La megaindustria forestal chilena y el territorio Mapuche

La lucha del Pueblo Mapuche organizado representa un gran estorbo en el proceso de acumulación de riqueza que lleva a cabo la Megaindustria Forestal chilena y los grandes grupos económicos. Sin embargo, la vida en comunidad, entre presiones, amenazas, torturas, sobornos y corrupción, sigue latente día a día

“Las mentiras acuchillaron los papeles y se infectaron las heridas de la historia un tibio viento de cementerio te refresca mientras de la nube de plata estallan explosiones eléctricas llueven indios en lanza lluvia negra color venganza”
David Aniñir

1.- Una Realidad Filtrada

En un país como Chile, donde la riqueza esta totalmente concentrada, la alianza del poder político y el poder económico desliza propaganda ideológica de un modo más subrepticio que en regimenes dictatoriales. Esta propaganda, estatal y de la elite empresarial, oculta entre los cientos de pliegues del contructo informativo y simbólico de los grandes medios de comunicación cubre toda la población, generando consecuencias axiológicas e ideológicas muy claras en la sociedad.

En otras palabras, los medios de comunicación masivos crean una atmósfera de signos y mensajes que incide en la cosmovisión y concepción de nociones de, por ejemplo, “Progreso” o “Desarrollo”. De esta forma la gran opinión pública aprueba, con casi nula información, las actividades de sectores económicos como el Forestal que practican por años una lógica de extrema acumulación en base a la apropiación de rentas, acumulación de capital financiero, insignificante pago de impuestos y prácticamente nulo aporte al empleo nacional (Claude, 2006).

Por ello, dentro de un contexto estratégico de control sobre las definiciones de realidad, es muy bajo el porcentaje del país que conoce las gravísimas implicancias ecológicas y etnocidas de la Megaindustria Forestal Chilena. Esto, dentro de un clima de silenciamiento y, constante, criminalización de toda disidencia, en este caso, la Mapuche (Gonzáles, Mella y Lillo, 2007; Bengoa, 2007).

La evidencia histórica demuestra que las grandes forestales chilenas, tras las cortinas de la democracia, actúan como verdaderos poderes fácticos, obteniendo un extremo proteccionismo del Estado chileno en medio de una red política de poder absolutamente corrompida, el que incluso le ha entregado a estas empresas sendos beneficios a través de bonificaciones y subsidios, aumentando su enorme patrimonio económico a costa del territorio mapuche (Seguel, 2003).

DECRETO LEY 701:  EL INJERTO ETNOCIDA

En 1974 entra en vigencia el Decreto Ley 701 para incentivar la explotación forestal de las regiones del centro-sur del país teniendo como base una serie de incentivos y “generosos” subsidios al sector privado. Este Decreto actuó bonificando el 75% de los costos de plantación, manejo y de administración, además de eliminar la tributación. El abaratamiento de la mano de obra y las economías de escala permitieron a las grandes empresas forestales cubrir casi la totalidad de los costos de plantación con el subsidio (González, 2002). Hay que aclarar que este Decreto llego en realidad a subvencionar hasta el 90% en algunos casos.

El Estado también contribuyó a concentrar la propiedad de las tierras y plantaciones forestales, mediante la privatización de las tierras fiscales y de empresas estatales a precios muy bajos (Quiroga y Van Hauwermeiren, 1996) además de considerables extensiones de tierras indígenas que fueron totalmente “usurpadas” (Aylwin, 2001).

En 1999, con 1,3 millones de hectáreas plantadas, principalmente con pino y eucalipto, se proyectaba una expansión de las plantaciones para los siguientes 20 años a otras 2,9 millones de hectáreas entre la VI y X regiones, considerando terrenos de praderas con condiciones ambientales favorables, independientemente de la propiedad (CONAMA, 2000).

En el 2001 ya se habían superado los 2 millones de hectáreas, y a diciembre de 2008 ya iban sobre los 2.300 millones de hectáreas plantadas, el 63,4% con Pino Radiata y el 28,7% con eucalipto (INFOR, 2011).

Para el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Declaración Pública OLCA y Otros, 2009), el Decreto Ley 701 es el principal instrumento de un modelo forestal que ha contribuido a una apropiación injusta y desproporcionada de la tierra, que se ha expandido sustituyendo bosque nativo y ocupando suelos agrícolas de buena calidad para dejarlos inutilizables, además de propiciar la ocupación de territorios del Pueblo Mapuche, dejándolo en manos de dos grandes grupos económicos: El grupo Matte (CMPC) y el grupo Angelini (Bosques Arauco).

