Sorpresa provocó este lunes en la comisión parlamentaria que indaga el fraude en Carabineros la exposición del ex oficial Gerardo González Theodor, quien dirigió la Inspectoría General de la policía uniformada en 2012.
Retirado ese mismo año como coletazo de una investigación periodística de CIPER Chile, que involucró al general en supuestas compras irregulares al interior del Departamento de Telecomunicaciones e Información (TIC), González llegó al ex Congreso de Santiago con un documento escrito para guiar sus dichos.
La ex autoridad policial afirmó que pese a la existencia de controles, dos oficiales de Intendencia imputados hoy por la Fiscalía -producto de la malversación más grande de la historia, que ya suma $25.500 millones- lograron «desviar el foco» de las auditorias realizadas en su período.
Sin embargo, esta no fue la única explicación que entregó a los diputados respecto a la no detección temprana del robo, donde también se cuestiona el papel que jugó el actual general director Bruno Villalobos Krumm como ex jefe de Inteligencia.
En un férreo ataque al trabajo realizado por el portal digital que lo denunció, y que en su momento llevó a la instrucción de procesos administrativos y penales que siguen abiertos, González teorizó que los reportajes del TIC sirvieron para «obstruir» la implementación de un sistema de control financiero (ERP) que habría alertado sobre la fuga de recursos.
Esta aseveración llevó a los congresistas a preguntar más detalles. Fue así que el diputado Osvaldo Andrade insistió en que González aclarara si hubo presión de autoridades políticas para frenar el ERP, a lo que éste manifestó que solo existieron «juicios a priori» de algunos políticos que exigieron la intervención de la Contraloría por la acusación que levantó el medio contra el proveedor del software.
Ante la pregunta de si estimaba posible que algunos funcionarios involucrados en el fraude hubieran servido, en esos años, como fuentes de CIPER Chile, González dijo no descartar «ninguna hipótesis».
Pero no fue la única reacción de los miembros de la Comisión. Apartándose de la ofensiva del ex uniformado contra el centro de investigación dirigido por Mónica González, el diputado Pedro Browne comentó que sin la prensa, incluso cuando puede haber imprecisiones al informar, situaciones ilícitas que son desconocidas por la comunidad seguirían ocurriendo.
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez pidió esclarecer, mediante un oficio, la cantidad de investigaciones judiciales relacionadas con el caso TIC.
ALERTA DE LA UAF
En la sesión también declararon los ex generales inspectores Eduardo Vera Altamirano (2007-2011) y Jorge Rojas Langer (2014), este último mencionado en otra investigación de CIPER Chile relacionada con el proceso de compra de 29 jeeps blindados a la empresa Gildemeister S.A. que tenían graves deficiencias de seguridad.
Un momento de tensión se vivió cuando el diputado Leonardo Soto demandó relatar las medidas adoptadas con posterioridad a la alerta bancaria emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2011, que detectó operaciones sospechosas efectuadas por el ex jefe de gabinete de la Dirección de Finanzas, el coronel (r) Arnoldo Riveros.
«Me siento igual de engañado que el personal en servicio activo», dijo el ex general Rojas.
En tanto, el ex general Vera, quien estuvo a cargo de la Inspectoría General cuando sucedió el reporte, negó haber conocido algún antecedente sobre la materia. Asimismo, ilustrado respecto a la intervención de la Dirección de Inteligencia en el caso omitió declarar asuntos vinculados a otra repartición.
Cabe señalar que el informe de la UAF de 2011 motivó la apertura de una causa penal a cargo del fiscal José Morales, quien la archivó tras obtener un documento firmado por el ex oficial de inteligencia Gonzalo Alveal Antonucci. En él se descartaron irregularidades con la sola versión del general Flavio Echeverría, quien cumple prisión preventiva desde marzo de este año por su rol en el fraude.
En ese entonces Alveal, quien este lunes apareció en la comisión del «Pacogate» como público, era subalterno del hoy director de Fronteras y Servicios Especializados, general Hugo Insulza Daneri. Al mismo tiempo, éste dependía del general Bruno Villalobos Krumm, máxima cabeza de la institución desde agosto de 2015.