A través de un oficio emitido el 20 de julio de 2017 por el diputado Lautaro Carmona (PC) al ministro del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández, y al director general de Carabineros, Bruno Villalobos, se solicitó la baja del sargento primero Marco Guerrero Martínez, funcionario responsable del asesinato del trabajador Nelson Quichillao López.
Nelson Quichillao fue asesinado por Fuerzas Especiales de Carabineros el 24 de julio de 2015, en el contexto de una movilización en la División El Salvador de Codelco, donde la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) buscaba la renovación, ampliación y mejoramiento del Acuerdo Marco, que establece diversos beneficios sociales y salariales, que los trabajadores subcontratistas y sus familias poseen desde 2007, con renovaciones en 2009, 2011 y 2013.
Lautaro Carmona, en el oficio señalado, resalta que “me parece increíble e incluso indignante de esta situación es que el suboficial de Carabineros, que ha sido señalado como responsable de haber percutado el arma y disparado la bala que le quitó la vida a Quichillao, sigue en servicio activo, sin haber recaído sobre él sanciones de público conocimiento. Además, en estos hechos que he denunciado desde que ocurrieron, hubo un actuar de Carabineros con uso desmedido de fuerza, donde también fueron heridos tres trabajadores más”.
Nelson Quichillao
Además, recalcó que “otra agravante contra el Sargento Guerrero es que en el 2013 fue denunciado por el entonces Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Federico Santa María, Jorge Brito, luego de ser detenido en una manifestación pacífica”.
El parlamentario comunista participó en el homenaje a Nelson Quichillao, que se realizó en Diego de Almagro y El Salvador los días 21 y 22 de julio. En la oportunidad Carmona expresó que “me parece impresentable que a dos años, ni el sumario interno de Carabineros ni el poder judicial a través de la Fiscalía, hayan concluido, determinado y hecho pagar su responsabilidad en función de la justicia a quien tiene la responsabilidad de haber disparado en forma criminal contra él”.
El presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Manuel Ahumada, señaló ante la solicitud del parlamentario que es “la Fiscalía en dos años ni siquiera ha realizado una formalización para que se inicie el juicio. Es sumamente pertinente que la Institución de Carabineros ejerza sus labores administrativas, investigativas y que realice las sanciones que corresponden, para que este funcionario efectivamente no esté cumpliendo funciones policiales. Dicho sea de paso, con la denuncia que tiene Guerrero en Fiscalía Militar, de tortura hacia un estudiante, claramente no es un funcionario que está en sus cincos sentidos para ejercer una labor tan importante como es la labor policial”.
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