El crecimiento y desarrollo de la industria forestal se ha verificado en directa relación con la ocupación y depredación del territorio Mapuche, toda vez que el proceso iniciado durante la dictadura militar a ha continuado imparable durante los gobiernos actuales y no existe ningún indicio de que esto vaya a cambiar (Gomez Leyton, 2009). Por el contrario, el 03 de enero de 2011 se publica la prorroga por dos años del Decreto Ley 701 y por tanto de la entrega de bonificaciones e incentivos a la forestación de monocultivos. Hay que señalar que la prorroga a este Decreto Ley, en su etapa de proyecto, tergiversó totalmente la “consulta previa” a los pueblos indígenas afectados, procedimiento que es obligatorio por expreso mandato del Convenio Nº 169 de la OIT, el que es vinculante y autoejecutable para el ordenamiento jurídico chileno.

El proceso de “consulta” fue definido unilateralmente por la SEGPRES, aplicando y adaptando procedimientos del irregular Decreto 124 de MIDEPLAN introduciendo nuevas distorsiones procesales y suplantaciones. Eludió totalmente la consulta a comunidades y organizaciones del Pueblo Mapuche, como lo dispone el Convenio Nº 169, recurriendo al subterfugio de “consultar vía e-mail” al consejo de la CONADI, atribuyendo a éste la representación de los Pueblos Indígenas afectados. Un ataque a la esencia de este Convenio.

A partir de la lógica del Decreto Ley 701 Seguel (2003) se hace las siguientes preguntas: ¿Querrá la gente que parte de sus impuestos y contribuciones vayan a parar a los gastos de producción de las grandes empresas forestales y por ende a los grupos familiares más ricos de chile? ¿Querrá (…) que sus dineros contribuyan a aumentar el daño ambiental y los conflictos territoriales con comunidades Mapuche como consecuencia de la expansión forestal? ¿Querrá la gente, aquellos que día a día se esfuerzan en sus trabajos para obtener un ingreso digno, en ser cómplices en el aumento del desempleo, la pobreza y del deterioro social y cultural al Pueblo Mapuche?, si lo supieran, si tuvieran los antecedentes, lo más lógico sería que no, quizás hasta se resistirían, pero se les mantiene engañados, nunca lo han sabido.

DEL NEGOCIO FORESTAL AL DESASTRE SOCIAL

La elite político-económica chilena, junto a los grandes medios de comunicación, han creado por años un poderoso y exitoso sistema de conformidad inducida hacia la creencia en el “milagro del mercado”. Sin embargo, la ciudadanía debe saber que las empresas forestales no cumplen con el papel de impulsoras del desarrollo, por el contrario, son protagonistas de conflictos con comunidades Mapuche de importantes repercusiones, no solo locales sino nacionales (Catalán, 2007) y la tributación al país es mínima (Claude, 2006). La generación de empleo, que aparece ante la opinión pública como el gran aporte al desarrollo nacional, es totalmente falsa. La propia Dirección del Trabajo de la VIII Región señaló que en Chile hay más de 133 mil trabajadores forestales, de ellos, solo entre el 25 y 30% tiene contrato permanente; el 82% se encuentra bajo la línea de la pobreza y la subcontratación ha dificultado la generación de derechos colectivos. Entidades internacionales como el WRM catalogan a Chile como “los esclavos modernos del boom forestal”. Es un escándalo.

Si uno toma un mapa y cruza las localidades con mayor índice de pobreza e indigencia, de desempleo, de emigración, de sequía y los relaciona con las zonas de concentración forestal, existiría una abrumadora coincidencia (Seguel, 2011). En 1998 las Regiones VIII y IX presentaban las peores condiciones de distribución del ingreso en Chile. El panorama no ha cambiado. Más aun, estas dos regiones, que concentran las mayores superficies de plantaciones de especies exóticas, con el 56,5% de las plantaciones del país (INFOR, 2011), son también las que poseen los niveles más altos de pobreza.

Por último, la VIII Región posee el porcentaje de población rural indigente más alto de Chile (Ministerio de Planificación, CASEN 2009). Aunque no se pueden atribuir los problemas señalados exclusivamente al sector forestal, los datos expuestos demuestran que éste no ha contribuido a mejorar la situación socioeconómica de los habitantes de estas regiones, ni siquiera a nivel rural, y su contribución a mejorar esta situación a nivel país queda en duda al constatar que Chile posee una de las peores distribuciones del ingreso del planeta. Lamentable y escondida realidad que al contrastarla con las desvergonzadas utilidades de las empresas forestales nos vemos envueltos por el “Phatos de la indignación”.

