El año pasado fue el más sangriento registrado para los activistas ambientales, según un nuevo informe mundial de Global Witness.
En 2016 al menos 200 personas murieron por su rol en la protección de tierras, bosques y ríos de la minería, la tala y los proyectos agrícolas.
Casi el 40% de las víctimas eran indígenas que se enfrentaban con intereses políticos, empresariales o criminales sobre los recursos naturales. Los manifestantes, los guardaparques, los abogados, los periodistas y el personal de las ONG están en riesgo de violencia, sin embargo la mayor parte de las víctimas son líderes indígenas que viven en áreas remotas y que a menudo se dedican a proteger sus tierras ancestrales.
El informe señala que es probable que estas cifras sean dramáticamente mayores, ya que las estadísticas sobre el tema son limitadas y a veces los asesinatos no se reportan. Además, los autores recalcan que las cifras no reflejan el elevado número de amenazas, detenciones, agresiones, agresiones sexuales, secuestros y ataques legales agresivos contra personas que defienden el medio ambiente.
Hubo más de 185 muertes reportadas en 2015, y la violencia no sólo está aumentando en número, sino que también se está extendiendo territorialmente, con 24 países que han reportado asesinatos, en comparación con los 16 de 2015.
La minería fue la industria más sangrienta de todas, seguida por la tala y los proyectos agrícolas.
«Estos informes cuentan una historia muy sombría», dijo el portavoz de Global Witness, Ben Leather, en un comunicado de prensa. «La batalla para proteger el planeta se está intensificando rápidamente y el costo se puede contar en vidas humanas. Más personas en más países se quedan sin otra opción que tomar una posición contra el robo de sus tierras o el deterioro de su entorno. Con demasiada frecuencia son silenciados brutalmente por las élites políticas y empresariales, mientras que los inversionistas que los financian no hacen nada», agrega Leather.
Brasil encabezó la lista y no por primera vez, con al menos 49 asesinatos en 2016. Honduras fue la más mortífera per capita en la última década, con la muerte de al menos 127 activistas ambientales desde 2007.
En el informe, la India aparece en una situación grave, puesto que el país ha visto 16 muertes en el último año, un aumento del 300% respecto al año anterior. Global Witness apunta a un aumento de la brutalidad policial y a la supresión estatal de activistas, ya que casi la mitad de las víctimas fueron asesinadas durante protestas públicas.
«Los gobiernos y las empresas no están abordando la principal causa de los ataques: la imposición de proyectos a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado», concluye el informe. «La protesta suele ser el único recurso que les queda a las comunidades que ejercen su derecho a una opinión sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, poniéndolos en un camino de colisión con aquellos que buscan beneficios a cualquier costo».
Por IFLScience
El Ciudadano