Con una votación unánime fue aprobado el proyecto gasífero Terminal Marítimo GNL Talcahuano durante la Comisión Evaluadora Regional realizada durante esta tarde en la Intendencia. La reunión se caracterizó por la ausencia de cuatro de los miembros titulares de las Seremías; la inhabilitación del Seremi de Transportes, César Arriagada Lira; la expulsión de las representantes de la Coordinadora Chorera tras increpar al Director Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental; y la fuerte represión en contra de los manifestantes de distintas agrupaciones sociales y medioambientales opositoras al proyecto que se encontraban afuera del edificio estatal.
Michelle Donoso, de la Coordinadora Chorera, relata cómo fue su expulsión momentos antes de la votación: «cuando se nos dio la oportunidad de exponer, nos manifestamos contra el proyecto por las ausencias que no nos dan seguridad en absoluto, por lo que pedimos a que la empresa se refiriera respecto a aquellos aspectos. Luego se llevó a cabo la presentación del SEA refiriéndose tan solo a la construcción del proyecto y no a los impactos de esta etapa como a la de operación para nosotros como pobladores y para la flora y fauna de los sectores aledaños (…) terminada su presentación les increpamos pues no respondían a las inquietudes que presentamos, entonces fuimos desalojadas de la Intendencia, las tres representantes de la coordinadora, por carabineros». Y agregó que «queda de manifiesto no que no tiene cabida las consideraciones de quienes somos pobladores, pues éramos los únicos que estaban ahí; y que continúan perpetrando la relación entre política y negocios».
Ante las irregularidades del proceso de evaluación del Terminal Marítimo, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), se mostró crítico al actuar del gobierno en los últimos meses que les quedan de administración, haciendo referencia a la falta de concesión marítima del proyecto, las consecuencias sobre la pesca artesanal y el fraccionamiento del proyecto, por lo que enviará los antecedentes a la Superintendencia de Medioambiente para evaluar las acciones a seguir con el fin de aclarar los puntos faltantes.
Frente a los cuestionamientos sobre los impactos en la flora, fauna y la comunidad realizados a GNL Talcahuano, Cristian Cifuentes, director regional subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental, declaró que «los aspectos ya fueron evaluados y constan en los expedientes del proyecto, (…) en el cual se evaluaron en cuanto a la significancia de los impactos y cuales fueron las medidas que se propusieron de mitigación, compensación o reparación en el caso de que fuera necesario. (Y que) respecto al fraccionamiento, no es materia a evaluar por el Servicio de Evaluación Ambiental ni por la Comisión de Evaluación». En cuanto a la posible instalación del proyecto GNL Penco-Lirquén señaló que no habría problema de que un segundo gaseoducto estuviera en la bahía de Concepción ya que «la legislación vigente lo contempla».
De la misma forma el abogado de la empresa titular, Inversiones GNL Talcahuano S.p.A, Waldo Ortega Jarpa, defendió la aprobación aduciendo que «estamos en un régimen democrático» y que «hemos cumplido el cuerpo normativo y tenemos autorización y eso es lo importante; aquí hay una ley y una norma y cumplimos». Además se refirió a los opositores del terminal diciendo que «creemos que la discrepancia es lógica pero, llegado su tiempo, nos haremos cargo de algunas opiniones que, nosotros creemos, están fuera de contexto».
El 5 de agosto será la fecha tope para emitir la Resolución de Calificación Ambiental, luego de ello el titular tendrá cinco años para realizar la primera actividad relacionada con el proyecto.
Se ha denunciado que GNL Talcahuano sería la primera etapa de una serie mayor de inversiones portuarias en la bahía, las que se incluyen en la denominada «Plataforma Logística del Biobío». Para este mega-proyecto, «la autoridad ha normado para el sector una clasificación de usos de suelos que aseguran en el tiempo el desarrollo de actividades concordantes», tal y como se indica en la su página institucional, a las más de 900 hectáreas que actualmente son de propiedad de ASMAR y de la Inmobiliaria Parque Andalué, lo que supondría una intervención destructiva en el Humedal Rocuant Andalién, más allá de solo la instalación del gaseoducto
El terminal GNL Talcahuano se encuentra asociado a la central termoeléctrica Tierra Noble en la comuna de Cabrero. Mientras el principal accionista del terminal marítimo es el fondo estadounidense Stonepeak, el proyecto de central Tierra Noble es desarrollado por Global Power Generation GPG, filial de la multinacional española Gas Natural Fenosa, que actualmente es la propietaria mayoritaria de CGE.
Esta nueva articulación del negocio energético de los combustibles fósiles incrementaría las emisiones de gases de efecto invernadero tanto en la Región del Bio-Bio como en las zonas desde donde se extraerá y transportará este combustible. Además, el aumento de la oferta de gas disponible incrementaría la capacidad de operación de la infraestructura industrial-extractivista local, su mercado exportador asociado y sus impactos socioambientales.