Las exportaciones del sector forestal para el año 2009 alcanzan los US$ 4.162,3 Millones, para el 2010 suben a US$ 4.955,5 Millones. Solo en mayo de 2011 las exportaciones forestales llegaron a US$ 533,0 Millones, con lo que el total alcanzado hasta ese mes llega a más de US$ 2.471 Millones. Esta cifra representa un incremento del 57,7% respecto de los 5 primeros meses de 2010. ¿Buenas noticias para el bienestar social del país? Es iluso pensarlo. ¿Para el Pueblo Mapuche? Un silente etnocidio.

Los principales responsables de esta infamia de “progreso” son los sospechosos de siempre: El grupo Matte con CMPC y el grupo Angelini con Bosques Arauco.

La utilidad de CMPC en el año 2010 alcanzo los US$ 640 Millones, monto que representa un incremento de 139% con respecto a los US$ 268 Millones registrados durante el año 2009 (Memoria anual CMPC, 2010). Por su parte, las utilidades de Bosques Arauco durante 2010 alcanzaron los US$ 701 Millones, un 130,1% mayor que el año 2009 (Arauco. Reporte Corporativo de Sustentabilidad, 2010). El negocio familiar va bien.

LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA “POLÍTICA” MAPUCHE

“…Ahí me dijeron que tenía que colaborar, pero les dije que no sabía nada y ahí me empezaron a pegar… Me colgaron del puente (del lago Lanalhue, de los pies, boca abajo, por un lapso de media hora) y me dijeron que hablara y yo le dije que no tenía que hablar nada, si no sabía nada. Ahí me dijeron “queri morir… vai a hablar o no”… llegó uno, sacó la escopeta y la cargó. Ahí me puse a llorar, ahí me torturaron. Después en Cañete me hicieron firmar hojas y yo les dije ¿puedo leerlas? No; me dijeron, tu no podí leer nada, te vay pa´ la casa altiro. Ahí tenía 17 años.» Rodrigo Viliñur. Juicio de Cañete.

Hay que recordar que la ley 18.314 sobre conductas terroristas entra en vigencia en 1984, en plena dictadura militar, para “criminalizar” las acciones de protesta en contra del régimen de Pinochet, especialmente las acciones realizadas por grupos organizados que consideraban totalmente ilegitimo el poder surgido a partir del golpe militar y su mantenimiento a través de “el peso de la noche”.

A principios del 2000 sale a escena nuevamente la “ley antiterrorista”, esta vez para “criminalizar” las acciones de protesta social y las reivindicaciones territoriales llevadas a cabo por comunidades del Pueblo Mapuche. ¿Quiénes son los nuevos terroristas?

Para Myrna Villegas (2007), el terrorista en Chile es aquel que por su acción de resistencia obstruye el proceso de acumulación de la riqueza. Por ello, para Michael Barbut (2011) la reivindicación y la ocupación de tierras, donde se encuentran plantaciones forestales realizando anualmente beneficios descomunales, aparecen como terrorismo. En la ley chilena los delitos de terrorismo son delitos comunes que adquieren este carácter debido a las motivaciones que presiden a su realización. Una motivación política.

Una acción política se pude definir como un conjunto de actos dotados de sentido y significación política, o sea relacionados con la conquista y el ejercicio del poder, para la construcción de un orden social deseable según la idea de quienes la realizan. La lucha y resistencia Mapuche tiene significación política debido a que la conquista y el ejercicio del poder tienen relación con un “control territorial” mínimo como para subsistir como cultura y sustentar un proyecto político propio. Control, que el Estado, la elite empresarial y los medios de comunicación no cesan en estigmatizar y que sin embargo remite al artículo 7 del Convenio169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile, el cual señala que “los pueblos originarios deberán tener el derecho de decidir de sus prioridades en materia de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ellos ocupan o utilizan y controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

Ahora ¿Por qué el Estado Chileno Criminaliza la lucha política Mapuche violando una serie de tratados internacionales? Porque el Pueblo Mapuche, al defender su cultura y estilo de producción se opone a una forma de vida, se opone a un régimen económico y social establecido, al orden social y jurídico de los sectores dominantes en la sociedad chilena. En el conflicto Mapuche es “lo permanente” y no “lo accidental” lo que puede perder la elite económica: la propiedad privada (Villegas, 2000). La lucha del Pueblo Mapuche organizado representa un gran estorbo en el proceso de acumulación de riqueza que lleva a cabo la Megaindustria Forestal chilena y los grandes grupos económicos. Sin embargo, la vida en comunidad, entre presiones, amenazas, torturas, sobornos y corrupción, sigue latente día a día.

Por Eduardo Mondaca M.

Licenciado en Ciencias Políticas

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