Según datos del Minsal, cerca de 24.000 mujeres asisten cada año a centros de salud por motivos de agresiones, y de ese grupo, sólo el año pasado, 9.000 confesaron haber sido agredidas por alguien de su entorno familiar, mientras que al menos 5.000 denunciaron que el agresor fue su actual o anterior pareja.
El reporte, publicado en el diario La Tercera, también señala que 77 embarazadas acusaron ataques de género el año pasado y que el grupo etario que más casos de violencia registró fue el de mujeres entre 25 y 34 años: 2.699 dijeron haber sido golpeadas por algún cercano.
Ante este escenario, la cartera ministerial elaboró un sistema de monitoreo que emula la «vigilancia epidemiológica» que se hace a las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, como la influenza, para detectar «brotes» y registrar casos de femicidio en el país. Así, cada vez que una mujer llegue a un servicio de urgencia público por violencia intrafamiliar, el médico tratante deberá levantar una ficha clínica a través de un sistema informático y notificar el caso de la paciente a la Seremi de Salud correspondiente.
Días después, el establecimiento de salud citará a la mujer a una «evaluación integral» y le planificará una serie de actividades, exámenes y consultas acorde a la gravedad de sus lesiones y en los casos más graves, proporcionará información a los patrullajes de Carabineros, agrega el reporte.
El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, explicó que este modelo se diferencia de los actuales mecanismos de ayuda para las agredidas, pues la mayoría de estos necesitan la denuncia de la víctima para aplicar la derivación.
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