El Tribunal Ambiental recibió este martes 25 de julio los alegatos de los abogados representantes de las partes involucradas en el ecocidio llamado Pascua Lama, que afecta a la región de Atacama desde los albores del año 2000.
Al tribunal ubicado en el centro de Santiago acudieron, en representación de la transnacional minera Aldo Molinari; el representante de la junta de vigilancia de la cuenca río Huasco, Felipe Velásquez; Sergio Millamán, quien defiende a la comunidad de habitantes del valle del Huasco y Yordana Mehsen, abogada del Servicio de Evaluación Ambiental.
El principal motivo de la comparecencia radica en una resolución ambiental, emanada en junio del año pasado, que amplió el límite de presencia de metales pesados en las aguas del área de influencia del río Huasco, es decir, las cuencas de los ríos Tránsito, Chollay, Estrecho y Del Toro.
Frente a los registros que ilustran 167 alertas ambientales producto de la contaminación de las aguas por metales pesados, los argumentos de una “tendencia natural al incremento de parámetros” de parte de la minera fueron rebatidos por los abogados de la comunidad mediante un recurso de reclamación que busca declarar la ilegalidad de la resolución ambiental y rechazar la resolución unánime del comité de ministros que autorizó el reinicio de faenas de Pascua Lama.
Falencias técnicas y metodológicas
De derecha a izquierda: Aldo Molinari, Sergio Millamán y Felipe Velázquez
Pascua Lama fue calificado ambientalmente favorable en abril de 2001. Tres años después, la empresa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto “Modificaciones proyecto Pascua Lama”, el que fue calificado favorablemente el 15 de febrero de 2006, rectificado luego con la resolución N°094, que modificó lo dispuesto respecto de la variable ‘calidad de aguas en el Río Estrecho’, aumentando los límites de metales pesados en el río -como el arsénico y magnesio altamente detectados en los monitoreos realizados entre 2009 y 2013-, poniendo en grave riesgo la salud de las poblaciones aledañas.
Producto de ello, las y los habitantes de la provincia del Huasco, y en especial de la comuna de Alto del Carmen, vienen reclamando por la irrupción del proyecto minero que amenaza la vida de los habitantes del valle. A pesar de generar estudios alternativos a los presentados por la transnacional, que refutan la inocuidad de sus trabajos, los gobiernos de turno han hecho caso omiso de las reclamaciones populares.
Frente a este hecho, la Comunidad Diaguita Patay Co -junto a 33 personas naturales y la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco- reclamaron, lo cual fue rechazado por un Comité conformado por los Ministros de Economía, Minería, Salud, Medio Ambiente y Agricultura. La razón de los representantes del poder ejecutivo es que ni la junta de vigilancia ni las comunidades eran afectados y el cambio a las variables ambientales no generarían impactos adversos significativos.
Tras ello, la vocera de la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, Constanza San Juan, afirmó: “Volvemos a ratificar como el Gobierno y la empresa están totalmente compenetrados. Lamentablemente vemos como se sigue defendiendo una resolución que permite contaminar al valle del Huasco y matar a las personas de manera silenciosa. Es un acto criminal porque están permitiendo que se afecte nuestra salud y todos los ecosistemas del valle.
Por protocolo, el Estado debería tener la certeza de no hacer sufrir afectaciones en las comunidades o, al menos, debía de acreditarlo, lo cual tampoco se realizó. Asimismo, nunca se han cumplido los deberes de consulta, constituyendo una grave ilegalidad ante los ojos de cualquier jurista.
Abogada Yordana Mehsen
Sin embargo, Yordana Mehsen, abogada representante del Servicio de Evaluación Ambiental afirmó que “la desconfianza hacia los antecedentes del titular -que han sido concluyentes para el servicio en torno a la calidad de las aguas asimismo de los inicios de construcción- haría que se retrocediera en el tiempo y eso no es posible”.
El papel todo lo aguanta
Desde la Compañía Nevada SPA (disfraz de Barrick Gold para litigar) primero se habló de la influencia del fenómeno del Niño y luego, se pasó a echarle la culpa a los procesos de sequía para la extensión de los parámetros de toxicidad de las aguas. Ahora, se niega la legitimidad de los reclamantes -pues afirman no participaron del proceso de revisión no obstante tuvieron la posibilidad de hacerlo-, que carecen de fundamentación suficiente y, además, no se encuentran habitando dentro del área de influencia directa del proyecto.
Sin embargo, el abogado Millamán señaló que tienen la esperanza de haber sido lo suficientemente convincentes para demostrar que el proceso que autorizó la modificación de la resolución ambiental del proyecto Pascua Lama adoleció de muchos vicios. Por ejemplo, no se respetó el derecho a consulta de los pueblos indígenas y se descartaron las afectaciones en salud a la comunidad. “Hemos defendido nuestros argumentos y esperamos sea suficiente para que el tribunal ambiental acoja nuestras reclamaciones. De lo contrario, seguiremos recurriendo a las instancias procesales que correspondan , hasta lograr que se aplique el derecho y prime el interés de las comunidades, el bienestar de las personas y la protección del valle del Huasco por sobre el funcionamiento de un proyecto transnacional que nunca ha sido bienvenido”
Muchas preguntas de lo servicios técnicos – DGA y Seremia- no fueron contestadas y peor aún, ésta resolución fue aprobada de forma muy rápida, el mismo 2 de junio de 2016, fecha en que en las obras de Pascua Lama se estaban rompiendo las plantas de tratamiento por avalanchas producto de las fuertes lluvias que afectaron la zona. De acuerdo a estos antecedentes, se puede entender que se sabía tendrían problemas de contaminación y apuraron los procesos de validación.
“Existe una guía de drenaje ácido hecho por las mismas mineras. En ella se afirma que al remover tierra y luego ocurrir una lluvia o nevazón, este cóctel de metales pesados escurre. Es decir, el daño no comienza con las grandes obras, sólo con la creación de caminos ya están contaminando, lo cual ocurrió mucho antes del supuesto inicio de obras. Nuestros estudios demuestran que la afectación empieza el año 2006 en adelante, con peaks gigantes. Acá nos están tratando de hacer tontos. Aquí se está contaminando en silencio. Antes lo límites eran un promedio, lo que hoy se hizo fue extender los registros de calidad del río y el límite es el máximo histórico de ese elemento”, denuncia la vocera San Juan.
Mientras los jueces ambientales analicen los informes entregados por los abogados que buscan anular la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que concretó el acuerdo de los ministros, los umbrales de alerta de la captación de agua superficial seguirán sin poseer los elementos técnicos para remediar los indicadores de calidad. El manejo de las aguas continuará siendo inadecuado para contener las aguas de contacto además de que sin autorizaciones ni estudios se seguirán interviniendo las cuencas de los ríos. En los pueblos del valle, los casos de cáncer o problemas con los embarazos irán en aumento, al igual que la ira contenida en diez años de lucha de las comunidades de la región de Atacama.
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