El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas examinó los pasados 5 y 6 de julio el cumplimiento que hace Honduras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ayer publicó las conclusiones de esa evaluación.
Los expertos expresan su preocupación “por el hecho de que toda interrupción voluntaria del embarazo es ilegal e incurre en penas de hasta diez años de prisión, con el resultado de una alta tasa de mortalidad debido a abortos inseguros”.
El Comité denuncia “la prohibición absoluta de anticonceptivos de emergencia, incluso en los casos de violación e incesto; y las altas tasas de embarazo adolescente no deseado”.
Ante esta realidad, el Comité sugiere a Honduras “modificar con carácter urgente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pudieran poner en peligro sus vidas y salud.”
“En este sentido, el Estado parte debería asegurar el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto”.
Por otra parte, los expertos se lamentan de las “extremadamente altas tasas de homicidio” y “del reclutamiento de niños por parte de las bandas criminales o maras”. Pero al mismo tiempo le preocupa la respuesta militarizada deHonduras y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Finalmente, el Comité dice estar “extremadamente preocupado” por los actos de violencia e intimidación y las persistentes elevadas tasas de asesinato de las que son víctimas los defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas medioambientales, indígenas y LGBTI, entre otros.
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