Diputados exigen expulsión de violador de derechos humanos a la Argentina

“Chile no puede convertirse en refugio para violadores de Derechos Humanos”, dijo el pasado 21 de septiembre, el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Jorge Tarud, quien junto al también diputado PPD Tucapel Jiménez exigieron al Gobierno la inmediata expulsión del ex juez argentino Otilio Romano, quien permanece en territorio nacional mientras está siendo investigado por la justicia trasandina por cometer y encubrir 103 crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Jorge Videla Redondo, quien se mantuvo en el poder entre los años 1976 y 1983.

Romano, a quien el Departamento de Extranjería le concedió una visa de ocho meses el pasado primero de septiembre, mientras se resuelve su petición de refugio, huyó a Chile el 24 de agosto, un día antes de ser llamado a declarar por los crímenes de los que se le acusa en su tierra natal.

La demanda de los parlamentarios se suma a la ya expresada por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien el día 9 de ese mismo mes, presentó una carta al Ministro del Interior y Seguridad Pública Rodrigo Hinzpeter, para pedir explicaciones por la entrada de Romano al país. En esa fecha, el presidente del Consejo de la Magistratura argentina, Mario Fera, ya había dado orden de captura internacional para el ex fiscal de la provincia de Mendoza.

Luego de la presentación de Gutiérrez, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, emplazó al Gobierno del país vecino a hacer un trueque: Romano por Galvarino Apablaza, ex comandante de la resistencia armada a la dictadura de Augusto Pinochet (como primer hombre del Frente Patriótico Manuel Rodríguez), quien está viviendo en suelo argentino y es señalado como autor intelectual del asesinato del ideólogo del sistema político-económico del régimen militar, Jaime Guzmán Errázuriz.

A juicio de los diputados PPD, Jiménez y Tarud, la intención de intercambiar personas “es impresentable”: “Nosotros hemos declarado que Galvarino Apablaza debe concurrir a los tribunales en Chile, no tenemos duda respecto a eso, pero otra cosa es creer que todavía estamos en un estado de guerra y comencemos a hacer intercambio de presos”. El juez Mario Carroza, quien investiga el homicidio del gremialista Jaime Guzmán, también desestimó el canje propuesto por la Derecha, argumentando que luego de que Argentina le concediera refugio político al ex frentista, la extradición a Chile “es inviable”.

Los parlamentarios sostienen que con el amparo de Otilo Romano, no sólo se está contrariando la normativa internacional –a la que Chile suscribió en 1951- que prohíbe, de manera explícita, otorgar asilo a algún involucrado en violaciones a los derechos humanos, sino que además se “atenta contra el prestigio internacional de nuestro país”.

Tucapel Jiménez recordó que Argentina nos lleva la delantera en materia de derechos humanos y aclaró que “si la Justicia chilena hubiese tenido la capacidad de juzgar a jueces encubridores de crímenes de la dictadura de Pinochet, varios habrían estado ante los tribunales, partiendo por Sergio Valenzuela Patiño”, juez que extendió por 17 años la investigación del asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, padre del diputado PPD y presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) , quien en 1982 fue asesinado por agentes de la ex Central Nacional de Informaciones (CNI), división de inteligencia del régimen militar.

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CONFLICTO BILATERAL

Con este clima de malestar político por la permanencia de un colaborador de la última dictadura argentina en nuestro país, el presidente Sebastián Piñera, quien viajó a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para participar del 66º Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reunió en la tarde del miércoles 21 de septiembre, con Cristina Kirchner, primera mandataria argentina. Pero el canciller argentino, Héctor Timerman, dijo que este tema no fue materia de la conversación entre los mandatarios.

Según varios medios de prensa, el objetivo de la reunión, que se realizó al término del almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, era dar una señal de normalidad en las relaciones, luego de que la viuda de Néstor Kirchner cancelara una visita a La Moneda al tiempo que el Gobierno de Chile acogía la solicitud de asilo del ex juez Otilio Romano.

El eventual foco de conflicto fue propiciado desde la Derecha, particularmente desde la UDI, cuyos militantes pidieron la demora en los trámites de refugio del argentino mientras el Gobierno de la “Señora K” no revierta el asilo político dado a Galvarino Apablaza.

Frente a la arremetida de la UDI, el Gobierno pone paños fríos: El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, declaró que “se respetará el derecho y la tradición jurídica”, dejando en claro que “Romano no es, ni va a ser, una moneda de cambio. Esto no tiene nada que ver con el caso de Apablaza», subrayó el secretario de Estado.

En tanto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien es responsable de tomar la decisión final acerca de la negación o admisión del refugio de Romano, explicó -respecto del canje propuesto- que “cada refugio se analiza en su mérito, no puede condicionarse. No es posible, sería violar la ley y, en eso, el Gobierno siempre fue categórico”.

Por Paula Figari Rojas

El Ciudadano