impacto del modelo forestal sobre las cuencas hidrográficas en la Región de Los Ríos, donde advierten que el abastecimiento de agua para las comunidades humanas de la Región de Los Ríos está “en peligro” si se mantienen las condiciones de explotación de la industria forestal en la zona.

El informe de monitoreo forestal evidencia el accionar actual de las empresas forestales y otros propietarios de bosques y plantaciones en la Región de Los Ríos y es un urgente llamado de atención para toda la ciudadanía.

En el estudio se aplicó el sistema de monitoreo en dos fases, prospección aérea y posterior monitoreo terrestre, pero con una priorización de áreas de mayor interés.

El trabajo de terreno se focalizó en tres territorios: Sector Antilhue, comuna de Lanco; sector Mehuín, comuna de Mariquina y; sector Llancahue, comuna de Valdivia.

Durante el traslado aéreo entre estas áreas se recopiló información con el fin de ampliar el área de monitoreo y optimizar los recursos, abarcando las comunas de Corral, Valdivia, Mariquina, Mafil y Lanco. Se generó una base fotográfica con más de 800 fotografías digitales.

Se registraron 34 situaciones que no cumplen con la legislación vigente, de las cuales se pudo identificar 32 propietarios en base al registro de propiedad del SII (1998). De éstos, 11 situaciones se encuentran en predios de la empresa forestal Valdivia (grupo Arauco), tres en predios de la empresa forestal Tornagaleones (grupo Masisa), dos en predios de la empresa forestal Mininco (grupo CMPC), ocho en predios de la empresa forestal Anchile y ocho corresponden a predios de propietarios privados.

Según las conclusiones de los expertos “resulta preocupante que empresas forestales certificadas bajo el sello internacional FSC (Masisa y Anchile) tengan este tipo de prácticas, ya que atenta no sólo contra los ecosistemas y comunidades humanas, sino también sobre la seriedad y confiabilidad de estos sellos de certificación de buenas prácticas forestales.

Debido a las evidentes malas prácticas de empresas y propietarios privados que fueron detectadas en el MFI resulta evidente que la fiscalización de los organismos del Estado es muy débil.

La responsabilidad social de las empresas forestales no opera, así como tampoco se evidencia una gestión patrimonial acorde a los territorios donde estas empresas ejecutan sus acciones, cuestión que resulta muy preocupante dado el gran patrimonio de las empresas forestales y el escenario actual de falta de fiscalización de los organismos de Estado.

En forma complementaria, los profesionales realizaron un catastro de escasez de agua en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, evidenciando la gravedad de los problemas que está generando la actividad forestal en la población rural. Las comunas de la Región de La Araucanía más afectadas por la carencia de agua son justamente aquellas donde el modelo de desarrollo forestal tiene una mayor influencia en términos de superficie de plantaciones forestales.

En el sector norte de la Región de Los Ríos muchas de las microcuencas que abastecen de agua a las comunidades locales son de propiedad de las empresas forestales. Considerando esta situación, el impacto que producen las plantaciones forestales y su manejo sobre la calidad y cantidad de agua podrían generar un desastre de proporciones en el abastecimiento de agua para consumo humano, que deberá ser abordado por el Estado, ya que en la actualidad no existen obligaciones legales para las corporaciones privadas que generan impactos sobre pequeñas cuencas hidrográficas. Esto significa una gran inversión para abastecer de agua a las poblaciones locales, un impacto negativo sobre la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural de Chile”, concluye el elocuente documento.

Fuente: Unión del Ranco