El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, participó esta semana en el lanzamiento del Informe Especial sobre Libertad de Expresión en Chile 2016, presentado por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y donde también estuvo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries.
La regulación a la concentración mediática, el fortalecimiento de la institucionalidad y del acceso a la información vía transparencia pública, la eliminación de la criminalización al funcionamiento de las radios comunitarias, y la eliminación de tipos penales que judicialicen a los comunicadores sociales y periodistas por difundir información, fueron algunas de las recomendaciones planteadas en el documento presentado el pasado lunes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Lanza reconoció avances en la materia, sin embargo afirmó que el escenario chileno es bastante complejo respecto de mecanismos regulatorios que garanticen el pluralismo y el ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Con relación a esto afirmó que “es necesario revisar los obstáculos para que nuevos actores ingresen a la prensa y preguntarse quiénes no están apareciendo y por qué”.
Enfatizó que la entrega de los antecedentes sobre represión política contenidas en la Comisión Valech ha sido una petición recurrente al Estado chileno en los informes anuales de la Comisión, considerando que por la falta de esos antecedentes no se ha avanzado en causas judiciales pendientes.
El representante de la CIDH detalló algunas conclusiones sobre la libertad de prensa en el país, donde se mantiene como desafío eliminar los tipos penales que judicialicen a comunicadores sociales y periodistas por difundir información en determinados contextos.
En esta línea el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Branislav Marelic, afirmó que las violaciones a los derechos humanos van variando y, por lo tanto, se hace necesario identificar los patrones y canales por donde se reproducen.
Marelic hizo hincapié en que rige un artículo en la Ley General de Telecomunicaciones que la hace muy restrictiva para el funcionamiento de las radios comunitarias que no cuentan con licencia técnica, lo que conlleva un proceso complejo de acreditar. Recalcó que “solo por difundir sin autorización se comete delito”.
Lorena Fries, en tanto, sostuvo que “las recomendaciones son una hoja de ruta para el gobierno y para el Estado de Chile. En el informe se señalan los avances sustantivos que hemos tenido como país y asimismo nos ha planteado una serie de desafíos que serán materia de estudio e incorporación de algunas de esas medidas que no alcanzamos como gobierno a llevar adelante, pero que serán incluidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos que está en plena elaboración”.
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